Académico fue parte de jornada “O Processo Constituinte no Chile”, organizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro de la Universidad de Lisboa.
Un amplio análisis acerca del proceso constituyente que se está desarrollando en Chile llevó a cabo el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa en el marco de su participación como expositor en el seminario digital “O Processo Constituinte no Chile”, organizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro de la Universidad de Lisboa.
El académico presentó la ponencia titulada “Proceso constituyente en Chile: dejando atrás la Constitución de Pinochet”, en la que detalló que “una de las peculiaridades de la historia política más reciente en el país es haber transitado desde la dictadura de Pinochet hacia el régimen democrático bajo la vigencia de la Constitución de 1980, redactada en plena dictadura y, principalmente, por un grupo de constitucionalistas afines y leales al régimen. A diferencia de todos los países que superaron trances históricos similares, la democracia chilena se sometió al proyecto político que la dictadura plasmó en su Constitución. Diversas razones pueden explicar esta situación, desde las definiciones estratégicas tomadas en la década de 1980 para derrotar a la dictadura hasta la obligada convivencia entre los presidentes elegidos democráticamente y Pinochet como comandante en jefe del ejército durante la década de 1990. Formalmente, la dictadura terminó el día 11 de marzo de 1990, cuando asume el mando el Presidente elegido en las elecciones de 1989, sin embargo, el nuevo régimen político no alteró significativamente las estructuras de poder social heredadas de la dictadura, en parte porque no pudo superar los enclaves autoritarios que protegían el texto constitucional, en parte porque las élites gobernantes se acomodaron progresivamente en un sistema político y social funcional a la concentración del poder”.
“La revuelta popular que estalló en Chile en octubre de 2019 puso término al camino escogido en la década de 1980 para luchar contra la dictadura, que configuró las características del ciclo político conocido como transición, iniciado en 1990. La democracia de las últimas tres décadas se ha caracterizado por ser una de baja intensidad, en la que las formas de la representación no permiten la efectiva protección del interés general, tanto por la creciente corrupción del sistema político como por la completa ausencia de participación ciudadana efectiva e incidente”, añadió.
“Como consecuencia de la revuelta popular de 2019 –todavía activa–, se inició un proceso constituyente destinado a redactar una nueva Constitución y superar, de forma definitiva, el proyecto político de la dictadura. En noviembre de 2019 se estableció un itinerario, no exento de dificultades, que contempla un plebiscito de entrada, la elección de constituyentes y un referéndum ratificatorio. El plebiscito del 25 de octubre pasado dejó en evidencia el apoyo popular mayoritario en favor de cambios estructurales, con un porcentaje de aprobación cercano al 80% de los votos y una participación por sobre el 50% de un padrón electoral que, curiosamente, no se encuentra debidamente actualizado. Como consecuencia, en abril concurriremos a las urnas para elegir a las y los integrantes de la Convención que redactará la nueva Constitución, en un hecho inédito en la historia política de Chile, pues todas sus constituciones han sido el resultado de golpes de Estado o guerras civiles. Además, la convención será paritaria en términos de género y en estos días se discute la incorporación de escaños reservados para los pueblos originarios”, subrayó.
“El desafío del proceso constituyente ya en marcha –respaldado por la contundente manifestación de voluntad popular en el plebiscito del pasado 25 de octubre– no se agota en la redacción de una nueva Constitución, pues recibe el mandato de superar las estructuras de poder social heredadas de la dictadura y dar paso a condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que permitan una convivencia democrática basada en una distribución efectiva del poder. Son muchos los problemas sociales que han cobrado visibilidad a lo largo de los últimos años, especialmente de la mano del ciclo de protestas desencadenado en octubre de 2019. La nueva Constitución debe ser capaz de responder a ellas y garantizar, al mismo tiempo, el despliegue efectivo de una democracia construida sobre las bases de la soberanía popular”, cerró.
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