Afirma decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UV, Pablo Aravena Núñez, enfatizando que “la formación pedagógica y el desarrollo de las humanidades deben ser hoy defendidos”.
Una crítica visión de la situación actual de las Pedagogías entregó el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso, Pablo Aravena Núñez, quien acaba de integrar el Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Educación (Confauce) del Cruch. A su juicio, hay un gran riesgo de desincentivar las postulaciones a estas carreras, pudiendo incluso llegar al cierre de programas universitarios de Pedagogía.
El 28 de marzo pasado, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica la Ley 20.129, que regula nuevas exigencias para la admisión en las carreras de Pedagogía, iniciativa enmarcada en el Plan Nacional Docente del Ministerio de Educación. Al respecto, señala Aravena:
“La Ley 20.903, como la 20.129, tienen una buena vocación: mejorar la calidad de quienes enseñan en los colegios y escuelas de Chile, pero en su implementación tienen disposiciones que son al menos reprochables. Se encaminan derechamente al elitismo cuando elevan progresivamente los puntajes de ingreso; de hecho, para el ingreso 2026 podría subir hasta 626 puntos, según se puede corroborar hoy en la página del Demre. La mejora de nuestros formadores no es una cuestión aritmética, tiene bastante más matices y complejidades, pues actualmente existen los estudios que permiten argumentar que el puntaje no está asociado directamente a que podamos tener un buen profesor o profesora, sino más bien a una actividad formativa progresiva y metódica, que combina la introducción en la forma de pensar propia de la disciplina conjuntamente con los saberes pedagógicos”.
Respecto del efecto en el interés por ingresar a las carreras de Pedagogía, afirma el decano: “Estas medidas desincentivan las postulaciones, y traerán no solo el agravamiento de un déficit de profesores, sino también el cierre de programas universitarios de Pedagogía, lo que no puede ser sino un enorme contrasentido: resulta que las disposiciones agravan el fenómeno al que quieren hacer frente. En las zonas extremas de nuestro país han llegado ya a una baja histórica de diez estudiantes, por lo que de mantenerse estas medidas podría agravarse aún más, hasta la extinción de los programas. ¿Quién asegura en nuestro país la formación de profesores y profesoras en el extremo norte y sur de Chile? ¿No tienen derecho a estudiar Pedagogía los y las habitantes de tales zonas? ¿Dejaremos extinguirse los centros de formación universitaria, que usualmente son también centros de producción de conocimiento disciplinar?”.
Siendo la formación docente esencial en el desarrollo de un país, ante lo cual las universidades estatales deberían asumir el deber de impartirlas a todo evento, Pablo Aravena comenta: “Me gustaría compartir esa seguridad, pero el sistema actual de financiamiento de nuestras universidades está dirigido a la demanda (un voucher al estudiante) y cada vez deja menos margen para que al interior de cada universidad pueda existir el subsidio de un área a otra. Estamos en una época en donde están pasando cosas que pensábamos que no podían pasar, pero debemos asumir que no hay nada asegurado. Y hay cosas, como la formación pedagógica, como el desarrollo de las humanidades, que deben ser defendidas nuevamente (la última vez que debimos hacerlo fue frente a la dictadura). Defendidas, en primer lugar, por quienes nos dedicamos a ellas, pero también por los distintos agentes culturales y políticos, entre ellos desde luego el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas”.
Ante esta situación, enfatiza Pablo Aravena, “en primer lugar, lo que se debe hacer es detener y reemplazar la ley por una mejor informada desde los estudios en educación. La actual es una ley de marcado espíritu tecnocrático y, en este sentido, fuertemente ideológica, aunque —dado que es la ideología de la época— parezca imparcial, obvia y hasta natural”.
Entonces, añade, “desde luego sería determinante dar luz verde al proyecto que modifica la ley, para lo que se requiere un trabajo político en el más literal sentido de la palabra. En este sentido, el Cruch ha manifestado su compromiso con el Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile, firmado a principios de año con el Ministerio de Educación”.
Cabe recordar que el 5 de agosto recién pasado el Cruch emitió una declaración pública señalando que “quienes integramos el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas manifestamos nuestro respaldo al proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129, que tiene por objeto establecer nuevos criterios para el ingreso a las carreras y programas de pedagogías”.
Nota: Lorena Ruiz
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