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Bajo la temática “Humanismo y derecho penal” se llevó a cabo el XI Seminario Conjunto de Derecho Penal, organizado por las Escuelas de Derecho de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (Cifde) de la UV.

El encuentro se llevó a cabo en dos jornadas en el aula magna Victorio Pescio Vargas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y estuvo encabezado por el presidente del departamento de Ciencias Penales de la UV, José Luis Guzmán, y el jefe del departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la PUCV, Guillermo Oliver, ambas unidades organizadoras del seminario. Además, asistieron académicos y estudiantes de ambas universidades, abogados e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida de la actividad fueron entregadas por el profesor y director del Cifde, Luis Villavicencio, quien agradeció y valoró la instancia.

Conferencias y exposiciones

La conferencia inaugural fue dictada por el profesor José Luis Guzmán y versó sobre el tema “El humanismo: trayectoria, principios y resonancia penal de una tendencia espiritual”.

Posteriormente se dio inicio a la primera mesa de exposiciones, en la cual participaron el profesor de la UV Andrés Benavides, quien presentó la ponencia "Una mirada concreta del humanismo penal actual"; la académica de la PUCV Andrea Pinto, quien expuso "Penas y vergüenza: juicio crítico a la aflictividad de las penas sustitutivas contenidas en la Ley 18.216"; y la profesora de la UV y UNAB Rocío Sánchez, quien expuso el tema "¿Es compatible el cumplimiento de penas privativas de libertad por mujeres embarazadas con el principio de humanidad de las penas? Una aproximación desde la realidad chilena". La instancia fue moderada por la profesora de la UV Marcela Aedo.

La segunda y última jornada se inició con la segunda mesa de exposiciones, en la que participaron el profesor de la UV Diego González, quien expuso "Culpabilidad y personalidad de la responsabilidad penal: algunas consideraciones conceptuales"; el académico de la PUCV Gonzalo Agliati, quien presentó "Populismo punitivo y humanismo penal a partir de algunas reformas legislativas recientes"; y la profesora de la PUCV y UV Agustina Alvarado, cuya ponencia fue "Sentido y alcance de la legitimación para pedir la exclusión de prueba por ilicitud (standing) desde una perspectiva humanista".

La conferencia de clausura se tituló “El principio de humanidad y la inexigibilidad de otra conducta” y fue dictada por el invitado especial de la jornada, el profesor de la Universidad Católica del Uruguay Gastón Cháves Hontou.

Para finalizar la actividad, entregó las palabras de cierre la profesora de la PUCV y presidenta del Instituto de Ciencias Penales, Laura Mayer.

El Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV es una actividad que se ha consolidado como una actividad de extensión académica de alto nivel y que ya se ha convertido en una tradición. Su objetivo es presentar y discutir con la comunidad jurídica de la Región de Valparaíso las investigaciones y estudios que realizan los profesores, doctorandos y ayudantes del área penal de las principales y más antiguas universidades y escuelas de Derecho de la Región, además de tratar con el público reformas legales y temas de especial actualidad o importancia.

El registro del XI Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV se puede revisar en https://cutt.ly/vwumoILD/.

Segundo día: https://cutt.ly/uwumpgrO/.

Actividad fue organizada por la Escuela de Derecho de la UV y el Colegio de Abogados de Valparaíso.

Especialistas en la materia se dieron cita en el seminario “Ley 21.643 (Ley Karin): una mirada desde la prevención, compliance y responsabilidad civil”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso —a través del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social— y el Colegio de Abogados de Valparaíso.

En la instancia expusieron Matías Rodríguez, profesor y presidente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV; Pamela Prado, académica del departamento de Derecho Civil de la UV, y Matías Valencia, jefe de compliance en Sodimac, y encargado de prevención de delitos en Imperial. La actividad fue moderada por Fabiola Lorenzini, consejera del Colegio de Abogados de Valparaíso.

En primer lugar, el profesor Matías Rodríguez expuso sobre los aspectos fundamentales de la Ley Karin, poniendo énfasis en el modelo de prevención, el cambio en materia de investigaciones y los cambios en materia de definiciones sustantivas.

Por su parte, la académica Pamela Prado hizo referencia al cambio del concepto del acoso laboral y los problemas que observa en materia de violencia en el trabajo. Además, hizo un análisis de responsabilidad civil y las reacciones que tiene el Derecho en relación a afectaciones de intereses extrapatrimoniales y derechos fundamentales.

Finalmente, Matías Leal explicó en su presentación la forma en que implementan la Ley Karin en términos de modelo de prevención y compliance, en las empresas en que se desempeña, Sodimac e Imperial.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla

Actividad fue llevada a cabo en el marco de la ejecución del proyecto Fondecyt Regular N°1220592, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Con éxito se llevó a cabo el conversatorio “Chile ante la regularización del mercado de cannabis”, organizado por el Departamento de Derecho Público en el marco de la ejecución del proyecto Fondecyt Regular N°1220592 financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, titulado “Una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile”, cuyo investigador principal es José Ángel Fernández, profesor de la Universidad Austral de Chile, y sus coinvstigadores son Juan Carlos Ferrada, académico de la Universidad de Valparaíso, y Hugo Osorio, profesor de la Universidad Austral de Chile.

La instancia fue moderada por el profesor Juan Carlos Ferrada, y en ella expusieron José Ángel Fernández (profesor UACh) y Mijail Villagra, académico de Economía de la UAI y la Universidad Central y director de Estudios de la Fundación Eutopía. Comentaron las ponencias Hernán Ocaz, abogado de “Santiago Verde”; Sandra Ovando, abogada del Ministerio Público, y Samuel Briceño, secretario de la Federación de Estudiantes de la UV.

Para contextualizar la actividad, el profesor Juan Carlos Ferrada explicó que “la cuestión central que planteamos en este proyecto no es la discusión sobre si legalización o no legalización, ya que entendemos que ese es un tema de política pública que no admite mucha discusión. La discusión que se ha planteado, y la que se está planteando en otros países, es cómo se tiene que incorporar o cómo se tiene que construir un mercado del cannabis, si es que tiene que ser un mercado o puede ser otro tipo de regulación no tan comercial”.

“Primero miramos las experiencias de otros países, para ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y ahora en una segunda etapa del proyecto lo que estamos haciendo es tratar de construir una propuesta pensando en Chile. Es una propuesta teórica, en el sentido de que no se sabe si esto políticamente es lo que va a ocurrir. Nosotros como académicos estudiamos y proponemos, y ya verá la política si lo adapta o no”.

Intervenciones

El profesor José Ángel Fernández, investigador principal del proyecto, explicó que “regular el mercado supone regular desde cuánto podemos comprar hasta cómo tienen que ser las etiquetas, regular cuestiones muy minuciosas que en un trabajo es muy difícil abarcar todas, así que elegimos cuatro cuestiones claves en la futura regulación del mercado del cannabis”.

“Cuatro datos importantes a tener en cuenta: uno de cada cuatro estadounidenses adultos tiene acceso al mercado del cannabis lúdico; el gobierno alemán ha presentado un proyecto de regularización; Chile es uno de los países sudamericanos con un mayor consumo de cannabis en gente joven; y Chile se proyecta como uno de los principales actores económicos en el futuro mercado del cannabis, y tiene su razón de ser. Primero, porque es un país liberal y con seguridad, entonces los inversores invierten y además se cumple con lo que se dice. Segundo, porque tiene buen clima para cultivar cannabis y una industria agropecuaria muy potente, entonces se puede cultivar cannabis de buena calidad”, añadió.

Posteriormente intervino Hernán Ocaz, abogado de “Santiago Verde”, quien trabaja con el mundo de los cultivadores, y explicó qué es lo que está ocurriendo en la realidad, haciendo referencia a las limitaciones del mercado que se ha ido construyendo en la práctica.

Detalló que “según las estadísticas, Chile es el tercer mayor consumidor por persona cada mil habitantes a nivel mundial. Otro punto es que en los análisis económicos de gran parte del mundo, se indica que el cannabis es un bien que tiene demanda inelástica en todo el mundo. La economía mejora y la economía empeora. Hay más sanciones y hay menos sanciones, y la gente en los países consume siempre más o menos las mismas cantidades de cannabis, y eso no varía. Eso tiene que ver tanto con elementos culturales como también de consumo y de mercado, que son un poco más complejos, pero creo que es importante analizar para entender que no es una cuestión que vaya a poder controlarse con la herramienta penal”.

Por su parte, la abogada Sandra Ovando, del Ministerio Público, explicó la posición del organismo y los problemas respecto al cultivo y la venta de cannabis. Detalló al respecto que “en el caso de la materia penal, en esta ley en particular es relevante que hagamos la relación necesaria entre el objeto material, el bien jurídico protegido, y cómo llegamos a una sanción, y además establecer qué se tiene que modificar en esta relación objeto material y bien jurídico, para que podamos plantear una despenalización, una legalización, una modificación, o cuál es el modelo al que podríamos eventualmente llegar”.

“En nuestro país la ley que sanciona o regula todo lo que dice relación con el tráfico es la Ley 20.000, que tiene la característica de que sanciona ciertas conductas cuando los objetos materiales que involucran esa conducta son de cierta naturaleza, y el artículo 63 nos dice que va a haber un reglamento para determinar cuáles son esos objetos materiales, pero la propia ley nos va dando indicios”, puntualizó.

Tras una primera ronda de preguntas, el tercer expositor fue el profesor Mijail Villagra, quien hizo referencia a la arista económica de la temática, indicando que “el consumo tiene un precio y también existe el mercado negro, y el traspaso de un mercado ilícito a un mercado lícito va para allá. El consumidor está atado al tabú o la imagen de alguien que está cometiendo un delito, que son muy dañinos para la sociedad, y la discusión en vez de irse para un tema económico, de salud pública o de economía —que puede ser el desarrollo de una industria muy potente en Chile—, siempre termina siendo una discusión de seguridad pública, porque es la principal preocupación que tiene la población hoy en día en Chile, y va a ser así durante muchos años si no se hacen políticas más estrictas en esa materia”.

Finalmente se presentó Samuel Briceño, secretario de la Federación de Estudiantes de La Universidad de Valparaíso y estudiante de la Escuela de Sociología, quien hizo referencia a la posición que históricamente ha tenido el movimiento estudiantil respecto a la legalización del cannabis en Chile.

Además, desde un punto de vista personal, añadió estar a favor de la legalización “porque no estamos hablando de una droga que no está legalizada por una razón de salud pública, como pueden estar no legalizadas otras drogas que tienen muchos más efectos, como el fentanilo o la pasta base. Esto tiene que ver con un fenómeno social que responde a una tradición moral más que otra cosa, donde en la opinión pública se equipara a quien consume con quien vende, y eso ha traído que históricamente haya habido un rechazo de parte de los políticos y de la sociedad”.

La actividad cerró con preguntas y diálogo entre los intervinientes y los asistentes.

El registro completo del conversatorio se puede revisar acá:   https://www.youtube.com/watch?v=J_SvS1lGTFg.

Fotos: Denis Isla / Nota: Camila Cortez

Especialistas en la materia se dieron cita en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso para ser parte del coloquio "Modificaciones introducidas al proceso penal por la Ley N° 21.560 (Ley Naín-Retamal)", organizado por el departamento de Derecho Procesal de la unidad académica.

En la oportunidad expusieron Catherine Ríos, abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, profesora de la UNAB y doctoranda en la UV; Javier Rojas-Mery, coordinador de la sección penal de la Procuradoría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso, abogado asociado estudio Del Villar y Compañía y profesor de la Universidad de Valparaíso; y Daniel Polanco, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Valparaíso, con especialidad en delitos violentos y ley de control de armas.

La actividad fue moderada por el presidente del departamento de Derecho Procesal de la UV Enrique Letelier, quien explicó al inicio que la Ley N° 21.560 “es bastante reciente e introdujo varias modificaciones sustantivas al derecho penal, pero además en materia procesal, y algunas de ellas han pasado inadvertidas, salvo para aquellos que están litigando”.

Inicialmente, Catherine Ríos explicó en su presentación que “la llamada Ley Naín-Retamal es de las pocas que es muy conocida por toda la comunidad. Se publica el 10 de abril del año 2023 y tiene por objeto fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”.

Respecto a su historia legislativa, detalló que “es una ley que se tramitó alrededor de dos años, iniciando con la tramitación de la Ley Naín, a la que después se fusiona el proyecto de Ley Retamal. Todos supimos que fue muy controversial, porque en menos de dos semanas luego de su fusión fue aprobada y publicada, además en un contexto muy polémico frente a la muerte de una carabinera, entonces fue todo muy complejo”.

“Pero una de las cosas que caracterizó a esta ley es que, además de su rápida tramitación, no se oyó a expertos, y esto fue bien criticado desde la academia. Y también se tradujo en que tiene una serie de cuestiones que son bastante complicadas y que vamos a ir viendo en el camino, cuando empiecen a aparecer los casos en los cuales se va a aplicar. Una de las cuestiones que fue emblemática fue el tema de la legítima defensa privilegiada, que es la gran modificación, pero esta ley es mucho más amplia, tiene muchas modificaciones que han pasado inadvertidas y en materia penal hay hartas”, puntualizó.

El profesor Javier Rojas-Mery hizo referencia a la víctima querellante en el proceso penal, detallando que “existe una perspectiva bastante crítica respecto de esta ley, que efectivamente ha llamado la atención respecto de derecho penal sustantivo, que contiene varias disposiciones procesales que han pasado de alguna manera inadvertidas y, sin duda, tiene varios defectos que van a representar luego en la práctica varias situaciones que van a ser muy difíciles de resolver”.

“El proceso penal instaurado en nuestro país fija roles: el rol de la víctima y el rol del imputado. Es decir, uno podría señalar que la víctima como titular de la acción penal, que se reconoce en el artículo 83 de nuestra Constitución, tiene un rol activo en el proceso penal en cuanto al ejercicio de la acción. Por otro lado, el imputado aparece como un sujeto pasivo de la acción penal y en ese sentido se le tutela con un conjunto de derechos y garantías que se fijan desde un momento señalado en el artículo 7° del Código Procesal Penal, cuando nos indica que haya una imputación dirigida en su contra, sin la antigua discusión que existía en el sistema inquisitivo”, destacó.

“Sin duda que ambas posiciones, de la víctima y del imputado, constituyen roles y pretensiones distintas en el proceso penal y, como decía un antiguo profesor, las cosas son lo que son y no lo que uno quiere que sean. Y justamente esta ley cae en ese error: intentar tratar de etiquetar lo que pretende que sea y no lo que realmente es”, añadió.

Finalmente, Daniel Polanco se refirió al impacto social e investigativo de la Ley 21.560, indicando que “es un tema difícil de entender desde lo jurídico, pero fácil de entender desde la efervescencia”.

“En esta ley indudablemente lo que se proyecta es su permanencia. No está hecha solo para que dure un tiempo breve, sino que tiene una pretensión de permanecer en el tiempo y va a impactar fuertemente en las investigaciones penales dentro de lo que al interior del Ministerio Público conocemos como el fenómeno de la violencia institucional, en que agentes del estado desde su más amplia concepción -no solo funcionarios policiales, también otras instituciones que son parte de la administración del Estado- pueden generar eventos violentos y eso forma parte del fenómeno, pero aquí aterrizado ciertamente al ámbito de las actuaciones policiales en sentido amplio”, explicó.

“Creo que es una ley o un tema espinoso, porque es una clara manifestación de un proceso legislativo hecho con prisa. Si ustedes miran la historia de la ley, que está enmarcada por la falta de insumos o la imposibilidad de obtener insumos para interpretar lo que se está diciendo, uno se da cuenta que lo que se hizo fue actuar con prisa, sin reflexión, y el artículo 7° es manifestación de aquello. Es una indicación, contra lo que uno podría esperar. No provino de los autores originales de la Ley Naín o la Ley Retamal, sino que fue una indicación del Ejecutivo y ni siquiera fue que se planteara desde el comienzo de la tramitación”, enfatizó.

El registro completo de la actividad se puede revisar acá: https://cutt.ly/zwriQMgm.

Nota: los ponentes señalaron que sus opiniones las entregaron a título personal y no en representación de las instituciones en las que se desempeñan.

Seminario fue organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC UV).

Especialistas en la materia se dieron cita en el seminario online titulado “Perspectivas globales para la justicia climática”, organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

En la ocasión expusieron Héctor Herrera, magíster en Políticas Públicas, Universidad Nacional de Colombia y PhD (c) en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica); Thalia Viveros-Uehara, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comprado y Derecho Internacional (Alemania) e investigadora postdoctoral de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), y Paola Villavicencio, investigadora del Insta-Dret ambiental, diàleg i sostenibilitat, e investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (España) y de la North-West University (Sudáfrica).

La actividad tuvo por objetivo tratar junto a los investigadores y exponentes diversos tópicos vinculados a la justicia climática, como el análisis global de esta tipología de justicia, la intersección de los derechos sociales con este fenómeno —en especial con el Derecho a la salud— y el rol que cumplen las finanzas climáticas ancladas a esta idea.

Thalia Viveros expuso sobre el Derecho a la Salud como herramienta normativa y analítica para la justicia climática. En este tenor, inició su presentación sobre la base de la posibilidad de encontrar justicia climática a través de los tribunales nacionales. Esto a raíz de que los litigios climáticos a partir de 2015 han ido en crecimiento, en especial en Latinoamérica.

En este sentido, explicó que lo anterior implica “ver la vulnerabilidad al cambio climático desde la justicia climática como una cuestión de salud. Esto tiene que ver con el entorno social, particularmente un acceso desigual a los servicios de salud, para prevenir y para tratar las condiciones que ya se están manifestando directa o indirectamente relacionadas con el cambio climático. Es decir, aquellas condiciones que surgen directamente por los patrones cambiantes de temperaturas, pero aquellas que también ya se encuentran allí pero que se exacerban por las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos”.

En esta línea, indicó que “el litigio climático no aborda actualmente la desigual vulnerabilidad en la salud, sino que sirve como plataforma para problemas ecológicos unidimensionales, lo cual es solamente mitigar —que es legítimo— y apoya al movimiento, pero si todo el movimiento de litigio climático es enfocado a eso, se dejan muchas realidades fuera de la vía judicial”.

“Para que el litigio climático pueda ser una vía para atender la mayor vulnerabilidad (…) sus partes litigantes y también las y los jueces requieren alinear los horizontes de estrategia e interpretación para poder aplicar el derecho a la salud en todo su potencial”, cerró.

Por su parte, Héctor Herrera expuso sobre su estudio en desarrollo que aborda las finanzas climáticas desde una perspectiva de justicia climática, particularmente desde el rol de los bonos verdes y las experiencias comparadas. En este sentido, explicó que la literatura de finanzas climáticas ha tenido dos puntos centrales: primero la distribución, respondiendo a la pregunta de quién va a pagar por esta justicia climática, es decir, los Estados Nación ricos, quienes deben pagar para que los Estados Nación en desarrollo puedan hacer su adaptación y mitigación, ampliando el estudio a un nivel subnacional y local, esto es, a nivel de municipio y de la ciudad, incluso, a nivel barrio y comunidad.

Desde un segundo eje, señaló que existen estudios de casos que se enfocan en instrumentos financieros, tales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Baird y Green, 2020), Fondo Verde Climático (Vanderheiden, 2015) y Bonos Verdes y Bonos Verdes Municipales, donde enfoca su estudio, señalando los casos de México y Argentina.

Finalmente, Paola Villavicencio abordó las implicancias de justicia en la mitigación de la crisis climática, instancia en que hizo referencia a la justicia climática desde diversas aristas, comenzando con la problematización y contextualización de esta llamada justicia, para luego abordar la relación entre justicia climática y mitigación, destacando especialmente las estrategias convencionales y no convencionales para la mitigación.

A modo de contextualización y problematización de la materia, comenzó desarrollando la injusticia respecto a desigualdades y asimetrías socioeconómicas, estructurales y etarias respecto a la proporción de recursos que poseen para afrontar el cambio climático, repercutiendo de manera evidente en la respuesta de aquellos grupos sociales frente a los impactos. De igual forma, se desarrolla una construcción inicial de la justicia climática a partir de dos elementos centrales: la equidad y los Derechos Humanos, debiendo ambos elementos ser factores cruciales para la toma de decisiones y acciones la materia.

Concluyendo su exposición, reflexionó sobre el activismo realizado por grupos vulnerables, quienes intentan que la mitigación no solo contemple una reducción de emisiones desde el punto de vista ambiental y económico, sino que también se consideren los aspectos sociales, aspectos culturales y los Derechos Humanos en el diseño e implementación de cada una de estas medidas. Por ello, hizo referencia a la importancia de comprender que la justicia climática busca efectivamente la acción, pero no una acción que olvide y que deje de lado factores primordiales en razón del beneficio económico, sino que se espera una verdadera acción climática que considere como punto central a las personas y todas las formas de vida que cohabitan los ecosistemas, validándolas y reconociéndolas como legítimas.

Nota: Camila Cortez

Actividad digital organizada por el Cedycc de Escuela de Derecho UV reunió a profesionales de Chile y España.

Destacados especialistas se dieron cita en el seminario digital “Las empresas y el cambio climático”, en una actividad organizada por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (Cedycc) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

En la jornada expusieron Julián Martínez, académico asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Johns Hopkins University e investigador predoctoral del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España); Camila Martínez, asociada senior del estudio jurídico Eelaw en Chile, y Daniel Iglesias, profesor e investigador “Juan de la Cierva” de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España), investigador senior del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y miembro del Consejo de la Academia Latinoamericana sobre empresas y Derechos Humanos.

La actividad fue moderada por Almendra Morgado, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso e investigadora asociada del Cedycc UV.

Exposiciones

Julián Martínez hizo referencia a las empresas y el cambio climático, desde la mirada del compliance, indicando que  “hoy la ciencia nos indica que las emisiones de dióxido de carbono están en aumento a pesar de los distintos esfuerzos existentes en relación con tratados internacionales, con compromisos de los distintos estados, y se observa que a pesar de la existencia de estos mecanismos, la reducción de las emisiones no se está logrando, por lo que requerimos otra mirada del cambio climático”.

En ese sentido, explicó que “las empresas y la asesoría que se les está realizando en relación con el cambio climático están enfocadas única y exclusivamente en las emisiones y en la mitigación y adaptación de los gases de efecto invernadero, sin embargo, debemos evitar este ‘túnel’, haciéndonos cargo de otras aristas del problema: las inequidades, la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua, la educación. A mayor abundamiento, lo que plantea esta crítica es que entender el tema de las empresas y cambio climático requiere una integración de lo ambiental y lo social, la cual parece algo que es obvio o fácil. Sin embargo, integrar para las empresas estos temas es relativo a integrar la sostenibilidad en su estrategia, y la propuesta es que se debe ir más allá, deben redimensionarla a largo plazo de acuerdo con los límites biofísicos y el cuidado de las personas”.

“A las empresas no se les puede dejar en una autorregulación plena, hay que establecer programas, parámetros, de manera de evidenciar que a través de políticas, controles, objetivos, indicadores y demás, están cumpliendo una determinada regulación”, concluyó.

Por su parte, Camila Martínez expuso sobre el tópico empresas y cambio climático desde el punto de vista regulatorio, instancia en que reflexionó sobre los desafíos que tiene el cumplimiento ambiental desde la arista regulatoria, y sobre cómo todavía existen desafíos que se presentan incluso teniendo un marco regulatorio muy robusto en nuestro país, y cómo las empresas pueden ir tomando la iniciativa aun cuando no les es exigible de forma directa en algunos temas.

“Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tenemos una serie de desafíos en temas regulatorios. Si bien tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, aún estamos al debe. Siempre, como en todo proceso normativo, la regulación va un poco más atrasada de lo que en la realidad ocurre”, explicó.

En este sentido, en relación a la Ley Marco, señaló que los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental desde este año en adelante van a incorporar esta variable, los cuales se están evaluando o han obtenido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante el año 2023, incorporando las guías de cambio climático o medidas de adaptación y mitigación, reparación o compensación, según corresponda. En este sentido, señaló que “desde el mundo privado o desde las empresas que tienen RCA vigente se puede tomar la iniciativa de actualizar los planes de emergencia y contingencia para incorporar la variable cambio climático, existiendo herramientas como lo que indica la guía del SEIA para incorporar la variable en este aspecto, considerando que se puede actualizar los planes de emergencia y contingencia de manera voluntaria”.

Finalmente, Daniel Iglesias expuso desde una perspectiva de Derechos Humanos, partiendo de dos premisas importantes: por una parte, el cambio climático y sus efectos negativos nos privan o afectan el disfrute de una amplia gama de Derechos Humanos, pues genera olas de calor, sequías y aumento del nivel del mar, y esto, en su conjunto o de manera individual, tiene efectos directos en ello. La segunda premisa corresponde al hecho de que en este contexto de crisis climática, los estados tienen obligaciones de Derechos Humanos y tienen, por tanto, la obligación de hacer frente a la lucha contra el cambio climático.

Agregó que “esto lo viene también a confirmar Naciones Unidas a través de sus procedimientos especiales, que han reafirmado, sobre todo, que los estados en el marco de sus obligaciones de Derechos Humanos tienen que hacer frente al cambio climático, y más recientemente a través de la litigación climática, pues se reafirman estas obligaciones y la litigación climática también se convierte en esa estrategia para exigir el cumplimiento de los estados de estas obligaciones de Derechos Humanos en el contexto de la crisis”.

“Debemos tener en cuenta esa relación entre cambio climático, Derechos Humanos y empresas, porque a partir de esta compleja relación se derivan algunos cuestionamientos interesantes. Por ejemplo, ¿tienen las empresas las mismas obligaciones que los estados en el contexto de la crisis climática? Es decir, ¿los tratados de Derechos Humanos imponen obligaciones a las empresas en el contexto de la crisis climática en materia de mitigación y adaptación con ese enfoque de Derechos Humanos? La respuesta a todas estas preguntas es no, porque en principio las empresas no son sujetos de derecho internacional y, por tanto, no son sujetos de obligaciones en virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos, ni tampoco del régimen internacional de cambio climático”, cerró.

Nota: Camila Cortez

Con éxito se llevó a cabo el seminario “Sesgos cognitivos: discusiones sobre su posible incidencia en la responsabilidad jurídico-penal y moral”, organizado por la Escuela de Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso.

En la instancia participaron María Soledad Krause, académica del departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile; Luis Placencia, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y Diego González, académico del departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Valparaíso. La actividad fue moderada por la docente de la UV Melissa Navarro.

La primera exposición estuvo a cargo de la profesora María Soledad Krause, quien presentó la ponencia titulada "Sesgos cognitivos y razonamiento probatorio. Una primera aproximación al fenómeno y sus consecuencias". Durante su presentación, Krause explicó cómo una serie de fallos cognitivos, tales como el sesgo de confirmación, el sesgo retrospectivo, el efecto anclaje o el pensamiento de grupo, pueden incidir de manera relevante en el contenido de las resoluciones judiciales, aun cuando quienes las adoptan no siempre se encuentren conscientes de ello.

Por su lado, el profesor Luis Placencia dio cuenta del tema "La concepción davidsoniana del autoengaño", del que primeramente abordó el carácter paradójico del engaño en tanto instancia particular de sesgo cognitivo, ilustrándolo con situaciones de la vida cotidiana, para posteriormente explicar una de las concepciones más célebres del autoengaño en la Filosofía moral, es decir, la que fuera desarrollada en su día por Donald Davidson.

Finalmente, el académico Diego González buscó responder a la interrogante "¿Hay algo incorrecto en engañarse a sí mismo? Reflexiones desde el derecho penal", durante una intervención en la que planteó si el autoengaño constituye o no una maniobra intrínsecamente incorrecta, para luego esbozar distintos ámbitos de la Teoría del Delito, en la que ciertos casos de desconocimiento estratégico podrían llegar a suscitar algún interés jurídico-penal.

El seminario “Sesgos cognitivos: discusiones sobre su posible incidencia en la responsabilidad jurídico-penal y moral” fue organizado en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación N°11230951.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla 

Webinar fue organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la UV.

Con éxito se llevó a cabo el webinar titulado “Nuevas tendencias del litigio climático”, actividad organizada por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de analizar las nuevas dinámicas y tendencias en el litigio climático, prolongando diversos enfoques tanto a nivel global como local.

Dentro de los temas que abordaron los especialistas, se encuentran el rol del género en los litigios climáticos en América Latina, perspectivas ecocéntricas en el litigio climático en Latinoamérica y reflexiones sobre casos recientes a nivel global.

En la oportunidad expusieron Natalia Urzola, jefa de Operaciones de la Global Network for Human Rights and the Environment y relatora para Colombia de la Global Peer Reviewers' Network of Climate Litigation del Sabin Center de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; Raúl Campusano,  director académico del programa de Magíster en Derecho Ambiental y director de Postgrados de la Escuela de Derecho UDD, y Humberto Filpi, miembro del Grupo de Investigación GPDA/UFSC, del proyecto de extensión Clínica de Justicia Ecológica/UFSC, del programa de las Naciones Unidas Harmony with Nature del Global Network for Human Rights and the Environment (GNHRE) y de la red Laclima. La actividad fue moderada por Almendra Morgado, egresada de la Escuela de Derecho e investigadora asociada del CEDYCC UV.

Exposiciones

Raúl Campusano expuso sobre dos casos emblemáticos de litigio climático. El primero es el caso “Urgenda contra Países Bajos”, denominado como la primera demanda exitosa en materia de responsabilidad extracontractual en contra de un gobierno, en la que se ha recurrido al cambio climático para proteger los Derechos Humanos, en un área también conocida como justicia climática. En dicho tenor, señaló que “aquí la gran pregunta que cabe realizar para el derecho procesal es sobre si procede que organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos pueden demandar a su propio Estado en sede nacional, a propósito de obligaciones internacionales del Estado”. Al respecto, agregó que “la respuesta tradicional es que las obligaciones internacionales se ventilan ante tribunales internacionales y entre sujetos de derecho internacional, básicamente, entre estados”.

El segundo análisis fue el caso “Milieudefensie y otros contra Royal Dutch Shell”, proceso judicial tramitado ante el Tribunal de distrito de La Haya en los Países Bajos en 2021 relacionado con la reducción de emisiones de carbono de las multinacionales. En mayo de 2021, La Haya ordenó que Royal Dutch Shell debe reducir sus emisiones globales de carbono –en relación con sus niveles de 2019– en un 45 por ciento para 2030, considerándose el primer litigio importante sobre cambio climático en contra de una corporación. En este sentido, Campusano señala que “aquí la pregunta es si una empresa multinacional está obligada por un tratado internacional del que no es parte y no podría ser parte”. Responde al respecto –haciendo mención de que serían temas básicos de Derecho Internacional, esto es, principio de la autonomía de voluntad y personalidad jurídica de las partes que pueden ser parte de un tratado internacional–, que “la respuesta tradicional es que no se encuentra obligada, ya que no concurrió con su voluntad a obligarse, y no podría haberlo hecho ya que el tratado de París es un tratado entre estados”.

Por su parte, Natalia Urzola expuso respecto al género en el litigio de cambio climático en Latinoamérica, instancia en que —tal como en el artículo científico en el cual explica esta teoría—- hizo referencia a la “Teoría del punto de vista feminista” o Feminist Standpoint Theory, donde sostiene que “el litigio climático en Latinoamérica tiende a producir desequilibrios de conocimiento al no reconocer la desventaja que tienen los grupos marginados sobre este mismo proceso de producción”. A esta conclusión llega después de analizar tres casos que resultan relevantes para la región, tanto para el nivel de litigio de cambio climático como para la crítica de género. El artículo concluye con sugerencias acerca de los beneficios que puede traer a Latinoamérica la perspectiva de género en la región.

Así, sostuvo que “el tratamiento del género y del cambio climático, tanto en la política ambiental como en el litigio ambiental, inicialmente empezaron de manera independiente; sin embargo, recientemente se ha desarrollado más el tema en lo relativo a la intersección del género con el cambio climático, lo que nos lleva a entender que a pesar de que la crisis climática nos afecta a todos a nivel global, las consecuencias son experimentadas de forma distinta dependiendo de la situación en la cual se encuentre cada población. La posición en la que nos encontramos influye en la sensación y experiencia que tenemos frente a los impactos del cambio climático y, asimismo, impacta en la preocupación que se tiene frente a los mismos. Esta posicionalidad genera un conocimiento situado que se origina precisamente en estas experiencias particulares”.

Finalmente, Humberto Filpi expuso sobre la perspectiva ecocéntrica de la litigación climática en América Latina, centrándose en cuatro focos: el análisis de la emergencia climática; la litigación ecológica y climática del sur global; la presentación de argumentos ecocéntricos en la litigación climática en América Latina, y las nuevas perspectivas y desafíos a enfrentar.

Primeramente, realizó un análisis de la emergencia climática destacando la vulnerabilidad ecológica ligada a aspectos socioculturales y económicos, entendiendo que los eventos extremos del cambio climático impactan de manera desigual a la población latinoamericana y los ecosistemas. Esta vulnerabilidad ecológica se ha desarrollado en relación con los derechos fundamentales de las personas, por lo que señaló que es un desafío mantener la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la diversidad sociocultural característica de la región.

Luego, respecto a la litigación ecológica y climática en América Latina, señaló diversas características relevantes presentes en la región: la cooperación y diálogo sobre casos en curso y fallados; el enfoque en la aplicación de normas existentes en las jurisdicciones latinoamericanas, y la relevancia de avanzar en la discusión sobre el cambio climático en aquellos casos que se presenta de manera periférica, indirecta e incluso implícita, siendo abordada a partir de los Derechos Humanos.

Nota: Camila Cortez

Participaron en el seminario profesores y profesoras de la UV y UAI.

Con éxito se llevó a cabo el seminario “Aspectos fundamentales para el Derecho Laboral y Civil de la Ley 21.643 sobre acoso sexual, moral y violencia en el trabajo (‘Ley Karin’)”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a través de sus departamentos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Civil.

En la instancia participaron Matías Rodríguez, profesor y presidente del Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho de la UV; Caterina Guidi, académica de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez; Sergio Gamonal, profesor de Derecho del Trabajo de la UAI, y Pamela Prado, académica de Derecho Civil de la UV. El panel fue moderado por Dagmar Salazar, profesora de Derecho del Trabajo de la UV.

En primer lugar, la profesora Caterina Guidi hizo referencia en su presentación a la manera en que la “Ley Karin” se ajusta a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 190 sobre acoso y violencia en el trabajo.

Por su parte, la académica Pamela Prado expuso sobre la responsabilidad en materia de daños a derechos fundamentales y daños morales que surgen por el acoso sexual, laboral y violencia, detallando los regímenes de responsabilidad civil que se tienen que configurar en cada caso.

Por otro lado, el profesor Matías Rodríguez realizó un cotejo entre los procedimientos de prevención y de investigación nuevos de la “Ley Karin”, haciendo un paralelo respecto a cuáles serían las materias nuevas y conclusiones en función de ello. En este punto, detalló que había insuficiencias regulatorias en la nueva ley.

Finalmente, el académico Sergio Gamonal desarrolló un análisis de fondo en relación a cuestiones conceptuales, respecto a las definiciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia que estaban incorporadas en la “Ley Karin”, entregando una visión crítica de ello.

Al seminario “Aspectos fundamentales para el Derecho Laboral y Civil de la Ley 21.643 sobre acoso sexual, moral y violencia en el trabajo (‘Ley Karin’)” asistieron profesores y profesoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y dirigentes sindicales.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Facultad de Medicina UV acogió jornada organizada por académica de la Escuela de Fonoaudiología y del CICDL, como parte de un proyecto Fondecyt relacionado con las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down.

Conocer los hallazgos y resultados de algunos estudios similares realizados por connotados especialistas nacionales y extranjeros, intercambiar opiniones sobre las metodologías empleadas, generar redes de apoyo entre sus autores y alianzas con las instituciones a las que pertenecen fueron los objetivos de la Jornada Internacional de Investigadores en Fonética y Fonología que acogió la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.

El encuentro fue organizado por la profesora de la Escuela de Fonoaudiología, académica del Centro de Investigación del Desarrollo en Cognición y Lenguaje (CIDCL) de esta casa de estudios y doctora en Psicología, Denisse Pérez, como parte de las actividades que considera el desarrollo de un proyecto Fondecyt regular sobre las causas y los efectos de las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down que ella misma lidera.

A la jornada asistieron, en calidad de relatores principales, el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México y doctor en Lingüística, Mario Chávez-Peón; la profesora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Ciencias del Lenguaje, Marcela San Giacomo, y la catedrática del departamento de Lengua Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (España) y doctora en Filología Hispánica, Carmen Ávila. 

A ellos se sumaron los profesionales e investigadores chilenos Pilar Vivar, Josué Pino, Jaime Soto, Hernán León, Carolina Salinas y Domingo Román.

“Se trató de un encuentro muy interesante y productivo, en el que pudimos abordar diversos temas y conocer más sobre las iniciativas que cada una de las personas que intervinimos en él se encuentra ejecutando. Además, evaluamos algunas conclusiones, establecimos concordancias en materia de objetivos y metodologías aplicadas y afianzamos vínculos, con miras a impulsar nuevos trabajos en los ámbitos de la fonética y la fonología de manera conjunta, en el mediano plazo”, explicó la doctora Pérez. 

Proyecto de continuidad

Entre los estudios presentados y analizados figuró el proyecto Fondecyt 1221581 sobre las causas y efectos de las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down, el cual busca comparar y evaluar la capacidad predictiva de las habilidades miofuncionales (aquellas orientadas a la prevención y rehabilitación de las disfunciones o desequilibrios de los músculos orofaciales), auditivas y de memoria de trabajo fonológica que presentan sus sujetos de estudio. 

Iniciado en 2022, este estudio es liderado por la doctora Denisse Pérez, como investigadora principal. En él también participan, en calidad de coinvestigadoras, la profesora de la Escuela de Fonoaudiología de la UV y doctora en Educación Inclusiva, Susana Cáceres, especialista de vasta experiencia en la evaluación de niños con Síndrome de Down en edad escolar y con patologías de lenguaje y habla, y la profesora de Lingüística de la Facultad de Salud y del Magíster de Lingüística de la Universidad de Playa Ancha, María Teresa Núñez, doctora en Lingüística y experta en los componentes en la adquisición del lenguaje y la caracterización del idioma español. 

Según explicó la doctora Pérez, esta investigación da continuidad a un proyecto Fondecyt de iniciación realizado entre 2015 y 2018, cuyo fin fue estudiar la adquisición fonológica de dos grupos de niños: uno con desarrollo fonológico prolongado, cuyas edades fluctuaron entre los tres y ocho años, y otro con Síndrome de Down, con edades entre los cinco y los diez años,  pertenecientes a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.  

“Su ejecución nos permitió detectar producciones orales atípicas, correspondientes en su mayor parte a imprecisiones articulatorias, deformaciones de fonemas, alteraciones de resonancia y prosodia, entre otras. Ahora, buscamos profundizar en los efectos de estas condiciones”, concluyó la docente de la Escuela de Fonoaudiología e investigadora del CIDCL de la Universidad de Valparaíso.

Nota: Gonzalo Battocchio / Fotos: Matías Salazar

Actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, la Fundación Escuela de Derecho y la Cátedra Leslie Tomasello Hart de la UV.

Con éxito se llevó a cabo el Seminario Internacional “Regímenes patrimoniales del matrimonio: una mirada actual y comparada”, organizado por la Facultad de Derecho, la Fundación Escuela de Derecho y la Cátedra Leslie Tomasello Hart de la Universidad de Valparaíso.

En la instancia expusieron Fabián Faraoni, profesor de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Verónika Wegner, profesora asistente de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Francisco Cabello, académico de Derecho Civil e Introducción al Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La jornada fue moderada por Rommy Álvarez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, quien explicó que la actividad buscó generar un espacio de reflexión en torno a las situaciones de los regímenes patrimoniales en Chile y sus perspectivas, así como también avanzar en un análisis comparado.

La académica Verónika Wegner expuso acerca del tema “La defensa de las capitulaciones matrimoniales prenupciales”, donde indicó que “hace algunos años, mientras trabajaba en mi tesis doctoral, pude comprobar las altas tasas de crisis matrimonial y divorcio unilateral. Hoy, ya a 21 años de la promulgación de la Ley 19.947, existen, al 30 de abril del 2024, 733 mil 648 divorcios inscritos, de acuerdo con los datos del Registro Civil. Respecto a las estadísticas del INE, cada vez se celebran menos matrimonios, y ha aumentado en un 25 por ciento la celebración del Acuerdo de Unión Civil, cuyo régimen de salida ante la crisis es bastante más simple y menos oneroso. Esto puede tener diversas explicaciones, pero lo que sí es cierto es que la crisis matrimonial es una problemática con incidencia palpable que repercute en diversos ámbitos de la vida familiar, y que, atendidas las cifras expuestas, se trata de un evento indeseado, pero altamente probable y, por ende, previsible”.

Por su parte, el profesor Francisco Cabello realizó un análisis dogmático del artículo 1.739 del Código Civil, temática respecto a la cual explicó que “se trata de un campo del Derecho Civil en que convergen diversos principios estructurales, como la autonomía de la voluntad, la protección de la familia, la seguridad del tráfico jurídico, la protección de terceros, entre otras, cuya evolución normativa y jurisprudencial nos obliga a repensar ciertas categorías del Derecho Civil tradicional. En este sentido, lo que me propongo es compartir algunas ideas relativas al artículo 1.739 del Código Civil, analizando principalmente dos de sus incisos”.

Finalmente, el académico Fabián Faraoni hizo referencia a los diez años de la entrada en vigencia del Código Civil de Argentina, detallando que “el anteproyecto de nuestro Código Civil y Comercial se elaboró durante los años 2010, 2011 y 2012, para luego luego empezar a regir en agosto del 2015, por lo que llevamos diez años”.

“Los autores del Código Civil y Comercial de Argentina —sobre todo en el libro segundo, que es el libro de las relaciones de familia— sentaron pilares de estructuras, que son tres: la libertad, entendida como autonomía; la igualdad, entendida como pluralismo; y la solidaridad, entendida como responsabilidad. Entonces, todo el sistema de las relaciones de familia está armado sobre estos pilares, y el régimen patrimonial-matrimonial no queda exento. Nosotros hemos abandonado absolutamente la expresión ‘sociedad conyugal’, donde los cónyuges no son socios. Cuando yo hablo de la sociedad conyugal, lo puedo hacer en un sentido instrumental”, añadió.

El registro audiovisual del Seminario Internacional “Regímenes patrimoniales del matrimonio: una mirada actual y comparada” se puede revisar acá:  https://www.youtube.com/watch?v=zMPwgoooeWY.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso se desarrolla el seminario técnico avanzado “Plantas desaladoras en Chile: conocimiento, oportunidades y desafíos”, con la presencia de investigadores, expertos, académicos, estudiantes, y representantes de entidades públicas y privadas.

La cita, organizada por la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, tiene por objetivo revisar el estado actual del conocimiento sobre desalación en Chile desde el punto de vista socioambiental, legal y del uso de tecnologías.

Juan Fierro, secretario ejecutivo del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), una de las organizaciones organizadoras, cuenta que “esta iniciativa es relevante para nuestra institución, cuyo objetivo es llevar la ciencia a los ciudadanos, de la mano de especialistas, profesionales y directivos de servicios públicos y privados. Esta jornada nos permite intercambiar experiencias sobre aspectos como el cambio climático y el impacto de las plantas a nivel de costa”.

En tanto, Andrés Caamaño, presidente del Grupo de Trabajo de Contaminación Marina del CONA, señala que “la idea es discutir si las plantas desaladoras podrían ser una alternativa en Chile, analizando su factibilidad, las inversiones asociadas, la tecnología y su impacto. El país no tiene una cultura de desalinización como Arabia Saudita, Israel o España, pero las plantas se van a quedar, como una solución para el consumo humano, y también como recurso para la actividad industrial. La idea es promover estas conversaciones para ir aprendiendo y generar conocimiento, para que los tomadores de decisión puedan tener información para la legislación o políticas públicas”.

Patricio Manríquez, ecólogo marino e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Coquimbo, es uno de los expositores, quien analiza la respuesta de los organismos del maritorio, como invertebrados y algas, a condiciones de salinidad extremas, asociadas a las descargas de plantas desaladoras.

“Tenemos una crisis de agua, pero el conocimiento para implementar medidas de mitigación a los efectos negativos de la desalación debe ser generado en Chile. Por eso, esta es una instancia donde los científicos pueden exponer sus resultados y las dificultades para investigar. Podemos dar soluciones y recomendaciones prácticas factibles de implementar”, asegura.

Mientras, Jorge Bravo, gerente de Medio Ambiente de Minera Candelaria, explica que “desde hace unos diez años tenemos una planta desalinizadora en la bahía de Caldera. El objetivo es contar esa experiencia y mostrar cómo desde el diseño se puede minimizar sus impactos. La desalinización es la solución para el abastecimiento de agua en el corto, mediano y largo plazo. Privados y públicos debemos centrar los esfuerzos en el abastecimiento de agua potable, tanto para consumo humano, como para los industriales”.

Luisa Corrotea, presidenta del comité Agua Potable Rural (APR) de caleta Los Hornos, ubicada en la comuna de La Higuera, en la provincia de Elqui, Región de Coquimbo, expondrá su experiencia de casi veinte años con una desaladora.

“Nos interesa dar a conocer el trabajo de nuestra planta para que sea replicado en otras partes. Por la enorme sequía que hay, sobre todo en la comuna de La Higuera, tenemos que dar a conocer nuestra experiencia. Tenemos un mar donde los gobiernos tienen que invertir, porque necesitamos agua para los habitantes, ya que la sequía no es sólo en Chile, sino a nivel global”, señala.

Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Acades, manifiesta que “en Chile debemos contribuir, mediante el reúso y la desalación, a que todas las personas y actividades puedan tener acceso al agua, a través de procesos que se desarrollen en armonía con las comunidades y el medio ambiente. Sin agua, no hay vida. Al disminuir la disponibilidad de las fuentes de agua que tradicionalmente ocupamos, el mar es la nueva alternativa”.

“Proyectamos un aumento importante de uso de agua desalada en el sector industrial, especialmente en la minería, como también en algunas ciudades costeras e incluso en riego de algunos cultivos, tal como ocurre en países como España e Israel. Actualmente, Chile es el país de América Latina con mayor capacidad de desalación, con 23 desaladoras en operación y con una capacidad instalada total del orden de  9.500 L/s”, asegura.

Por su parte, Felipe Caselli, director de la Escuela de Ingeniería Oceánica, expresa que “para nuestra unidad académica es importante participar de estas instancias. La implementación de plantas desaladoras incluye diversas áreas de desarrollo de los profesionales que se forman en nuestra Escuela, por lo que nos interesa apoyar directamente las instancias de discusión y generación de conocimiento”.

Fotos: Matías Salazar / Nota: Rodrigo Catalán

Actividad fue organizada por las Escuelas de Derecho de la UV y la PUCV.

Especialistas en la materia se dieron cita en las “Jornadas de reflexión en torno a la violencia y el acoso en el ámbito laboral”, organizada por las Escuelas de Derecho de la Universidad de Valparaíso y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso —a través de sus departamentos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social— y el Diplomado en Derecho Individual del Trabajo de la PUCV.

La actividad contó con dos jornadas de exposiciones, siendo el evento inaugural en dependencias de la Escuela de Derecho de la UV. En la instancia, la profesora de la PUCV Karla Varas explicó que “como Departamentos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social tanto de la UV como de la PUCV, hemos querido organizar estas jornadas ya que estamos ccomprometidos con la creación de este trabajo seguro y saludable, donde ojalá no se presenten conductas que atenten contra la dignidad de las personas, en el marco de lo que ha sido este tiempo de implementación de la denominada Ley Karin”.

Por su parte, el profesor Matías Rodríguez, presidente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV, agradeció la organización de la actividad, explicando que “además de la importancia de la temática sobre la cual vamos a debatir y reflexionar, otra cuestión que interesa es la gestión compartida que estamos haciendo en este tipo de seminarios con nuestros vecinos de la PUCV, con quienes mantenemos un estrecho y permanente vínculo, el cual esperamos que se mantenga a lo largo de los años y se vaya enriqueciendo mediante la organización de instancias como estas”.

Convenio 190 de la OIT

La primera sesión de las “Jornadas de reflexión en torno a la violencia y el acoso en el ámbito laboral”, llevada a cabo en la UV, versó sobre el tema "Revisión del Convenio N°190 de la OIT y su implementación en Chile, España y Uruguay", con un panel compuesto por Sergio Yagüe, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia (España); Nataly Rodríguez, profesora ayudante de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Relaciones Laborales en la Universidad de la República (Uruguay), y Tania Rojas, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valparaíso. Moderó el panel la profesora Karla Varas de la PUCV.

En la instancia, los especialistas expusieron y dialogaron, desde una perspectiva comparada, sobre el acoso y la violencia en el trabajo, teniendo como marco el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por Chile. En ese marco, desarrollaron la idea de que el país hace una modificación con la ley 21.643 —conocida como Ley Karin— en materia de acoso y violencia en el trabajo, no siendo esta la incorporación total del Convenio 190.

En este contexto, los expositores analizaron el Convenio 190 desde la perspectiva comparada, haciendo referencia al modelo español, uruguayo y chileno, considerando en este marco que hay un primer paso que Chile da para avanzar hacia una protección integral de las y los trabajadores.

Posterior a las exposiciones, se formó un ambiente de diálogo y reflexión en torno al tema, donde intervinieron tanto los ponentes como profesores, estudiantes y público presente.

El registro audiovisual de la primera jornada se puede ver acá: https://www.youtube.com/watch?v=mwQPm3Q08ug&t=215s.

Sesión de cierre

La sesión final de las “Jornadas de reflexión en torno a la violencia y el acoso en el ámbito laboral” se llevó a cabo en dependencias de la PUCV, donde se contó con las palabras de bienvenida de Eduardo Aldunate, director de la Escuela de Derecho de esa casa de estudios, y Jesús Figari, director del Trabajo de Valparaíso.

En la oportunidad se desarrollaron dos paneles, versando el primero de ellos sobre “La implementación de la Ley Karin desde una perspectiva institucional". En la instancia expusieron y dialogaron Rodrigo Cárdenas, abogado de la Oficina de Defensa Laboral de Valparaíso; Rachel Aránguiz, coordinadora de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de Valparaíso, y María Paz Bartolucci, jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Moderó Tania Rojas, profesora de la UV.

El segundo panel trató acerca de "Problemas prácticos en la implementación de la Ley Karin desde la perspectiva de la prevención, investigación y estrategia judicial", donde se presentaron María Soledad Elizalde, especialista en Riesgos Psicosociales en el Trabajo del Instituto de Seguridad Laboral; Romina Mardel, abogada y vicepresidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas; Esteban Aravena, abogado del Estudio Jurídico Osorio y Cía., y Verónica Munilla, profesora de Derecho del Trabajo PUCV.

El registro audiovisual de la segunda jornada se puede ver acá: https://www.youtube.com/watch?v=NKkLWAMLMdA&t=13955s.

Nota: Camila Cortez / Fotos gentileza PUCV

Participaron Miguel Cillero y Sofía Cobo, del Centro Iberoamericano de los Derechos de la Niñez, y Sara Salum y Elena Salum, de la Escuela de Trabajo Social UV y de la Cátedra Unesco Niñez, Juventud, Educación y Sociedad.

Especialistas en la materia se dieron cita en el coloquio “Desafíos de la Justicia Juvenil en Chile. Estándares de privación de libertad y desafíos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso adolescentes recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del Sename versus Chile”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso; el Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez (CIDENI); la Cátedra Unesco Niñez, Juventud, Educación y Sociedad; y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la UV.

En la jornada expusieron el académico Miguel Cillero y la académica Sofía Cobo, investigadores del Centro Iberoamericano de los Derechos de la Niñez, y Sara Salum y Elena Salum, profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso e integrantes de la Cátedra Unesco Niñez, Juventud, Educación y Sociedad, en una jornada que fue moderada por Marcela Aedo, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Las palabras de bienvenida a la actividad fueron entregadas por Luis Villavicencio, director del CIFDE UV, quien celebró la realización de la jornada, toda vez que “se toca como temática central una de las líneas de investigación del Centro, por lo que me complace que podamos desarrollar actividades en torno a este trabajo. Es importante superar el voluntarismo y avanzar hacia la implementación de un sistema de protección integral de la niñez, que incluya también los desafíos de la Justicia Penal Juvenil. Desde la academia tenemos que lograr respaldar con suficiente evidencia las políticas públicas adecuadas”.

El objetivo de la actividad fue analizar los principales desafíos que enfrenta la justicia juvenil en Chile, con especial énfasis en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

En esta línea, el coloquio se centró en dos ejes fundamentales: por una parte, la implementación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de los adolescentes recluidos en los centros de detención e internación provisoria del Servicio Nacional de Menores (Sename vs. Chile); y por otra, los principales desafíos en el marco de la implementación del Servicio de Reinserción Social y la próxima entrada en vigencia de la Ley N° 21.527, que modifica la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente en la Región de Valparaíso (junto con Rancagua y la Región Metropolitana).

El registro audiovisual del coloquio “Desafíos de la Justicia Juvenil en Chile” se puede revisar acá: https://www.youtube.com/watch?v=G1JJDaw7GNg.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Actividad fue organizada por el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la UV, y el Instituto de Ciencias Penales de Chile.

Especialistas en la materia se dieron cita en el Congreso Internacional “Emociones y Responsabilidad Penal”, organizado por el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso, y el Instituto de Ciencias Penales (ICP) de Chile.

En la instancia, profesionales de distintas áreas del conocimiento se reunieron en torno a un diálogo que se desarrolló en dos jornadas con amplia convocatoria, en dependencias de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Los conferenciantes internacionales invitados del Congreso Internacional “Emociones y Responsabilidad Penal” fueron Daniel González Lagier, catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante (España), y Lucia Risicato, catedrática de Derecho penal de la Universidad de Messina (Italia).

Además, durante ambas jornadas se dieron cita profesionales y docentes de las disciplinas del Derecho, Psicología y Educación, pertenecientes a destacadas universidades nacionales.

La actividad fue inaugurada por el director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la UV, profesor Luis Villavicencio, y por la directora del Instituto de Ciencias Penales de Chile, profesora Laura Mayer.

En sus palabras, el académico Luis Villavicencio señaló que la instancia “se enmarca dentro de una serie de eventos que se están organizando, tratando de ocuparnos de temas de punta que son muy importantes para las dos disciplinas que convocan y conforman nuestro Centro. Además, agradezco a los profesores invitados, a los académicos ponentes y al público presente”.

Por su parte, la profesora de la PUCV Laura Mayer comentó que “tenemos muchas razones para alegrarnos, ya que el Instituto de Ciencias Penales vuelve a realizar un congreso internacional. En este punto, destacamos la excelente idea de establecer como temática las emociones y su relación con la Responsabilidad Penal o con el Derecho Penal en sentido general, que es un tema que ha sido abordado por la ciencia penal, pero no había sido objeto de una actividad de esta magnitud en nuestro medio. No habíamos tenido en Chile un Congreso Internacional con dos jornadas completas para analizar este asunto. Se trata de un valioso esfuerzo el que se está haciendo, de analizar una temática que, en los libros de Derecho Penal, en la parte general y especial, suele estar disperso, vinculándolo con temas muy disímiles”.

Conferencias y mesas de ponencias

Durante la primera jornada del Congreso Internacional “Emociones y Responsabilidad Penal” se presentó la conferencia inaugural por parte del profesor Daniel González Lagier, de la Universidad de Alicante (España), quien expuso sobre “Los presupuestos filosóficos de la responsabilidad por nuestras emociones”. Posteriormente, se presentó Gonzalo Lira, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y académico de la Escuela de Psicología de la UV, cuya ponencia versó sobre “Psicología de las emociones”.

Durante la tarde, se presentó Carlos Navia, candidato a doctor en Educación por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), quien expuso sobre “Definición, control y educabilidad de las emociones: críticas a las teorías cognitivas”. Finalmente, se presentó el profesor José Luis Guzmán, de la Universidad de Valparaíso, y la profesora Rocío Sánchez, de la Universidad Nacional Andrés Bello y Universidad de Valparaíso, quienes expusieron sobre “El poder de las emociones como factor excluyente del acto delictuoso”.

El segundo día del congreso comenzó con la presentación del profesor Felipe González, de la Universidad de Valparaíso, con la ponencia “Emociones e imputación a título de dolo”. Posteriormente, se presentó el profesor Juan Pablo Castillo, de la Universidad Alberto Hurtado, quien expuso sobre “Emociones y atenuación por celo de la justicia”. Finalmente, fue el turno del profesor Guillermo Silva, candidato a doctor en Derecho, Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg (Alemania), cuya presentación versó sobre “Las emociones como criterio de determinación de la gravedad del hecho”.

El cierre del Congreso Internacional “Emociones y Responsabilidad Penal” estuvo a cargo de la profesora Lucía Risicato, de la Universidad de Messina (Italia), cuya conferencia de clausura trató sobre la temática “Emociones y culpabilidad”.

El registro audiovisual del Congreso Internacional “Emociones y Responsabilidad Penal” se puede revisar en los siguientes enlaces:

Jornada miércoles AM: https://www.youtube.com/watch?v=t5watNyQ6Rg

Jornada miércoles PM: https://www.youtube.com/watch?v=_7ROMEOO__I

Jornada jueves AM: https://www.youtube.com/watch?v=F2_RcrCboNQ

Jornada jueves PM: https://www.youtube.com/watch?v=_7ROMEOO__I

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Escuela de Derecho UV fue sede de tradicional encuentro entre docentes de ambos países.

La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso fue sede de las IX Jornadas Chileno Argentinas de Derecho Administrativo, ocasión en que especialistas de universidades de ambos países se reunieron en torno al debate y estudio comparativo de la regulación jurídica existente en Chile y Argentina sobre el procedimiento administrativo.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas, y en ella se dieron cita docentes de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y de distintas universidades chilenas, considerando la Universidad de Valparaíso, UAI, UNAB, PUCV, Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad de Los Lagos.

La presentación de las IX Jornadas Chileno Argentinas de Derecho Administrativo versó sobre “El procedimiento administrativo en el derecho argentino y chileno”, y fue dictada por los profesores titulares de Derecho Administrativo y organizadores del evento anual, Ernesto Marcer (Universidad de Buenos Aires) y Juan Carlos Ferrada (Universidad de Valparaíso).

En sus palabras de bienvenida, el profesor Juan Carlos Ferrada indicó que “me parece increíble que una idea que fraguamos hace trece años en un restorán en la caleta Portales, con el profesor Ernesto Marcer, pudiera hasta el día de hoy mantenerse viva. Yo creo que a nivel académico esta es una de las cosas inéditas, que algo pueda mantenerse durante más de diez años con continuidad y cierta permanencia”.

“La gracia es que estas jornadas son para nosotros, para los académicos, porque en ellas conversamos, dialogamos y debatimos, y lo hacemos alrededor de una mesa, que fue la idea original, y no como los seminarios tradicionales desde una perspectiva vertical. Aquí lo más relevante —sin quitarle mérito, por supuesto— no es la exposición que cada uno presenta, sino que el diálogo y el debate que se produce después, ya que eso nos enriquece a todos, y nos permite mirar nuestros derechos desde una perspectiva más crítica, además de reflexionar, comparar, mirar y algunas veces copiar algunas ideas que vamos recogiendo en estas actividades”, añadió.

Por su parte, el profesor Ernesto Marcer aseguró que “para los que no son creyentes, esta es la prueba de que los milagros existen, y milagrosamente seguimos después de tantos años, visitas y vicisitudes haciendo estas jornadas. Como dijo el profesor Ferrada, esto es para nosotros. Nos enriquece mucho conocer qué pasa en el otro país, de manera que uno puede apreciar las diferencias, algunas que las puede valorar como positivas y otras como negativas, pero el Derecho es la realidad, no es lo que queremos. Por lo tanto, esto nos sirve para conocer y para proponer modificaciones, que es la única forma de hacerlo”.

Presentaciones

En la primera jornada se llevaron a cabo ocho presentaciones, a cargo de los distintos docentes invitados. La exposición “Los principios básicos del procedimiento administrativo” estuvo a cargo de Fabián Omar Canda (UBA) y Loreto Valenzuela (PUCV); “Los procedimientos administrativos generales y especiales”, por Karina Cicero (UBA) y Magdalena Prieto (PUCV); “La legitimación activa en el procedimiento administrativo”, por Soledad Larrea (UBA) y Carlos Dorn (UV); “La prueba en el procedimiento administrativo”, por Claudio Omar Cavallo (UBA) y Francisco Santibáñez (UdeC); “La participación, audiencia y/o consulta de sujetos que no son parte en el procedimiento administrativo”, por Guillermo Scheibler (UBA) y Javier Millar (UBA); “Dictamen jurídico previo y estudios y/o informes técnicos interadministrativos”, por Ernesto Geijo (UBA) y Ricardo Badtke (PUCV); “El acceso del administrado al expediente y el derecho de defensa”, por Alfredo Silverio Gusmán (UBA) y Fabián Huepe (UdeC); “El silencio administrativo”, por María Rosa Cilurzo  (UBA) y Martín Loo (PUCV), y “La revisión de oficio en el procedimiento administrativo”, por Santiago García Mira (UBA) y Valeska Opazo (UCSC).

Durante la jornada final se presentaron cinco ponencias, las cuales correspondieron a “Los recursos administrativos”, por Patricio Sammartino (UBA) y Karen Asenjo (ULA); “Caducidad y prescripción como causales de extinción del procedimiento”, por Magdalena García Rossi (UBA) y Baltazar Morales (UdeC); “Los procedimientos administrativos electrónicos”, por María Cecilia Palazzo (UBA) y Christian Rojas (UNAB); “El procedimiento administrativo de emisión de reglamentos”, por Pedro Echeverría Garay (UBA) y Guillermo Jiménez (UAI), y “Los procedimientos administrativos de fijación tarifaria con especial referencia a los sectores de energía eléctrica y gas”, por Juan Santiago Pasquier (UBA) y Rodrigo Bermúdez (BCN).

Las IX Jornadas Chileno Argentinas de Derecho Administrativo fueron organizadas por la Universidad de Valparaíso y la UAI, y patrocinadas por los estudios jurídicos Vergara Galindo y Correa, Barros Silva Varela & Vigil, Moreno Sáez Avilés, y Ferrada & Asociados.

El registro audiovisual de la actividad se puede revisar acá: https://bit.ly/3Fysc7p.

Fotos: Matías Salazar / Texto: Camila Cortez

“Salud como derecho: avanzando hacia la universalización desde la salud familiar” fue el tema sobre el cual giraron las presentaciones, análisis y discusiones que consideró la Cuarta Jornada de Medicina Familiar a la que convocó la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, con el respaldo de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la sede regional del Colegio Médico y reunió a medio centenar de especialistas, profesionales de la salud, docentes, becados y estudiantes de pregrado, quienes participaron activamente en las diferentes charlas y mesas redondas que consideró su programa de actividades.

La jornada fue inaugurada por la vicedecana de la Facultad de Medicina, Susana Cáceres, quien durante el discurso que pronunció valoró la existencia de este espacio académico destinado a conversar y reflexionar acerca de las características y condiciones del sistema de salud en Chile y, por cierto, de las implicancias y los desafíos relacionados con la implementación de iniciativas gubernamentales destinadas a reformarlo y potenciarlo.

“En ese entendido, qué duda cabe que el objetivo de avanzar hacia la implementación de un modelo asistencial universal, desde la salud familiar, comprende un tema de gran significado e interés para esta Facultad y, desde luego, para la Escuela de Medicina, cuyas autoridades han respaldado, organizado y participado con gran interés en múltiples actividades destinadas a evaluar el impacto de propuestas como esta, que busca mejorar el sistema público de salud a nivel local, regional y nacional”, sostuvo la vicedecana.

Asimismo, la autoridad académica planteó que la atención de salud debe dejar de estar basada en un modelo que se centra en la enfermedad y que sigue radicado en los hospitales complejos y, por tanto, alejado de las realidad local y de las comunidades.

“Su enfoque debe ser el bienestar de las personas, planteamiento del que se hace cargo la propuesta de universalizar la APS y que representa una gran oportunidad para generar una real transformación en la formación médica y de todas las disciplinas del ámbito de la salud, y que a la vez es un llamado a las escuelas, facultades y universidades, en su conjunto, para que se hagan parte de ese proceso en forma colaborativa”, argumentó Susana Cáceres.

Posteriormente hizo uso de la palabra el jefe del programa de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la UV, Sebastián Fuentes, quien afirmó que para esa especialidad resulta esencial contribuir a la reflexión y la socialización de temas y asuntos como los descritos, con el fin de aportar a la comunidad, entregando ideas y miradas nuevas al aprendizaje de sus residentes y de otros profesionales de la salud.

Conferencias y mesas

El programa de actividades de la Cuarta Jornada de Medicina Familiar comenzó con la clase magistral que dictó Juan Pablo Rubio, médico de familia egresado de la UV e integrante del equipo del Ministerio de Salud que coordina la Comisión de la Reforma de la Salud, quien expuso sobre los principios y avances de la propuesta de universalización de la Atención Primaria de Salud (APS).

Ese tema fue más tarde abordado en detalle, en lo que respecta a la experiencia regional, en una mesa de conversación en la que participaron el director del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Cruz, Diego Ramírez, y la directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Tabo, Beatriz Piña, junto a la profesora del Departamento de Humanidades Médicas y Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la UV, Carolina Reyes.

Mas tarde correspondió intervenir a la representante de los Departamentos de Género y de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad de la sede regional del Colegio Médico, Catalina Paut y Laura Norambuena, quienes integraron una segunda mesa de conversación, en la cual abordaron el tema del enfoque de derechos desde la APS y la salud familiar. Moderó esta instancia la profesora Astrid Arévalo.
 
La jornada concluyó con una conferencia sobre los desafíos de la salud y la medicina familiar en el contexto de la universalización de la APS, dictada por la integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y vicepresidenta de CIMF, Andrea Didier.

Nota: Gonzalo Battocchio / Fotos: Matías Salazar

Actividad se desarrolló en el Liceo Politécnico América de Los Andes.

En el Liceo Politécnico América de Los Andes se desarrolló la primera Feria Científica Escolar "Medioambiente y salud", organizada por la Escuela de Tecnología Médica Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso y dicho establecimiento educacional.

La feria, que se enmarca en el proyecto de Vinculación con el Medio UVA 2295 "Conociendo el polen: comunidad saludable y cambio climático”, contó con la participación de diversos liceos y colegios públicos y privados de las provincias de Los Andes y San Felipe.

A la inauguración asistió la recién asumida vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso, Paulina Gundelach, en lo que fue su primera actividad oficial en el valle de Aconcagua.

La vicerrectora formó parte del jurado de la feria, la cual catalogó como “muy positiva, ya que para nosotros como Universidad participar activamente en este tipo de ferias con stands y conocer las iniciativas de los estudiantes es muy importante y refuerza la vinculación que tenemos con los territorios donde estamos insertos”.

La iniciativa buscó despertar el interés científico entre niños, niñas y adolescentes de la región a través de una experiencia participativa, donde los estudiantes expusieron sus proyectos relativos a la salud y el cuidado del medioambiente.

Participaron el Liceo Mixto de San Felipe, Liceo Bicentenario Amancay, Liceo Darío Salas de Santa María, Colegio Maristas de Los Andes, Liceo Comercial, Colegio Bicentenario Santa María de Aconcagua, Escuela España y el Liceo Bicentenario Politécnico América.

En la inauguración también estuvieron presentes el director de la Escuela de Tecnología Médica UV, Claudio Cuellar; el director del Liceo América, Walter Arancibia, y la jefa de carrera de Tecnología Médica del Campus San Felipe, Carolina Tapia, quien representó al director del Campus, Francisco Pantoja.

Nota: Iván Pereira

Estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional de la UV será lanzado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.

Producto de varios meses de preparación, aplicación y procesamiento de los datos recogidos, el primer Barómetro Regional, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso, ya está listo para salir a la luz pública.

Para obtener los resultados que permitieron confeccionar este inédito Barómetro Regional, entre y julio y septiembre de este año se aplicó una encuesta a 809 personas de nueve comunas: las siete capitales provinciales y las dos ciudades con más de cien mil habitantes de la Región de Valparaíso, es decir, Viña del Mar y Villa Alemana. El instrumento constó de 44 preguntas, distribuidas en seis dimensiones temáticas y una dimensión de caracterización sociodemográfica.

El Barómetro Regional será presentado oficialmente este jueves 19 de diciembre, desde las 10:00 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, ubicada en Hontaneda 2653, Valparaíso.

Objetivo

El principal objetivo para la implementación del Barómetro Regional es producir información confiable en el seguimiento y comunicación de políticas públicas, como también colaborar con la legitimidad, transparencia y comprensión de políticas públicas con implicancias en la región, el cual considera el monitoreo de temáticas relevantes del quehacer comunal, regional y nacional en diferentes tópicos.

Es importante señalar que el formulario se elaboró de manera colaborativa, ya que en los encuentros temáticos provinciales que el Observatorio realizó durante el año 2023 se preguntó a autoridades, representantes del sector privado y de la sociedad civil sobre los tópicos de su mayor interés.

Uno de los elementos más valiosos de este Barómetro Regional es lo exhaustivo que resultó el estudio, que entregó 201 variables sobre una diversidad de tópicos, que lo convierten en un objeto de referencia, análisis y estudio para quienes necesiten información objetiva y fidedigna sobre cómo los habitantes de la región perciben las políticas públicas que se ejecutan en ella. De hecho, el informe completo consta de 376 páginas y estará disponible desde este 19 jueves en https://odp.uv.cl/.

Por ejemplo, en la dimensión Habitabilidad y Desarrollo Urbano, los encuestados respondieron sobre su grado de satisfacción con la frecuencia del transporte público, la limpieza de las calles, la cantidad de áreas verdes, el estado del alumbrado público, la presencia policial y la seguridad en los espacios públicos.

En Cultura e Identidad Territorial, los entrevistados contestaron sobre el grado de identificación con su barrio, ciudad, provincia y región, y esos datos se compararon con el nivel de pertenencia que sienten respecto a Chile.

En cuanto a la dimensión Contingencia y Política, los participantes pusieron nota a todos los representantes populares, incluyendo parlamentarios de sus distritos, alcaldes, concejales, cores y el Presidente de la República, además de ubicarse a sí mismos en el espectro ideológico que va desde extrema derecha a extrema izquierda, y manifestaron su opinión respecto a temas como el aborto y la pena de muerte.

En Actividad y Desarrollo Económico, los encuestados evaluaron su situación financiera personal y la proyectaron a doce meses, con variaciones importantes en los resultados. También se manifestaron sobre el empleo informal, sobre sus ingresos y sobre la oferta laboral.

En cuanto al aspecto sociodemográfico del estudio, se recogió data sobre el origen de los Habitantes de la Región y el tiempo de residencia en la misma, sobre la cantidad de personas que habitan cada hogar y el promedio de ingresos familiares.

En la dimensión Medioambiente y Cambio Climático, se preguntó a los entrevistados por su convicción sobre la realidad del calentamiento global y de quién es la responsabilidad de este fenómeno, el impacto en su salud, en su fuente laboral, en la calidad de vida en su ciudad y en la aparición de conflictos en su comunidad.

Finalmente, en la dimensión Desarrollo Social y Bienestar Humano los encuestados pusieron nota a su estado de salud física y mental y a sus relaciones familiares, y manifestaron cuáles son las políticas públicas en las que se debiera poner el foco.

Nota: Juan Pablo Salas / Foto: Denis Isla

Investigadores del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y de la Academia Politécnica Naval, utilizan una técnica inédita en Chile para evaluar el impacto del estrés en estudiantes, combinando análisis de biomarcadores con estrategias para mejorar el rendimiento académico.

Un innovador estudio, desarrollado en la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile en colaboración con la Universidad de Valparaíso, introduce, por primera vez en Chile, el análisis del cortisol en uñas como biomarcador del estrés acumulado. Esta técnica, precisa y no invasiva, permite evaluar los niveles de estrés crónico, en este caso, en estudiantes de la Academia Politécnica Naval. La investigación, liderada por la psicóloga Macarena Churruca, directora del proyecto Fonis 23I0179 y magíster en Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, y el doctor Pablo Moya, director alterno e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV UV), combina esta metodología pionera con intervenciones psicoeducativas para abordar el impacto del estrés en el rendimiento académico.

La psicóloga señaló que la idea surgió tras observar una disminución en el rendimiento académico de un grupo de estudiantes en comparación con años anteriores. “Un diagnóstico inicial reveló que estos alumnos presentaban niveles de ansiedad superiores al promedio, un indicador estrechamente relacionado con altos niveles de estrés", advirtió.
 
A partir de esta observación, el equipo de investigadores planteó la hipótesis de que abordar el estrés de manera efectiva, podría tener un impacto positivo en el desempeño académico.
 
El método seleccionado para medir el nivel de estrés es el análisis de cortisol en uñas. El cortisol, una hormona que aumenta sus niveles en situaciones de estrés, se acumula en tejidos como las uñas y el pelo. Según la investigadora, esta técnica ofrece una medida acumulativa y estable, menos invasiva que otras y no está sujeta a restricciones como los cortes de cabello obligatorios en la Armada.
 
“Además, tiene la ventaja de ser una medición retroactiva, permitiendo analizar la exposición al estrés durante semanas o meses previos. Este enfoque no solo es preciso, sino que también es único en Chile, especialmente en intervenciones que buscan combinar mediciones biomarcadoras con estrategias psicoeducativas”, relevó Macarena Churruca.

La investigadora explicó: “A diferencia de otros métodos como la saliva, la orina o la sangre, el análisis de uñas permite evaluar el estrés acumulado durante un período prolongado. Esto lo convierte en una herramienta más fiable para entender la carga de estrés crónica, evitando fluctuaciones momentáneas que pueden influir en métodos más tradicionales. La elección de este biomarcador garantiza resultados más representativos y adaptados al contexto académico militar”, sostuvo.

El proyecto no se limita a medir el estrés. De forma complementaria, se han diseñado estrategias psicoeducativas, que incluyen talleres enfocados en la identificación de factores estresantes, técnicas de relajación progresiva, ejercicios de respiración consciente, y la identificación de estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos.

“Estos talleres están diseñados para abordar tanto los aspectos emocionales como prácticos del manejo del estrés. Por su parte, la Universidad de Valparaíso actúa como un socio estratégico del proyecto, colaborando en el análisis de las muestras de uñas para garantizar que los resultados biomarcadores sean procesados con el máximo rigor científico”, expresó.

En esa línea, el procesamiento de los datos estará a cargo del investigador Rodrigo Marió, quien integra los resultados biomarcadores con indicadores psicológicos y académicos para realizar un análisis estadístico completo: “Estamos construyendo un modelo que no solo ayuda a entender el estrés en este contexto específico, sino que puede ser replicado en otros entornos educativos y laborales”, señaló.

Los hallazgos de este proyecto, junto con tener tienen implicancias prácticas inmediatas, abren nuevas líneas de investigación, aseguró Macarena Churruca.

“Este proyecto establecerá un modelo replicable para abordar el estrés en contextos similares, aportando una base de conocimiento interdisciplinaria que combina biomarcadores, psicología y educación. Los resultados y la metodología podrán ser adaptados para futuras investigaciones en la Universidad de Valparaíso, fortaleciendo su liderazgo en estudios sobre salud mental y rendimiento académico en Chile y América Latina. Además, se espera que esta experiencia fomente nuevas líneas de investigación y colabore con otros contextos educativos y laborales donde el manejo del estrés sea crucial”, concluyó la psicóloga, magíster en Neurociencias.

Nota: Pamela Simonetti