Vicedecana Patricia Reyes, profesor Rafael Ríos y académica del Magíster en Derecho Lorayne Finol presentaron investigaciones en el encuentro internacional que reunió a especialistas e instituciones comprometidas con la integridad pública y la democracia abierta.
La vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Patricia Reyes; el profesor de la Escuela de Derecho Rafael Ríos; y la profesora del programa de Magíster en Derecho Lorayne Finol participaron en el Undécimo Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, realizado en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
El encuentro convocó a especialistas, representantes de instituciones y profesionales de distintos ámbitos con el propósito de impulsar la transparencia, la integridad pública y la democracia abierta, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias frente a los desafíos que enfrentan las instituciones en estas materias.
Los tres integrantes del cuerpo académico de la Escuela de Derecho participaron en la mesa de trabajo titulada “Igualdad de género desde la perspectiva de la transparencia”, coordinada por Patricia Reyes junto a Daiana Mailén Bouzo, consultora internacional en derechos humanos e igualdad de género. En esta instancia, presentaron investigaciones que abordaron los riesgos asociados al uso de sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial, así como sus implicancias para la igualdad de género, la protección de los derechos fundamentales y la calidad de la democracia.
Transparencia algorítmica y prevención de la discriminación de género
En modalidad presencial, la vicedecana Patricia Reyes presentó la ponencia “Auditoría algorítmica contra la discriminación y sesgos de género de decisiones automatizadas”, centrada en el análisis de las nuevas formas de discriminación surgidas del uso de tecnologías de información y comunicación, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial generativa.
El trabajo expuesto examinó cómo las decisiones automatizadas reproducen o profundizan sesgos de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a otros colectivos vulnerables en razón de su identidad de género. Asimismo, abordó las consecuencias de estas prácticas para el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo, cuyos efectos trascienden el entorno digital.
A partir de una revisión de literatura especializada, estudios empíricos, artículos académicos, informes de organismos internacionales y marcos normativos, complementada con un análisis comparado de experiencias institucionales, la ponencia examinó herramientas y mecanismos de transparencia y auditoría para enfrentar estos desafíos.
La exposición puso el foco en la necesidad de avanzar hacia respuestas institucionales y regulatorias que permitan prevenir, sancionar y erradicar estas formas de discriminación, contribuyendo al diseño de políticas públicas capaces de resguardar los derechos fundamentales frente al desarrollo de sistemas automatizados.
Deepfakes y violencia digital contra las mujeres en la vida pública
Por su parte, el profesor de la Escuela de Derecho Rafael Ríos participó en modalidad online con la ponencia “Deepfakes y violencia digital basada en género: la inteligencia artificial generativa como herramienta de desinformación contra las mujeres en la vida pública”.
El trabajo expuesto analizó el uso de contenidos sintéticos generados o manipulados mediante inteligencia artificial —conocidos como deepfakes— como mecanismos de desinformación y violencia digital dirigida contra mujeres que participan en espacios políticos, académicos, periodísticos e institucionales.
La investigación examinó cómo estas herramientas pueden utilizarse para desacreditar la imagen de las mujeres, afectar su credibilidad, inhibir su participación en la vida pública y debilitar la confianza ciudadana en el debate democrático. Para ello, recurrió a una metodología dogmático-jurídica, complementada con el análisis de casos recientes y estándares internacionales.
Asimismo, la ponencia revisó las principales respuestas regulatorias desarrolladas en el derecho comparado, identificando sus fortalezas y limitaciones frente a un fenómeno marcado por la rápida evolución tecnológica.
Entre sus principales reflexiones, el trabajo planteó que la manipulación sintética de imágenes, audios y videos no solo puede vulnerar derechos como la honra, la imagen, la privacidad y la igualdad, sino que también representa un desafío para la transparencia, la integridad informativa y la participación efectiva de las mujeres en los asuntos de interés colectivo.
Decisiones automatizadas en el ámbito penal y opacidad algorítmica
Finalmente, la profesora del programa de Magíster en Derecho Lorayne Finol presentó, también en modalidad online, la ponencia “Sistemas de decisión automatizada, sesgos y opacidad algorítmica: Estudio de caso sobre la transparencia en el Algoritmo de Sugerencia de Riesgo (ASR) en Chile”.
La investigación se centró en el Algoritmo de Sugerencia de Riesgo (ASR), desarrollado por el Ministerio Público de Chile para la prevención de la violencia intrafamiliar, en el marco de la Ley 20.066. El sistema busca optimizar la evaluación cotidiana del riesgo para contribuir a la protección de las víctimas; sin embargo, su implementación plantea interrogantes sobre los niveles de transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de reproducir sesgos de género.
El trabajo expuesto evaluó el impacto de la opacidad algorítmica en derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el debido proceso. Para ello, empleó un estudio de caso complementado con la técnica de investigación jurídica TARP Rule, con el propósito de identificar brechas normativas y examinar la relación entre el funcionamiento de la herramienta tecnológica y el marco legal aplicable.
Como contribución, la ponencia propuso un esquema de cumplimiento de transparencia algorítmica preventiva con perspectiva de género para el ámbito judicial. Entre sus conclusiones, destacó que la divulgación pasiva de información resulta insuficiente para satisfacer los estándares de gobierno abierto y garantizar una tutela judicial efectiva, por lo que se requiere avanzar hacia una transparencia proactiva que haga posible la auditoría de estos sistemas, la participación y la rendición de cuentas institucional.
Nota: Camila Cortez
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