Sobre estos y otros temas giró el segundo simposio “Acompañamiento integral al final de la vida”, que organizaron la Escuela de Enfermería y el CEI-TESYS de la Facultad de Medicina de la UV, con el respaldo del Instituto Universitario de Investigación en Bioderecho (IUIB) de la Universidad de Murcia, España.
Las implicancias del suicidio clínicamente asistido al amparo del derecho, así como el impacto que la muerte de un paciente provoca al personal sanitario y la necesidad de generar un plan de acompañamiento para que los profesionales de la salud logren enfrentar de mejor manera este tipo de situaciones fueron parte de los temas analizados durante el desarrollo de segundo seminario “Acompañamiento integral al final de la vida”.
Organizado por la Escuela de Enfermería y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad (CEI-TESYS) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación en Bioderecho (IUIB) de la Universidad de Murcia, España, el encuentro convocó a especialistas, docentes, estudiantes e investigadores.
Los expositores invitados a la versión 2026 de este seminario fueron el abogado chileno y doctor en Bioderecho Nelson Rodríguez, académico del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Murcia e investigador del IUBI; la enfermera clínica Esther Ulloa, adscrita a la Unidad de Diálisis del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, y la enfermera María Gabriela Vivanco, docente e investigadora de la Escuela de Enfermería de la UV, sede San Felipe.
Su participación fue destacada tanto por la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Paulina Gundelach, como por el director del CEI-TESYS, Nicolás Fuster, ambos docentes de la Escuela de Enfermería de esta casa de estudios, durante las palabras que pronunciaron al inicio de la jornada.
Morir al amparo del derecho
En su presentación, Nelson Rodríguez abordó las implicancias de la decisión de dar fin a la propia vida desde la mirada del bioderecho, en base a un análisis del suicidio clínicamente asistido.
De entrada, el académico e investigador de la Universidad de Murcia planteó que esa determinación compromete algo más que la mera disponibilidad de la propia vida, por cuanto obliga a precisar qué autoridad posee realmente un individuo sobre el final de su existencia y, a la vez, qué responsabilidades ostentan o deben asumir en esas circunstancias las instituciones encargadas de brindar cuidados.
Para Rodríguez, la respuesta a esta pregunta resulta sostenible solo si se reconoce la decisión de la persona, sin convertir su desprotección —el estado que suele experimentar quien se encuentra vulnerable por enfermedad— en un fundamento real.
“Esto nos exige examinar conjuntamente la dignidad, la autonomía, la protección de la vida y la justicia en el acceso de los cuidados. Pero en esto hay al mismo tiempo una dificultad, que desde el punto de vista del derecho reside en que los mismos principios sostienen respuestas contrapuestas”, precisó.
Al respeto, argumentó que la prohibición de poner fin a la propia existencia busca resguardar al individuo frente a presiones psicosociales o intereses de terceros, si bien en ocasiones, —sin quererlo— termina por imponerle sufrimientos insoportables. En contraposición, planteó que la autorización para ello reconoce su autodeterminación, aun cuando con ello se corre el riesgo de colocar a quien decide en un estado de abandono, si carece de las salvaguardias suficientes.
Por lo anterior, el abogado enfatizó en la necesidad de definir el concepto de la dignidad de cada persona como un valor inherente e incondicionado de la experiencia subjetiva del sufrimiento. Aludiendo a evidencia recogida, afirmó que cuando los pacientes manifiestan haber perdido su dignidad, suelen aludir a vivencias de humillación, ausencia de intimidad o dependencia no acompañada, situaciones frente a las cuales demandan respuestas clínicas compasivas y no la asunción de que una vida ha dejado de ser valiosa. Asimismo, y en línea con lo ya expresado, el académico e investigador invitó a asumir la autonomía no como un ejercicio individualista o aislado, sino como una capacidad relacional y situada en un cuerpo enfermo y un entorno asistencial.
En definitiva, Rodríguez afirmó que para que la voluntad de una persona sea jurídicamente relevante, no basta con entregar información. Se debe exigir comprensión, voluntariedad y la garantía de que la opción de seguir viviendo cuente con apoyos reales e infraestructura de cuidado.
El académico de la Universidad de Murcia cerró su presentación examinando algunos ejemplos de derecho comparado y marcos regulatorios de Alemania, Suiza, Austria, Oregón, Países Bajos y Luxemburgo. A ellos sumó la realidad chilena, con base en el artículo 393 del Código Penal y la Ley N°20.584, que restringen el auxilio al suicidio.
En lo específico, Nelson Rodríguez expresó que en nuestro país la justicia requiere visibilizar las desigualdades en el acceso a cuidados paliativos y la sobrecarga en las familias.
“El principal desafío del bioderecho consiste en que el Estado garantice condiciones efectivas de cuidado y acompañamiento para que nadie se vea empujado a morir por falta de recursos o desprotección, respetando al mismo tiempo la autoridad soberana de la persona sobre su propia biografía”, concluyó.
Duelo profesional
La segunda exposición que consideró el seminario sobre acompañamiento integral al final de la vida estuvo a cargo de Esther Ulloa, enfermera clínica del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, quien presentó el tema “Duelo profesional: cuando cuidar también transforma”.
Su intervención se basó en las vivencias y hallazgos que personalmente ha acumulado durante quince años de ejercicio profesional en unidades de diálisis, y también de cuidados intensivos pediátricos, con foco en el impacto emocional que la muerte de pacientes genera a quienes integran los equipos de salud y cómo esas situaciones derivan en un proceso de reconstrucción que afecta y modifica sus identidades.
La exdocente de la carrera de Enfermería de la UV explicó que en los servicios de atención prolongada —como las salas de hemodiálisis, donde una enfermera, enfermero o técnico comparte cerca de 600 horas anuales con cada usuario— se construyen vínculos terapéuticos efectivos inevitables, que convierten la muerte de un paciente en una pérdida personal y, en paralelo, derivan en una ruptura del cuidado.
A pesar del impacto que esto les causa, Esther Ulloa advirtió que la cultura sanitaria suele calificar la tristeza como una falta de profesionalismo, dando origen así al denominado “duelo desautorizado o no reconocido” o al “duelo silencioso”, procesos que normalizan que el personal sanitario guarde u oculte su sufrimiento, por carecer de espacios institucionales legítimos para expresarlo.
Como resultado de este acontecer, la enfermera clínica afirmó que la falta de elaboración de estas pérdidas acumuladas genera respuestas defensivas como el distanciamiento, el desapego, la fatiga por compasión y el agotamiento emocional, fenómenos que producen un desgaste que además de afectar la salud mental de los profesionales —quienes registran elevadas tasas de licencias por ansiedad y depresión—, degrada directamente la calidad de la atención, incrementa los riesgos clínicos y disminuye la humanización del cuidado.
Para contrarrestar esta situación, y como parte de un trabajo de investigación que se encuentra desarrollando con el afán de reconstruir la identidad del profesional de enfermería ante la muerte en esas condiciones, la enfermera del hospital Gustavo Fricke propuso una estrategia basada en una revisión sistemática de la literatura internacional que abarca la esfera individual (apoyo entre pares, desahogo privado, espiritualidad y rituales simbólicos), organizacional (debriefing, formación continua en final de la vida y ajuste de cargas laborales) y social (desmitificación de la insensibilidad profesional y revisión de roles de género) de los involucrados.
En tal sentido, sostuvo que de dicha evidencia se derivan seis recomendaciones institucionales clave para reconstruir la identidad de quienes atienden a pacientes en unidades críticas, cada una de los cuales apunta a establecer círculos inmediatos de contención, primeros auxilios emocionales, rituales de despedida permitidos, asignación rotativa según carga emocional, rutas formativas permanentes y espacios cotidianos para hablar explícitamente sobre la muerte.
Asimismo, e inspirándose en la teoría chilena de la reconstrucción de la herida en pacientes renales de la doctora Mariana Ramírez —y en las teorías de Robert Neimeyer y Afaf Meleis, dos referentes fundamentales en el estudio de las transiciones vitales, el cambio y los procesos adaptativos—, Esther Ulloa planteó que, así como el paciente cronificado debe aprender a vivir con su enfermedad, el profesional de enfermería debe aprender a convivir profesionalmente con la muerte.
A partir de este paralelismo, la exdocente de la Escuela de Enfermería de la UV propuso aplicar un modelo que definió como de Espiral de Reconstrucción del Profesional, el cual sostiene que el cuidador no regresa a su estado inicial tras un deceso, sino que inicia un proceso dinámico y permanente de reconfiguración de su identidad y del sentido de su labor.
La profesional añadió que según el acompañamiento institucional y colectivo disponible, esta transformación puede seguir una trayectoria de integración —marcada por un aprendizaje resiliente, mayor sabiduría, compasión y humanidad en el cuidado— o de desgaste, caracterizada por el endurecimiento emocional y el burnout.
“En definitiva, el desafío fundamental de las organizaciones de salud no consiste en evitar que el profesional se conmueva o rompa ante la muerte, sino en garantizarle las redes e instrumentos necesarios para reconstruirse de manera acompañada”, aseguró Esther Ulloa.
Una categoría integral
La tercera y última ponencia del encuentro la hizo la enfermera María Gabriela Vivanco, docente e investigadora de la Escuela de Enfermería de la UV, sede San Felipe, quien cursa el programa de Doctorado en Bioderecho que imparte la Universidad de Murcia.
Como parte del trabajo de tesis que presentará para optar a ese grado, la académica se dio la tarea de construir una categoría de acompañamiento profesional integral al término de la vida, desde la perspectiva jurídica, ética y clínica.
Para ello, actualmente levanta información sobre las experiencias de colegas que se han visto enfrentadas a ese tipo de procesos y cómo ellas ven demarcadas, potencializadas o despotencializadas sus capacidades por los marcos regulatorios existentes en Chile en este ámbito.
Vivanco centró así su ponencia en la configuración del acompañamiento profesional en el proceso de ayudar a un paciente a enfrentar la muerte como una categoría propia del bioderecho, a fin de elaborar un marco normativo y teórico que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de esa persona, resguardando de paso su fragilidad y condición de vulnerable frente a las dinámicas e imposiciones institucionales del sistema de salud.
Desde una perspectiva transdisciplinaria, la docente afirmó que el proceso de morir suele entenderse como un acontecer donde se produce una simbiosis de lo humano, social y existencial universal, que supera ampliamente los límites de lo puramente corporal o biológico. En tal sentido, apuntó que este planteamiento cuestiona la visión del sistema sanitario tradicional, en el que la muerte de un paciente tiende a ser percibida como un fracaso terapéutico o institucional, en lugar de asumirse como parte natural de la existencia.
Si bien Vivanco valoró el trabajo comunitario de los profesionales de la salud capacitados para brindar apoyo emocional, físico e informativo continuo a las personas que se enfrentan al fin de su vida, durante su intervención fue más allá y propuso dar curso a una formación especializada de profesionales sociosanitarios, para que articulen planes de cuidado integrales sustentados en un cuerpo teórico interdisciplinario.
“El acompañamiento profesional se sostiene en principios como el amor entendido como el deseo genuino de evitar el sufrimiento ajeno, la presencia compasiva, la palabra sanadora, la escucha en el silencio, la ética relacional y la ritualidad. Este proceso contempla diversas etapas progresivas que inician con la preparación interior del acompañante y el primer encuentro de cuidado, continúan con la presencia activa durante la agonía y los cuidados post mortem, y concluyen con los ritos de despedida, la memoria y la elaboración del duelo. Todas estas acciones integran dimensiones de carácter físico, emocional, espiritual, comunitario y simbólico”, aseveró.
No obstante, María Gabriela Vivanco subrayó que este tipo de alternativas enfrenta barreras estructurales y burocráticas propias de las unidades clínicas rígidas. Por tal motivo, postuló la necesidad de flexibilizar entornos como las unidades de pacientes críticos para permitir una despedida familiar segura.
“Como hipótesis central, planteo que el acompañamiento profesional trasciende el ámbito puramente asistencial o ético para situarse como una categoría del bioderecho. Al integrar dimensiones fenomenológicas, clínico-institucionales y ético-jurídicas, esta categoría busca resolver los vacíos normativos del marco sanitario chileno, sirviendo como un puente mediador entre las decisiones clínicas, la gestión hospitalaria y los valores y voluntad soberana de la persona al final de su vida”, sostuvo la enfermera e investigadora de la UV.
El segundo seminario sobre acompañamiento integral al final de la vida que organizaron la Escuela de Enfermería y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad (CEI-TESYS) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, concluyó con un conversatorio en el que los expositores intercambiaron algunos puntos de vista y respondieron preguntas de los asistentes.
Nota: Gonzalo Battocchio
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