Sexta sesión de curso “La Constitución que queremos” contó con la participación de John Charney, Pablo Marshall y Daniela Accatino.
Un extenso análisis sobre los conceptos de imaginación constitucional y libertades expresivas, además del vínculo entre estos y la relación con las funciones de una constitución política, desarrollaron los invitados a la sexta sesión del curso “La Constitución que queremos: ideas para una nueva Constitución para Chile”, ciclo organizado por el departamento de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
En la instancia titulada "Las libertades expresivas en el imaginario constitucional" participaron John Charney (PUCV), Daniela Accatino (UACh) y Pablo Marshall (UACh). Moderó el académico de la UV Christian Viera.
Imaginación constitucional: pensamiento, texto y acción
John Charney se refirió a la imaginación constitucional aplicada a las libertades expresivas, indicando que trabaja en base al concepto de un profesor de Derecho Público de Inglaterra “que señala que la imaginación constitucional supone una relación entre pensamiento, texto y acción que permite explicar cómo una constitución organiza una asociación de personas en un agente común con identidad colectiva y modos comunes de acción”.
“Toda constitución requiere de un ideario que mueve a una asociación política a convertirse en un agente para intervenir en la vida en común. Además, están las palabras escritas, reproducidas en artículos para organizar el poder político y resguardar derechos y libertades fundamentales. Finalmente está la acción, ya que el texto requiere de una implementación a través de instituciones que hagan posible la actividad política. La constitución no puede entenderse única y exclusivamente como un texto, sino que más bien es una relación entre esa dimensión simbólica, el texto, y la práctica política que se produce a partir de ese texto. Un texto, por muy bien escrito que esté, si es que no tiene el elemento simbólico que le da apoyo y cohesión, entonces fracasa”, añadió.
“Desde la tradición republicana, la ley puede ser un instrumento que disminuye las estructuras de dominación y, si bien puede interferir el modo en que los liberales entienden que la ley puede hacerlo respecto de las libertades, si esa interferencia tiene propósitos legítimos y es producto de una organización política que trata a todos como iguales, no puede entenderse como una amenaza a la libertad, sino que como una forma de robustecer la libertad. Desde esa perspectiva es posible pensar en formas de regulación que intervengan en distintas dimensiones de los medios de comunicación, y que haga posible lograr una mejor distribución del poder comunicativo”, subrayó.
Regulación de la libertad de expresión
Pablo Marshall explicó que “la regulación no solo tiene el efecto de limitar la libertad, sino también puede emplear la libertad. Hoy está consagrado así: la libertad tiene límites, típicos límites que la doctrina constitucional establece como derechos de terceras personas, de honra e intimidad”.
“Un primer aviso de que la libertad de expresión no es ilimitada es que no puedes decir todo lo que quieras, ya que esos límites son configurados a través del derecho penal. Los límites a la libertad de expresión están naturalmente asociados a delitos de calumnias e injurias, por un lado, y a los que implican quebrantamiento de esferas de protección. Pero no solo los derechos de las personas pueden constituir un límite a la libertad de expresión, sino que también pueden limitarse en el interés de la comunidad, y especialmente en interés de otros bienes colectivos importantes. Parte del valor de la libertad de expresión tiene que ver no solo con que permite que las personas individuales puedan expresarse, sino que esas expresiones individuales cumplen un rol colectivo, que permite la libre circulación de la información”, añadió.
“Otro aspecto para pensar en la libertad de expresión como un objeto de regulación es el pluralismo político, el cual típicamente pensamos como una dimensión del derecho de asociación, y yo creo que también tiene una dimensión en el derecho de expresión. Se basa en que todos los proyectos políticos tienen igual valor, y que todas deberían tener derecho a participar en democracia. Aquí yo creo que vivimos en un mundo en que eso se ha visto problematizado, por lo que quiero plantear interrogantes: ¿Es aceptable cualquier opinión en democracia?”, puntualizó.
Deliberación política y promoción del espacio comunicativo
Daniela Accatino indicó que “creo que traer a la arena del debate constituyente la cuestión de la memoria colectiva, es especialmente importante en un contexto como el chileno. En este momento, con la mirada puesta en el plebiscito y en el posible triunfo del apruebo, aspiramos de alguna manera a re-constituirnos, a volver a definirnos democráticamente como comunidad política”.
“Es importante hacer referencia a dos vehículos de memoria que pueden plantear cuestiones interesantes desde la idea de que en la discusión constituyente no debiéramos aspirar a una concepción de libertades expresivas, que bajo la imagen de las libertades negativas impida cualquier interferencia estatal, sino que tenemos una buena oportunidad para avanzar a una concepción que las asocia a la noción de libertad como no dominación, y que pueda justificar nociones que promuevan un espacio comunicativo que haga posible la deliberación”, explicó.
“El primero es el de la política de la memoria, un conjunto de medidas que promueven la dimensión colectiva de lo que se suele denominar derecho a la verdad respecto de graves violaciones de derechos humanos, entregando acceso público a su conocimiento e implementando una suerte de deber del estado de recordar. El segundo es la constitución de memoria, que es la mediación de la producción cultural, donde pensar en el rol del mediador de la producción cultural abre la pregunta por la conexión entre la concepción de las libertades expresivas y de los derechos culturales”, cerró.
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