Especialistas analizaron respuesta institucional en materia de DD.HH. en contexto de estallido social
Primera sesión del ciclo de conversatorios “Estallido social y Derechos Humanos en la Región de Valparaíso” contó con la participación de Gonzalo Marks (URAVIT) y Sylvana Mariangel (INDH).

Un extenso análisis sobre cómo las instituciones públicas respondieron en materia de Derechos Humanos en el contexto del denominado estallido social del 19 de octubre, llevaron a cabo profesionales y especialistas en la primera sesión del ciclo de conversatorios “Estallido social y Derechos Humanos en la Región de Valparaíso”, organizado por la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y transmitido a través del Facebook de la unidad académica.

La actividad llevó por título “Repuesta institucional en materia de Derechos Humanos” y participaron Sylvana Mariangel, abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y Gonzalo Marks, jefe de la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT) de Fiscalía. Moderó la profesora de Derecho UV Inés Robles, coordinadora de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos.

En su introducción, la académica destacó la importancia del ciclo, ya que “como Clínica asumimos un compromiso en materia de Derechos Humanos, respecto al tratamiento de las causas que se generaron a propósito del estallido social, y nos interesa que este tema siga en la vista y en la mira a pesar del contexto en que nos encontramos”.

Evitar impunidad y reparación a las víctimas

La abogada regional del INDH, Sylvana Mariangel, inició su presentación explicando que la entidad “es un organismo público cuyo mandato legal es la promoción y protección de Derechos Humanos de las personas que habitan en el territorio nacional”.

“Cuando comienza el estallido social, la oficina de INDH Región de Valparaíso estaba compuesta por seis personas: el jefe regional, dos abogadas, un profesional de ciencias sociales, una asistente administrativa y un conductor. En ese contexto la oficina se vio disminuida en las posibilidades de actuación en cuanto a personal, por la cantidad de denuncias que se recibieron masivamente, que fueron más de dos mil por múltiples vías, de las cuales depuradas a la fecha tenemos mil 48. Tuvimos que tomar una decisión estratégica parar abordar la situación, y allí fue fundamental la coordinación con otras instituciones públicas, como la DPP, los servicios de salud y URAVIT. Esto fue clave porque era imposible estar simultáneamente en muchas partes, éramos solo dos abogadas para toda la región, y el equipo fue reforzado con tres abogadas más”, explicó.

Indicó que la sede de Valparaíso del INDH es la primera que se instaló a nivel regional, “y desde 2013 a 2018 había un total de diecinueve querellas presentadas, seleccionadas muy rigurosamente, casos de interés público y de gravedad. Esto es importante porque en este contexto de crisis social cambia la lógica y se decide tomar querellas ante todos los casos posibles. Actualmente sólo en contexto de estallido social tenemos doscientas diez querellas presentadas”.

“Si pensábamos que el poder abordar esas denuncias ya era complejo por la cantidad, creo que el gran desafío está, más allá de presentar las querellas pendientes, en la tramitación de las querellas, evitar la impunidad, no invisibilizar los casos y que exista una política estatal en materia de reparación a las víctimas”, añadió.

Importancia de la coordinación de instituciones

El jefe de URAVIT Valparaíso, Gonzalo Marks, inició su presentación explicando que “la unidad que dirijo es parte del Ministerio Público, donde se lleva a cabo el apoyo a las víctimas y la satisfacción de necesidades anexas al proceso penal que tienen ellas y los testigos durante la investigación”.

Detalló que en el estallido social “se genera un gran volumen de denuncias por atentados contra personas cometidas por agentes del Estado. Había un instructivo previo de la Fiscalía Nacional para las investigaciones y los apoyos que tiene que dar la unidad a las víctimas, pero que quedaba chico en este contexto. Llegaron rápidamente nuevas instrucciones a las distintas fiscalías regionales y lo que nos mandató fue ir buscar a las víctimas y hacer que la máquina funcionara, y la máquina para que un fiscal investigue un delito necesitaba la denuncia de las víctimas. Se generó una mesa de trabajo con distintas instituciones y actores civiles relacionados, para que con la investigación o el apoyo a un proceso penal pudiesen coordinarse para desatar nudos críticos que surgieran en la posibilidad de realizar la denuncia, y en las distintas diligencias de investigación que ésta requería”.

“Se convoca en esta mesa a INDH, la DPP, los servicios de salud de la región y la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la UV, entre otros. En algunos casos también concurrió el Colegio Médico, tuvimos unas reuniones más pequeñas con ONGs que se articularon por el estallido social para proteger a personas lesionadas en las marchas y protestas, y articulamos con el Servicio Médico Legal la realización de las pericias de casos con el Protocolo de Estambul. También incentivamos la asistencia médica de personas que lo requirieron en algunos tratamientos y la asistencia a las diligencias de investigación, y derivamos mucho a la clínica de la UV, al INDH, a la Corporación de Asistencia Judicial y a la Secretaría de Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior”, cerró.

Ambos expositores explicaron además que ante un eventual nuevo estallido social, las instituciones están mucho mejor preparadas, considerando los aprendizajes obtenidos a partir de la experiencia desarrollada desde octubre de 2019. Finalmente, se generó un diálogo en torno a las preguntas planteadas por las personas que seguían la transmisión en vivo.

La segunda sesión del ciclo se denominará “Sociedad civil y protección a los Derechos Humanos”, y en ella expondrán Alicia Zúñiga, presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humamos de Valparaíso; Paola Leiva, del colectivo Dignidad Aconcagua y Derechos Humanos, y Daniela Mercado, observadora de derechos humanos. La actividad será moderada por la profesora de Derecho Paula Gutiérrez, y será transmitida en vivo desde las 17:30 horas a través del Facebook Derecho Universidad de Valparaíso.

Publicado martes 18 de agosto de 2020
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