Como miembro del Comité Ejecutivo del CRUCh, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, ha conocido por dentro las distintas fases del conflicto. Partidario de rectificar en materia de financiamiento de la educación superior, aquí analiza las claves de la situación.
Tensas y agotadoras han sido las últimas semanas para los rectores de las universidades tradicionales, cuyas organizaciones estudiantiles se mantienen en paro y/o tomas desde fines de mayo, como parte de una movilización que busca una completa reforma a la educación superior.
El movimiento no amainó con los anuncios del miércoles, cuando el Presidente Sebastián Piñera convocó a todos los sectores a alcanzar un Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), que contempla un Fondo para la Educación dotado de 4 mil millones de dólares y la creación de una Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, entre otras medidas.
Y si bien los integrantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) reiniciaron el diálogo con el Gobierno, aguardan conocer detalles como la distribución de los nuevos recursos antes de plantearse frente a la convocatoria.
Han sido días difíciles para todos, incluidos el Mandatario y el ministro Joaquín Lavín, cuya aprobación en la última encuesta Adimark acusó el impacto del paro y cayó a 31% y 46% respectivamente.
El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, ha tenido activa participación en los planteamientos de los rectores y en las conversaciones con miras a resolver el conflicto, como miembro del Comité Ejecutivo del CRUCh y del directorio del Consorcio de Universidades Estatales. Aquí revisa las claves de una compleja situación que, como él mismo señala, no se va a solucionar de un día para otro.
A la vez, el rector formula un llamado a los estudiantes para que, “reconociendo la legitimidad de esta causa, que apoyamos sin ambages, cuiden a sus instituciones y la convivencia con los demás actores de la comunidad universitaria, que también participan de este movimiento” porque “los actos de fuerza, como las tomas, dividen y alejan a quienes, participando de los fines de esta movilización, no comparten tales acciones”.
PRECISIONES NECESARIAS
—¿En qué porcentaje estima que los anuncios del Gobierno satisfacen las demandas de las universidades tradicionales en general y de las estatales en particular?
—No sé si se pueda establecer un porcentaje, pero sí creo que constituye una base para reanudar un trabajo de discusión de cara a construir un gran acuerdo por la educación en general y la educación superior en particular. El anuncio presidencial se hace cargo de grandes líneas de desarrollo, pero no necesariamente están allí precisiones indispensables para evaluar el alcance, los efectos y la eficacia que pueda tener un conjunto de medidas que por ahora solo están anunciadas de modo genérico.
—Los rectores pidieron más detalles respecto de los anuncios presidenciales. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa?
—Que no tengamos todavía una definición en el sentido de conocer cómo se va a distribuir este fondo complementario del presupuesto de Educación. Porque se trata de una cantidad interesante, pero que complementa el presupuesto total del Ministerio de Educación y eso puede significar que lo que vaya a educación superior finalmente no sea lo que se necesita. Pero esperamos conocer detalles la próxima semana.
FINANCIAMIENTO
—¿Habría que avanzar, como piden los estudiantes, hacia una educación gratuita por la vía de una reforma tributaria que implique aumentar impuestos para financiar el gasto?
—En mi opinión, en una sociedad no debiera existir la posibilidad de que la educación se compre o que haya algunos que puedan vender educación. Mucho menos el Estado puede contribuir a esa relación contractual a propósito de la educación, porque su primer deber es garantizar una educación de calidad para todos. Si eso se deja sujeto a la capacidad de pago de las personas, habrá educación de distintas categorías. El rol del Estado debe ser asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad equivalente; de lo contrario una sociedad no puede ser caracterizada como moderna, plural, inclusiva y equitativa.
—¿Usted encuentra que es factible volver por ejemplo al arancel diferenciado?
—Es una manera de ofrecer una educación de una calidad equivalente, recibiendo de parte de las personas una contribución en razón de las capacidades que las familias tengan. La educación siempre tiene un costo y cuando se habla de una mayor presencia del Estado, lo que se quiere decir es que la sociedad en su conjunto haga una mayor contribución, de modo que la calidad o el tipo de educación no dependa de la contribución que los padres puedan hacer. Entonces es en el sistema tributario donde finalmente se deciden las capacidades que tiene el Estado para atender a sus funciones prioritarias.
—Es políticamente impopular hablar de alza de impuestos como vía para financiar el costo de la educación superior.
—Pero también hay que tomar decisiones. Chile tiene una tasa de recaudación tributaria muy baja comparada con países desarrollados y de economías liberalizadas, y nuestro sistema tributario se basa fundamentalmente en impuestos indirectos, que deben pagar todas las personas cuando compran bienes o contratan servicios. Aquí ellas pagan mucho impuesto, pero no los patrimonios constituidos como sujetos jurídicos independientes. Chile tiene una tasa tributaria equivalente aun17%en el caso de los impuestos directos a la renta, mientras en los países desarrollados es de un 25%.
APORTES BASALES
—Algunos analistas plantean que con estos anuncios alrededor del 70% del presupuesto de la educación superior se destinaría más a los alumnos que a las instituciones por la vía del Aporte Fiscal Directo, el cual tendería más bien a bajar.
—Bueno, yo creo que allí tenemos una diferencia estructural con las propuestas del Gobierno. Se requiere un aporte basal a las instituciones públicas y no sólo apoyo a la demanda por docencia, porque las universidades llevan a cabo otras funciones. Una institución universitaria para ser tal debe hacer investigación, producir conocimiento, formación de postgrado sistemática, extensión cultural y académica, actividades que no cuentan con financiamiento y que pocos están dispuestos a apoyar. Dichas tareas fortalecen la calidad y la experiencia intelectual de los académicos y a su vez elevan el nivel de la docencia de pregrado. Tampoco es conveniente que esos costos se financien con los aranceles de pregrado, por eso se requiere un esfuerzo público para la producción de estos bienes públicos.
—¿Qué requisitos de calidad y acreditación debería cumplir el sistema universitario para que fuera socialmente rentable el aporte a los alumnos más que a las instituciones?
—Chile tiene un sistema muy heterogéneo de proveedores en educación superior y un sistema de acreditación que ha mostrado también precariedad. Por lo mismo, que el Estado esté disponible para transferir recursos a instituciones que no necesariamente cumplen con ciertos estándares o incluso que los sistemas de acreditación no aseguren la efectividad de esos estándares, desde luego cuestiona la validez de querer transferir solo recursos a los estudiantes para que ellos elijan —sin ningún criterio de elegibilidad— la institución a la que opten.
—También tendría que cambiar el sistema de acreditación.
—Nosotros hemos puesto como una urgencia que los cambios al sistema de acreditación vigente operen antes que aquellas medidas tendientes a no considerar el tipo de institución al que puedan acceder los estudiantes. Las modificaciones que hay que hacer al sistema de acreditación tienen urgencia y son una condición previa para poder dar más transparencia al sistema en su conjunto.
INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES
—¿En el proceso de diálogo con el Gobierno echó de menos la participación de los estudiantes?
—Es fundamental que los estudiantes y sus organizaciones formen parte de un acuerdo nacional porque han tenido la generosidad y la fuerza para interpelar a la nación, al sistema político y a las elites nacionales acerca de un problema que poco a poco hemos ido reconociendo como existente, y esto yo lo veo como un activo ciudadano, cultural y me atrevería a decir como un activo moral para el futuro de Chile. Estas manifestaciones no son mera consecuencia de agitación o vehemencia; son la expresión de jóvenes comprometidos con el país.
—¿Sin el concurso de los estudiantes este acuerdo puede ser muy frágil encuentra usted?
—Ciertamente, sin el concurso de los estudiantes el acuerdo no tendrá la eficacia, no tendrá la fuerza ni los efectos de integración y de inclusión que necesita una política pública de educación superior.
—Ya que siguen las tomas, ¿qué les diría ahora a los estudiantes?
—El movimiento estudiantil ha tenido triunfos importantes. Durante tres décadas al menos se había mantenido oculto e invisibilizado este conflicto estructural instalado en la sociedad chilena. La denuncia, la protesta y la movilización han permitido llevar este debate al más alto nivel, hasta el punto que el Gobierno ha tenido que proponer un conjunto de medidas, cuyo alcance se está analizando. Pero también los estudiantes tienen que considerar que estamos frente a un conflicto que no se va a resolver de un día para otro. Ha habido avances que su movimiento debe reconocer como propios. Sin embargo, las instituciones de educación superior soportan un daño que, estoy seguro, ellos comprenden. En ese sentido debiera haber una forma de compatibilizar la denuncia y la protesta con una progresiva normalización de las actividades académicas.
PROHIBICIÓN DEL LUCRO
—¿Es un camino adecuado que la legitimidad o ilegitimidad del lucro en la educación superior se discuta en el Parlamento?
—Yo creo que la discusión va a terminar allí porque será materia de ley. Sin embargo, los rectores hemos sido insistentes en el sentido que la legislación vigente prohíbe el lucro en las instituciones de educación superior, específicamente en el caso de las universidades. Hemos sostenido que se debe velar de un modo efectivo porque se cumpla con la legislación vigente.
—¿Cree que las universidades privadas con fines de lucro tienen derecho a existir?
—Yo creo que en educación no debiera existir el lucro. Esto no significa que no haya un legítimo derecho a la actividad privada en educación y en consecuencia que haya personas y sujetos jurídicos colectivos que se constituyan para prestar funciones educacionales, a efecto de garantizar la libertad de enseñanza, el pluralismo y la opción para que las personas no tengan solo al Estado como proveedor de educación. Pero introducir el lucro como un fin o como un propósito de la función educacional, pone en riesgo valores y funciones que no se pueden abandonar ni arriesgar en la educación superior, como la investigación.
DEBATE INELUDIBLE
—Usted ha planteado la necesidad de iniciar un debate profundo sobre la educación.
—En materia educacional a mí me parece que Chile necesita de un debate profundo, que toma tiempo. Los países, como las personas, podemos cometer errores, entusiasmarnos con cierta smodas e ideologías y dejarnos caer en la tentación, pero también podemos retrotraernos y rectificar cuando democráticamente resolvemos que ciertos procedimientos o modos de organizarnos no nos han llevado por un buen camino.
—En este caso, rectificar en el financiamiento de la educación.
—El financiamiento de la educación superior yo creo que ha sido un error estratégico para Chile. Lo importante es que tengamos una discusión porque hay algunas decisiones que no se tomaron en democracia, sino cuando había un gobierno cuyo fundamento político era la fuerza. Es hora de que esas decisiones se revisen y la autocrítica debiera ser por qué no lo hemos hecho antes. Respecto del sistema de educación en general hay muchas críticas y entonces uno debería preguntarse: ¿si el lucro en educación básica y media no ha tenido los efectos que en teoría iba a tener, no debiera ser ese un elemento para revisar también lo que hemos hecho en esos niveles de enseñanza?
—¿Y por qué no se hizo antes?
—Creo que en Chile nos ha faltado decirnos las cosas con franqueza, somos buenos para evitar la discusión y eso nos ha llevado a que algunos problemas, lejos de solucionarse, se vayan acumulando. Y cuando eso ocurre, bueno, se acumulan conflictos, energías y rabias. ¿Cómo no va a haber en Chile capacidad suficiente para que nos pongamos de acuerdo en formas que eviten tener estos bolsones de malestar y resentimiento, que finalmente no se sabe hacia dónde pueden derivar? No hay por qué temer a un debate profundo, doctrinario. Y creo además que es posible llegar a acuerdo.
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