El abogado y académico se refirió al tema durante el conversatorio “Políticas e instituciones de derechos humanos en Chile. Balances, desafíos y controversias en tiempos de cambios políticos", que organizaron las escuelas de Psicología y de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso para conmemorar los 53 años del golpe de Estado de 1973.
El exministro de Justicia y de Seguridad Pública Luis Cordero sostuvo que en Chile, al igual que en otros países y escenarios globales, se aprecia un intento coordinado para desmantelar el concepto mismo de los derechos humanos, que va más a allá de la mera intención de debilitar o diluir las iniciativas específicas vinculadas a la defensa y conservación de los actos de memoria.
El abogado y actual director del Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se refirió al tema durante el conversatorio “Políticas e instituciones de derechos humanos en Chile. Balances, desafíos y controversias en tiempos de cambios políticos", que organizaron las escuelas de Psicología y de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso para conmemorar los 53 años del golpe de Estado de 1973.
En el encuentro también participaron Mariana Zegers, escritora, docente e integrante del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y el académico y politólogo Omar Sagredo Mazuela, doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, investigador postdoctoral del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos (CEI-CPMDH).
La actividad reunió a un centenar de docentes, estudiantes y público general, y entre los asistentes figuraron el vicerrector de Investigación e Innovación de la UV, Fuad Hatibovic; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gonzalo Lira; el director de la Escuela de Psicología, Carlos Varas, y el director de la Escuela de Administración Pública, Eduardo Muñoz, quien también hizo las veces de presentador.
Contextos y justicia transicional
Durante su intervención, exministro de Justicia y de Seguridad Pública durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric afirmó, en primer término, que para comprender los debates sobre memoria, derechos humanos y democracia, es indispensable analizarlos dentro de sus contextos específicos y en el marco de la justicia transicional.
En el caso particular de Chile, sostuvo que —-inicialmente— la sociedad procesó las violaciones estatales a los derechos humanos priorizando la búsqueda de verdad y la acción judicial, lo que postergó la construcción de una política pública de memoria.
Al respecto, argumentó que la Comisión Rettig logró recabar cuantiosa información en un periodo muy breve gracias al trabajo previo de la sociedad civil y de jóvenes investigadores. No obstante, la presentación de su informe y el pedido de perdón presidencial generaron una fuerte reacción adversa en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el mundo político. A raíz de esta tensión y de la posterior detención del general Augusto Pinochet en Londres, el esclarecimiento de la verdad quedó prácticamente confinado al ámbito judicial. Aun así, acotó, el Informe Valech sobre prisión política y tortura permitió ampliar el conocimiento público sobre los testimonios y los centros de detención.
Debido a esta trayectoria, Cordero afirmó que el trabajo de memoria recayó de manera casi exclusiva en las organizaciones de la sociedad civil y de familiares de víctimas, y que debido a ello la respuesta del Estado fue tardía —simbolizada posteriormente en la creación del Museo de la Memoria— y se limitó mayoritariamente a otorgar financiamiento a sitios de recordación sin asumir una promoción activa, dejando la gestión de estos espacios sujeta a las coyunturas de cada gobierno.
En definitiva, y a la luz de lo señalado, el exministro aseveró que las sociedades que atraviesan procesos de justicia transicional enfrentan el desafío permanente de equilibrar verdad, justicia y memoria para garantizar la no repetición, ejercicio que en el caso de Chile, en su opinión, ha sido coyuntural y continúa siendo una discusión abierta con miras al futuro.
Impunidad biológica
En tanto Mariana Zegers, en su condición de integrante del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, planteo sus reparos a la forma en que el Estado chileno ha enfrentado a lo largo de las décadas el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo que ejemplificó en la entrega de las carpetas del Informe Rettig a las familias recién en 2025, tras 35 años, y en la lentitud con la que a su parecer ha actuado el sistema judicial.
Por lo anterior, la escritora y docente afirmó que estos dos aspectos evidencian una preocupante “impunidad biológica”, donde víctimas y victimarios fallecen sin verdad ni justicia, prolongando los dolores y traumas de los sobrevivientes y sus familias a través de las generaciones, debido a la persistencia de pactos de silencio.
Sobre esta base, planteó la necesidad de concebir la memoria como un derecho fundamental para la democracia, más ante el resurgimiento de lo que calificó como “el falso dilema entre seguridad y libertad”, que propugnan algunos sectores políticos.
En línea con lo ya expresado, Zegers dijo que la memoria debe transitar de un mero deber a una política pública basada en el derecho, al tiempo que enfatizó que recordar la violencia estatal y el abuso de poder resulta clave para prevenir la erosión de las instituciones democráticas y el avance de derivas autoritarias, pues la seguridad no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos humanos.
Asimismo, afirmó que los avances en verdad, justicia y recuperación de sitios de memoria han sido un logro histórico de la sociedad civil organizada y las agrupaciones de familiares. Sin embargo, retrucó, estos espacios atraviesan una severa precarización al depender de fondos concursables y de la negociación presupuestaria de turno, a lo que se suman algunas amenazas actuales, como la erosión de instituciones protectoras de derechos humanos, la falta de una educación en derechos humanos profunda, el auge del negacionismo y las propuestas de indultos para violadores de derechos humanos, tanto de la dictadura como del estallido social. Ante este escenario, la directora de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi concluyó que las organizaciones y sitios de memoria reafirman su compromiso de sostener la pedagogía, la reparación simbólica y las garantías de no repetición.
Disputa conceptual
Tras sus exposiciones intervino el académico y politólogo Omar Sagredo Mazuela, doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, quien moderó el conversatorio.
Tras enumerar algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno respecto a las políticas de derechos humanos, entre las cuales mencionó el retiro del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, el freno a la expropiación de Colonia Dignidad y la remoción de las jefaturas claves del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el investigador postdoctoral del CEI CPMDH de la Universidad de Valparaíso comentó que actualmente lo que se observa es una disputa conceptual en esta materia, que a su parecer no se vincula con la justicia y la memoria, sino con la seguridad y el orden.
Atendiendo este fenómeno, el profesor Sagredo invitó tanto a Luis Cordero como a Mariana Zegers a dar su opinión sobre este eventual cambio, cómo ellos observan el escenario contemporáneo y cómo leen la visión política de la actual derecha, a nivel nacional y global.
Frente a estas interrogantes, el exministro coincidió sobre la existencia una disputa conceptual profunda en torno al significado de los derechos humanos, la que para él abarca tres objetivos.
El primero, intentar despojar a los derechos humanos de su carácter de dignidad universal, para presentarlos como un programa ideológico o una bandera exclusiva de la izquierda. El segundo, promover una rivalidad entre grupos, instalando falsos dilemas como la defensa de los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, o apelando a la libertad de expresión para oponerse a las demandas de minorías y sectores vulnerables. Y el tercero, reescribir la gramática de los derechos humanos mediante una revisión de la historia que percibe a la memoria, sus sitios y sus organizaciones como una amenaza.
Para Cordero, todo esto conduce a la banalización y distanciamiento de los crímenes estatales, reeditando la lógica de los “los demonios” para justificar el contexto en que se cometieron.
Finalmente, el abogado y actual director del Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advirtió que este fenómeno trasciende la coyuntura chilena y responde a una tendencia global crítica. “Lo grave del escenario actual no es únicamente el debilitamiento o la dilución de iniciativas específicas de memoria, sino un intento coordinado por desmantelar el concepto mismo de los derechos humanos”, sentenció.
Los comentarios de Cordero fueron complementados por Mariana Zeger, quien a su vez identificó la existencia de lo que calificó como “una profunda crisis de fondo en la conceptualización de los derechos humanos”, desencadenada por deficiencias educativas, la sobreexposición mediática que trivializa la violencia y la aparente debilidad del sistema internacional para detener los grandes conflictos actuales.
Desde esa perspectiva, la escritora añadió que para ella la preocupación mayor radica en el hecho de que, además, la ultraderecha busca desmantelar la institucionalidad de los derechos humanos a nivel global, escenario que denunció como grave y complejo, y frente al cual destacó el valor de la resistencia histórica y la necesidad de que la sociedad civil organizada, la academia, el mundo intelectual y la ciencia asuman un rol activo para evitar que ese propósito se concrete.
Testimonios
El programa del conversatorio incluyó un panel con las reflexiones y testimonios que brindaron los representantes de la Fundación Proyecto Lebu-Colliguay y expresidiarios políticos Antonio Oyarzo, Carlos Olivares y Ricardo Aravena, quienes el 11 de setiembre de 1973 fueron apresados y detenidos.
Cada uno de ellos dio a conocer su experiencia y padecimientos como detenidos en el predio agrícola ubicado en el sector de Colliguay, ubicado en comuna de Quilpué, en la entonces base aeronaval del Belloto y en la cárcel flotante en que fue convertido el buque mercante Lebu, que para esa fecha se encontraba anclado en el molo de abrigo del puerto de Valparaíso. Los tres relataron las torturas psicológicas que sufrieron, los apremios físicos a los que fueron sometidos —y que también vivieron sus amigos y otras personas en esos recintos— y los trabajos forzados que fueron obligados a ejecutar.
A ellos se sumó Alonso Matus, familiar de uno de los representantes de la fundación señalada, quien abogó por la promoción y el apoyo a este tipo de entidades, como una manera de mantener viva la memoria, ya que esta es de corta duración y corre el riesgo de quedar en el olvido si no se la rescata y mantiene viva de manera permanente.
También participó en la actividad el poeta popular y artesano de Valparaíso Carlos Muñoz “El Diantre”, quien recitó unas décimas ante los asistentes.
Nota: Gonzalo Battocchio
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