Especialistas analizaron situación de las personas mayores en el contexto de pandemia
Mesa redonda fue organizada por Gerópolis UV y CELADE-División de Población de la CEPAL en el marco del IX Congreso de ALAP.

“Personas mayores y derechos humanos en el contexto del Covid-19” se tituló la mesa redonda organizada conjuntamente por el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). El objetivo de la mesa fue dialogar respecto a las acciones implementadas por el Estado y la sociedad civil durante la emergencia sanitaria.


El panel de la mesa redonda estuvo conformado por Daniela González, asistente de investigación en Población y Desarrollo de CELADE-División de Población de la CEPAL; Octavio Vergara, director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); Soledad Carvacho, secretaria de la Mesa Coordinadora Nacional de Personas Mayores; y Carolina Riveros, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. La mesa fue moderada por Viviana García, académica de la Escuela de Fonoaudiología y directora ejecutiva de Gerópolis UV.


En la ocasión, Daniela González presentó un adelanto del informe de la CEPAL “El derecho a la vida y la salud de las personas mayores en el marco de la pandemia por Covid-19”, que prontamente será publicado. La investigadora se refirió al cambio demográfico que atraviesan América Latina y el Caribe, indicando que “Chile no ha estado ajeno a ello, puesto que ha sido uno de los países que ha ido más rápido que el promedio de la región. Chile siempre ha estado por encima de la media regional respecto a la esperanza de vida; en la actualidad es de alrededor de 80 años. También hemos visto un descenso sostenido de la fecundidad y sabemos que nuestro país está bajo el nivel de reemplazo, con alrededor de 1,7 hijos por mujer”.


A su vez, agregó que “el ritmo del crecimiento de la población mayor sigue bastante más alto que el de toda la población, en particular la población de 80 años y más, lo cual ha impactado no sólo en el ritmo del crecimiento de la población, sino que también en la estructura de la población por edad y sexo. La estructura piramidal clásica se fue desdibujando a medida que experimentábamos estos cambios demográficos y en la actualidad tenemos una estructura demográfica que tiende a la rectangularización. De aquí a cinco años más, el peso de las edades centrales y avanzadas adquirirán una mayor importancia, se espera que en 2025 el 20% de la población chilena tenga 60 y más años, muy cerca de los cuatro millones de personas”.


Por otra parte, abordó las vulnerabilidades sociodemográficas que enfrentan las personas mayores en el contexto de pandemia, tales como la reducción de los servicios críticos no relacionados con el Covid-19; la disminución del control de enfermedades crónicas en los sistemas de salud primaria; la dificultad de acceso a medicamentos y programas que promueven actividades físicas; la suspensión de apoyos formales e informales, incrementando el riesgo a no tener acceso a alimentos, bienes esenciales y medicamentos; medidas de cuarentena extremas y distanciamiento físico; y problemas de acceso a la información respecto a la propia enfermedad.


Respuesta del Estado


Octavio Vergara centró su presentación en la estrategia que ha llevado a cabo el Estado para promover y proteger los derechos de las personas mayores en pandemia, en concordancia con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017. Dicha estrategia ha estado enfocada principalmente en resguardar la salud de las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía, así como también responder a la necesidad de participación e integración comunitaria de aquellas que permanecen en sus hogares.


La máxima autoridad nacional en materia de envejecimiento y personas mayores dio a conocer una sistematización de las acciones desarrolladas por parte del Estado durante 2020, según cada uno de los artículos de la Convención. En el artículo 14º, sobre el derecho a la información, destacó la iniciativa Fono Mayor, “un teléfono que antes de la pandemia recibía diez llamadas al día, el cual reforzamos en el contexto de pandemia, llegando a contar con cincuenta personas encargadas de responder a las consultas telefónicas, con más de 400 llamadas al día. Ha sido un punto de contacto muy importante con las personas mayores, nos han llamado de todas las comunas del país para apoyo, compañía, ayuda en trámites específicos y consultas sobre la entrega de cajas de alimentos; a la fecha hemos recibido más de 30 mil llamadas”.


Asimismo, hizo hincapié en los artículos 4º y 5º, sobre los derechos a la no discriminación por edad y a la participación en la elaboración de políticas públicas. Ante los cuestionamientos que surgieron en relación con las cuarentenas preventivas para las personas sobre 75 años, “Senama realizó diálogos participativos con 256 dirigentes de Arica a Magallanes, lo que nos permitió incluir las opiniones de las personas mayores en las distintas decisiones que se tomaban con respecto a la estrategia del Covid-19. Dentro de estas decisiones estuvo poner término a la cuarentena por razón de edad y en el contexto del plebiscito, establecer horarios exclusivos de votación para personas mayores y permitirles elegir ser o no vocales de mesa”, detalló.


Sociedad civil y participación


Soledad Carvacho, quien además de integrar la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores forma parte de la Mesa de Vinculación al Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, abordó los desafíos y oportunidades de la Agenda 2030. “¿Estamos participando las personas mayores en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? Respondo rotundamente que sí, muy fuertemente y en forma muy seria. Hoy en Chile, en el momento histórico que estamos viviendo por la nueva Constitución, proceso que se está desarrollando en medio de esta pandemia, por supuesto creemos que la participación es lo nuestro, es donde debemos poner el foco”, manifestó.


Al respecto, compartió algunos ejemplos de participación lideradas por personas mayores. “A nivel internacional, estamos participando en la Mesa de Vinculación al Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, este es el mecanismo de participación de la sociedad civil para el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030. Aprovecho de comentarles también que un porcentaje muy mayor de la mesa somos mujeres. El compromiso de todas las activistas sociales de la mesa es muy alto y estamos emitiendo constantemente documentos con denuncias, pero también con aportes y soluciones reales que apunten al logro de los ODS, dirigidas generalmente a los gobiernos”, precisó.


En el ámbito nacional, la dirigenta social sostuvo que “conscientes que la capacitación y la información son fundamentales para una participación responsable y seria, mi organización de base ha estado enfocada incansablemente en la capitación de los dirigentes de organizaciones de personas mayores, ejemplo de esto son talleres de capacitaciones en torno a la Convención Interamericana, a las brechas legistativas para una plena implementación de la Convención y la Agenda 2030, en especial de qué forma nos afecta a las personas mayores y básicamente de qué manera podemos apoyar a las metas de los ODS”.


Proyecto de ley “Envejecimiento positivo”


La abogada y académica Carolina Riveros analizó algunos aspectos jurídicos del proyecto de ley “Envejecimiento positivo”, ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2020. Respecto a las potencialidades del proyecto, destacó la posibilidad de que los directores de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) sin fines de lucro tengan la representación legal de los residentes para el cobro de pensiones y demanda de alimentos cuando corresponda. ”Muchas personas mayores ingresan a un ELEAM y simplemente sus familiares se desconectan de ellas, sin poder acceder a sus pensiones. Por otra parte, muchas veces las personas mayores no hacen uso del derecho a la demanda de alimentos, que es un derecho legal, al igual que la posibilidad que tiene la madre o padre de realizar una demanda por pensión de alimentos al otro progenitor, las personas mayores tienen derecho a demandar a sus hijos, porque este deber de cuidado no se elimina cuando las personas son mayores”, recalcó.


En la misma línea, señaló que “una cuestión muy relevante del proyecto de ley que establece la idea de abandono social, en el que no existe un sujeto activo de violencia intrafamiliar, pero se ha corroborado un abandono, por ejemplo, que la persona mayor está sola y se encuentra sin redes ni apoyo. El tribunal podrá tomar las medidas de protección necesarias para garantizar este apoyo. Desde el punto de vista territorial podríamos pensar que el apoyo sea proporcionado por la propia municipalidad o tal vez otra organización que pueda proteger a esta persona”.


En relación con los desafíos, enfatizó en la necesidad de mejorar las pensiones: “El sistema de seguridad social estructuralmente es fallido y esto no tiene que ver con un gobierno en particular, sino que con una implementación inadecuada. Acá cito a la profesora María Soledad Jofré, en el sentido de que tenemos un sistema que fue creado para personas que cotizasen toda su vida sin lagunas, por lo tanto, es un sistema irreal si lo comparamos con el mercado chileno. Nuestra realidad es que las personas tienen lagunas, que las mujeres ganan menos, trabajan de manera informal y generalmente son las encargadas de los cuidados en la familia, lo que muchas veces significa suspender su participación en el trabajo remunerado. Esos son aspectos que tenemos que considerar”.


Vínculos internacionales


Respecto a la vinculación con ALAP, Viviana García indicó que “surge en 2018, cuando se vislumbraba la posiblidad de realizar la novena edición del congreso en Valparaíso, que por el contexto de pandemia tuvo que reformularse y adaptarse al formato virtual. Existe el compromiso de poder apoyar el desarrollo del Congreso en 2022, si la situación así lo permite”.


Alejandro Rodríguez, director de Relaciones Institucionales UV, entregó un saludo en la ceremonia de cierre del congreso, valorando la oportunidad de ser parte de este importante evento, “que esperábamos hubiese sido en formato presencial, sin embargo, las circunstancias mundiales de la pandemia han generado la virtualización forzosa del evento, el cual igualmente ha sido exitoso, no sólo por la calidad y profundidad de las ponencias, sino también por la asistencia”.


Asimismo, expresó que “sin duda los desafíos que enfrentará America Latina en los próximos años son de gran envergadura, debido a los impactos sociales y económicos generados por la pandemia. A pesar de los rápidos y aparentemente fructíferos desarrollos de diversas vacunas, es probable que debamos convivir con este virus por algún tiempo, lo cual requerirá grandes esfuerzos de los gobiernos y los estados para sustentar a la población. Por ello resulta relevante la realización de este IX Congreso bajo el lema “El rol de los estudios de población tras la pandemia de Covid-19 y el desafío de la igualdad en América Latina y el Caribe”, ya que nos permiten comprender los fenómenos que están ocurriendo y prepararnos para un futuro incierto en el que la información y el conocimiento serán cruciales para la toma de decisiones”.


Finalmente, sostuvo que “esperamos que la relación con ALAP se profundice en el futuro y con ello formalizar esta colaboración en un convenio que permita comprometer el respaldo a iniciativas de interés conjunto. Hoy queremos reafirmar, además, el compromiso para efectuar presencialmente el desarrollo del congreso ALAP 2022 en Valparaíso, si las condiciones lo permiten”.

Publicado martes 29 de diciembre de 2020
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