Secretaria de Facultad, Marcela Aedo, fue parte del encuentro llevado a cabo en San José, Costa Rica.
La profesora Marcela Aedo, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, participó recientemente en la Reunión Consultiva Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la aplicación de las Reglas de Bangkok, llevada a cabo en la ciudad de San José (Costa Rica), bajo la organización del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), el Thailand Institute of Justice, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realiza cada 25 de noviembre.
En la jornada, la profesora Marcela Aedo, quien es secretaria de Facultad de Derecho, presentó la ponencia titulada “La situación de las adolescentes en conflicto con la Ley Penal: una aproximación general”. En la instancia, la académica explicó que el marco de análisis de la temática corresponde a la criminología feminista y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CDN, Belém do Pará y Reglas de Bangkok).
A modo de contexto, detalló que las adolescentes en conflicto con la Ley Penal son jóvenes entre catorce y dieciséis años que se desarrollan en sectores urbanos pobres y con alta delincuencia, quienes presentan mal desempeño académico y abandonan el colegio, además de consumo problemático de alcohol y drogas, y con necesidades médicas y de salud mental no cubiertas. Por otro lado, experimentan sentimientos de opresión y carencia de esperanza en el futuro.
“También tienen necesidades diferentes de las de sus pares masculinos, pues con frecuencia han sufrido experiencias de maltrato, abuso infantil y explotación, muchas veces perpetradas por familiares cercanos. Muchas de ellas serán jefas de hogar solteras, con todas las implicaciones de pobreza y dificultades parentales que ello conlleva. Presentan baja autoestima, con alta incidencia de conductas suicidas”, añadió.
“Diversos estudios reportan que presentan mayor prevalencia de trastornos mentales en general, un 84 por ciento con respecto al 27 por ciento registrado en sus pares varones (por ejemplo, Estados Unidos). El menoscabo en la salud mental de las adolescentes se vincula a la afectación por trastorno de estrés postraumático, victimización por violencia intrafamiliar y alteraciones del comportamiento que acompañan el abuso de substancias”, puntualizó.
Destacó además que un caso paradigmático en términos de vulnerabilidad y vulneración de derechos es la situación que viven las niñas y adolescentes privadas de libertad bajo los Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Derechos tales como la salud mental, derechos sexuales y reproductivos y derecho a vivir una vida libre de violencias —especialmente abuso físico y sexual—, son especialmente afectados durante la privación de libertad, según los estudios internacionales en la materia”.
“Asimismo, diversos estudios dan cuenta de que las trayectorias de vida de las adolescentes, previo a su ingreso al sistema penal, se caracterizan por la exclusión y violencia. Situaciones tales como maltrato, abuso sexual y, en general, vulnerabilidad social y económica”, añadió.
Posteriormente, la académica Marcela Aedo hizo referencia a las adolescentes privadas de libertad y el trauma complejo en el caso de Chile, explicando que “las duplas profesionales psicosociales a cargo de los casos —en general un psicólogo/a y un/a trabajador/a social— señalan que estas jóvenes presentan expresiones tanto internalizantes como externalizantes del trauma complejo”.
“Las expresiones internalizantes se manifiestan en problemas de salud mental, tales como trastornos depresivos, ansiosos, trastornos de personalidad y trastornos del sueño. En el caso de las expresiones externalizantes del trauma complejo, en los relatos de las personas entrevistadas están presentes el consumo problemático de drogas, las conductas sexuales de riesgo y las autolesiones. Y, sobre todo, destacan la impulsividad y las conductas violentas”, detalló.
“Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se puede construir una clara obligación del Estado a la reparación de ese daño, considerando que se unen aquí al menos tres condiciones de vulnerabilidad: ser mujer, estar privada de libertad y ser adolescente (Belém do Pará; CIDN; Reglas de Bangkok). A pesar de lo anterior, el modelo de intervención de los centros cerrados no considera en su diseño el trabajo reparatorio en las vulneraciones previas que pueden haber vivido las adolescentes. Esto se fundamenta principalmente en el hecho de que los objetivos de dicho modelo están centrados en la responsabilización, evitar la reincidencia y la reinserción social de los y las adolescentes”, puntualizó.
Reunión Consultiva Regional
La Reunión Consultiva Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la aplicación de las Reglas de Bangkok corresponde a un evento que busca lograr un diálogo dinámico, que promueva la reflexión a partir de diferentes puntos de vista de actores estratégicos vinculados con la atención de mujeres privadas de libertad.
La actividad contó con la participación de profesionales de América Latina y otros países, donde pudieron compartir experiencias y analizar desafíos en cuanto a la privación de libertad de mujeres.
Las palabras de bienvenida de la jornada fueron entregadas por representantes de TIJ, Ilanud y Unodc, y posteriormente se presentaron diversas ponencias en torno a la temática central del evento, junto con trabajos en grupo y presentaciones plenarias.
El encuentro contó además con la visita al Centro de Atención Institucional Vilma Curling, donde los participantes pudieron conocer la situación de las mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas, así como los programas de inserción social y capacitación educativa y laboral impulsados por el Ministerio de Justicia y Paz de la República de Costa Rica.
Nota: Camila Cortez
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