Profesora Inés Robles fue parte de actividad organizada por el INDH y la Municipalidad de Valparaíso.
Sobre la labor que ha desarrollado la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso desde sus inicios y el trabajo en diferentes temáticas expuso su coordinadora, Inés Robles, en el segundo conversatorio organizado por el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) y la Municipalidad de Valparaíso, titulado “Instituciones y derechos humanos”.
La actividad fue moderada por Carlos Carroza, del INDH Valparaíso, y Gisela Escobar, del Área de participación y Derechos Humanos de SECPLA. Junto a la profesora de la Escuela de Derecho de la UV participaron Fernando Martínez, director regional del INDH Valparaíso, y Tania Madriaga, secretaria de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso.
En su intervención, Inés Robles se refirió al rol que la cumplido la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos en materia de promoción y derechos humanos en sus labores más recientes, además de su trayectoria de cincuenta años al servicio de la comunidad. Explicó que “desde el inicio el enfoque ha sido el acceso a la justicia de personas de escasos recursos. Se veían fundamentalmente causas en materias civiles, de familia, de policía local, del consumidor, penal y extrajudiciales. Los tiempos fueron cambiando y fue necesario ir adaptando las labores, porque sentíamos que podíamos hacer más desde este espacio”.
“Ya hacia el año 2018 iniciamos algunos cambios en la clínica, y decidimos iniciar un proyecto porque sentíamos que había una deuda pendiente en materia de derechos humanos y decidimos armar un piloto de clínica de migrantes y clínica penitenciaria, fundamentalmente con un enfoque en derechos humanos y también de género. En 2019 celebramos un convenio con el programa PRAIS del Ministerio de Salud, e iniciamos en conjunto un programa de prácticas judiciales en delitos de lesa humanidad, con el objeto de formar a nuestros estudiantes en estas áreas y delitos, y en el procedimiento”, añadió.
“Durante el denominado estallido social, los docentes que trabajamos en la clínica y otros profesores de la escuela tomamos la determinación de que no podíamos estar ausentes frente a la situación que estaba ocurriendo, en el contexto de que somos una universidad pública y tenemos una obligación desde esa perspectiva con la protección de los derechos humanos. Abrimos nuestras puertas para auxiliar a las personas que se estaban viviendo afectación de sus derechos, y empezamos un operativo de atención a víctimas. Se nos sumaron tanto docentes de la Escuela como una serie de voluntarios, y más de cien estudiantes de la Escuela, y nos desplegamos junto a otras organizaciones de estudiantes y de la sociedad civil en comisarías, juzgados, hospitales y centros de atención de emergencia. Presentamos recursos de protección en materia de derechos humanos que eran relevantes para nosotros, porque era la defensa de los ciudadanos de Valparaíso, pero también como universidad era nuestra obligación defender a nuestros estudiantes”, subrayó.
Detalló que durante la pandemia han seguido trabajando “con un equipo reforzado por Paula Gutiérrez y Cristián Rivera, que trabajan las causas de delitos que se cometieron a propósito de la violencia institucional durante el estallido social. De igual manera, se reciben todavía causas nuevas por situaciones ocurridas durante este periodo y, además, estamos atendiendo nuestra clínica general por medio de un formulario digital para que las personas desde sus propios celulares puedan acceder a la atención online y tramitaciones de causas”.
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