En tercer seminario online del ciclo organizado por Administración Pública y su Observatorio para la Gestión y Análisis Político junto al Colegio de Administradores Públicos.
Un interesante diálogo sobre la importancia, características y desafíos de mejora de la función pública se dio durante el tercer seminario online del ciclo "La Administración Pública ante una nueva Constitución", que organizó la carrera de Administración Pública y su Observatorio para la Gestión y Análisis Político en conjunto con el Colegio de Administradores Públicos.
En la ocasión participaron como expositores Osvaldo Pizarro, académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, y Carlos Williamson, rector de la Universidad San Sebastián y exdirector del Servicio Civil entre los años 2010 y 2013. La actividad fue moderada por Jeannette Rodriguez, jefa de carrera de Administración Pública en el Campus Santiago.
Sobre el empleo público o carrera funcionaria, en el marco de una creciente profesionalización del Estado, se plantearon puntos como la necesidad de perfeccionar la legislación para evitar arbitrariedades en las contrataciones o la precarización laboral, por ejemplo, de los(as) funcionarios(as) a contrata. En el seminario -que se realizó el jueves 17 de diciembre- también se indicó que se debe conciliar la estabilidad laboral con una evaluación de desempeño más adecuada que apunte a entregarle a la ciudadanía un mejor servicio.
Pizarro enfatizó que “los desafíos institucionales que enfrenta el país no son menores y claramente la función pública y sus actores no podemos permanecer indiferentes en este proceso y sobre todo en un entorno donde la incertidumbre se convierte en la nueva normalidad por los efectos de la pandemia. En casi todos los países el Estado es el empleador más importante, debe prestar un servicio de alta calidad a sus ciudadanos, pero también proporcionar trabajo decente a sus trabajadores(as) en el ámbito de la gestión pública”. Esto último, subrayó, “debe ser una meta irrenunciable, cualquiera sea la modalidad de vinculación del trabajador”.
El académico de la UV añadió que “por otra parte, un sistema moderno de función pública no se da en el vacío. Nace y se desarrolla en entornos institucionales y sus características formales estarán marcadas por su historia, tradiciones y marco político (…) La herencia institucional que posee nuestra función pública es profunda y rica en principios y valores, los cuales deben prevalecer. Debemos abrir el debate y un diálogo social maduro, conscientes de que las formas pueden y deben cambiar, no así nuestra herencia”.
Pizarro indicó, asimismo, que una mayor profesionalización del Estado implica que “la clase política debe renunciar a las cuotas de poder que tiene para intervenir en las decisiones técnicas. Muchas veces es una atribución que se reserva. Los técnicos ofrecen opciones, pero finalmente operan criterios políticos (…) Debe haber un espacio para la decisión política, sin embargo, creo que ese espacio debe ser acotado si queremos que ciertas decisiones se tomen de forma transparente y que no se provoque decepción en la gente”, destacó.
Nuevo empleo público
Williamson planteó el desafío de repensar la carrera funcionaria en Chile, para que se acerque a estándares de la OCDE. Explicó que a nivel internacional existe un empleo público que no es político y que ofrece flexibilidad, promoción del mérito, igualdad de oportunidades y posibilidades de perdurar en el tiempo.
“Hoy tenemos un modelo polar (o de extremos): de planta muy rígido e inamovible y un empleo a contrata que es precario desde el punto de vista de la estabilidad. Tenemos que mirar hacia un sistema distinto donde, sin cambiar el mandato constitucional de carrera funcionaria y los principios de carácter técnico-profesional en que debe fundarse (…), se proponga una modificación legal con un contrato único, una suerte de camino intermedio entre la actual planta y la contrata”, enfatizó el exdirector del SII.
En ese modelo, agregó, “el ingreso debería ser por concurso público, la carrera funcionaria debería ampliarse con el derecho a crecer laboralmente al interior del sector público, fomentando la movilidad horizontal y la promoción por mérito basada en evaluaciones individuales de desempeño, mejorando el sistema de calificaciones. La terminación de relación laboral debe evitar caer en los dos extremos actuales, arbitrariedad en las contratas y la inamovilidad en el caso de las plantas”.
Williamson analizó las características del empleo público, que, de acuerdo a sus cifras, está compuesto por alrededor de 4 mil directivos(as), de los cuales mil son cargos de confianza designados directamente y mil 245 se nombran mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP); y 320 mil funcionarios/as (40% carrera funcionaria y 60% a contrata). A esto se le suman más de 60 mil personas a honorarios.
En su presentación señaló que, si bien el modelo ADP ha sido un potente mecanismo para seleccionar profesionales idóneos para cargos públicos, tiene falencias importantes. Estas se refieren a que el foco está más en la confianza en la persona -en un sentido político- que en la obtención de resultados y que los directivos seleccionados duran en promedio apenas algo más que dos años. Además, se inhibe la postulación de buenos candidatos que no ven en la ADP una carrera directiva con proyección laboral.
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