El impacto que la eventual aprobación del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal podría generar a la educación inicial y los derechos de miles de niñas y niños, así como también a las condiciones de quienes ejercen labores profesionales en ese ámbito en Chile, fue el tema de análisis de un conversatorio para estudiantes que organizó la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso.
La actividad tuvo lugar en el Campus de la Salud de Reñaca, sede de la Facultad de Medicina, y en ella participaron como expositoras la directora nacional de la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), Susana Cristi, y la prosecretaria del comité chileno de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep), Berta Espinosa.
Ambas fueron presentadas por la profesora Carola Cacciuttolo, quien además de oficiar de moderadora, dio a conocer los lineamientos generales y las diferentes fases que ha debido enfrentar esa propuesta legislativa, que en la actualidad está siendo tramitada en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.
El encuentro incluyó la intervención de la directora de la Escuela de Educación Parvularia, Gudrun Marholz, quien a su vez destacó la importancia de abrir espacios de discusión y reflexión sobre materias relacionadas con el bienestar de las niñas y niños, la importancia de la disciplina en su formación y el rol que debe jugar la academia en la defensa o rechazo de determinadas normativas o políticas públicas.
Fin a un sistema de 160 años
Durante el conversatorio, la prosecretaria del Comité Chileno de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Berta Espinosa, sostuvo que si se llegara a implementar esta ley tal y como fue aprobada en general por la Sala del Senado, el escenario que se abre a nivel nacional es bastante complejo. “Si no se no se modifica sustancialmente, esta propuesta de ley podría destruir todo lo que se ha construido en 160 años a nivel de educación en Chile”, afirmó.
Asimismo, la representante de la Omep sostuvo la tramitación de esta iniciativa debiera una mirada desde las políticas públicas y, por cierto otra que abarque el sentir de las familias, en cuyo seno —comentó— muchas veces no se comprenden ni valoran los alcances y beneficios que implica el hecho de que las niñas y los niños puedan acceder a una educación de calidad, impartida por educadoras y técnicos de párvulos, en especial en la etapa que va de cero a tres años, durante la cual se define gran parte de lo que definió como su “patrimonio cerebral”.
En su opinión, esto también contribuye a que a nivel político y ciudadano se tienda a considerar a organismos como Junji e Integra como “elefantes blancos”, en los que se gastan muchos recursos que, aparentemente, no se traducen en resultados positivos a corto plazo.
“Este enfoque y esa escala de tiempo están errados. Está probado incluso por economistas que las niñas y los niños que asisten a la educación inicial tienen, a largo plazo, un mejor rendimiento en todo a lo largo su vida. Por eso, más allá de lo que reciban en sus entornos, se necesita que su cuidado e instrucción en esa etapa de la vida esté a cargo de profesionales de la educación, y no bajo la supervisión de cualquier persona, que es algo que el proyecto de ley en cuestión podría validar”, acotó Berta Espinosa.
Mejoras insuficientes
Una visión similar expresó Susana Cristi, quien planteó que el proyecto de Sala Cuna Universal es a todas luces “nefasto”. A su juicio, este no se hace cargo de las niñas y niños, ya que su eje está en la definición de un sistema de cuidadoras que en definitiva promueve el lucro. “Tampoco apunta en la dirección correcta en cuanto a fortalecer la educación pública, su calidad, y potenciar a la educación parvularia, cuyos énfasis y aportes han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro país a lo largo de su historia”, dijo.
No obstante, la directora nacional de Aprojunji argumentó que, afortunadamente, gracias a la introducción de algunas indicaciones sustitutivas que se valoran, en particular aquellas relacionadas con el tema del reconocimiento oficial del sistema de cuidados y guarderías, este proyecto ha mejorado.
“Aun así, y en esto no hay que perderse, sigue siendo un mal proyecto, porque en definitiva introduce una gran inestabilidad a la educación inicial en materia de financiamiento y, sobre todo, en lo que dice relación con el resguardo del derecho que tienen los niños, las niñas y sus familias a tener acceso a una educación inicial de calidad, con estándares asegurados”, advirtió Cristi.
Las intervenciones de ambas expositoras fueron seguidas con atención por más de un centenar de estudiantes de la carrera de Educación Parvularia de la UV, que también contribuyeron al análisis del tema mediante la formulación de preguntas y comentarios.
Tramitación
El proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, cuyo propósito esencial es terminar con la discriminación laboral que afecta a las mujeres, al establecer el derecho de acceso a sala cuna de las madres trabajadoras, con independencia del número de ellas que se desempeñen para un mismo empleador, fue aprobado en general por la Sala del Senado, el pasado martes 2 de abril, al recibir 24 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones.
La iniciativa presentada en 2022 también busca, entre otras cosas, establecer un fondo a partir del cual se entregará un aporte a los empleadores de trabajadores dependientes, a los empleadores de personas naturales y a los trabajadores independientes, para contribuir al financiamiento de la provisión de la sala cuna. Además, crea un registro nacional de cuidadores, con el objetivo de incorporar en una sola plataforma los antecedentes actualizados de quienes cumplen esa función con niñas y niños menores de dos años.
Sin embargo, su contenido ha generado una serie de dudas, por lo que varios legisladores presentaron indicaciones a dicho proyecto, las cuales deberán ser analizadas y discutidas en detalle en las comisiones de Trabajo y de Educación del Senado.
Quienes se oponen a este proyecto, tal y como fue aprobado en general, alegan que aun cuando este busca ampliar un derecho de las mujeres trabajadoras, lo hace en detrimento de los derechos de las niñas y los niños, al no cautelar la calidad ni la seguridad de las propuestas de educación inicial, ya que facilita que personas que no son profesionales del área se hagan cargo de ellos.
De igual modo, sostienen que contribuiría a precarizar el ámbito laboral de educadoras y técnicos de párvulos, por cuanto financiaría solo propuestas privadas y no incorporaría recursos para aumentar la cobertura pública de salas cunas, a pesar de que menos del seis por ciento de las salas cunas privadas cuentan con autorización de funcionamiento a nivel nacional.
Nota: Gonzalo Battocchio
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