Académicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso advirtieron, a través de una declaración pública, que el país requiere en forma urgente de una política de medicamentos coherente, centrada en el bienestar del paciente y en la que se reconozca al medicamento como un bien social y no como un bien de consumo.
“Si el proyecto de la nueva Ley de Fármacos se aprobara hoy no tendría ningún impacto en la salud pública del país, ya que el debate está centrado en conceptos erróneos”, señaló el director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Valparaíso, doctor Juan Francisco Collao, quien dio a conocer una declaración pública que emitió un grupo de académicos de la Facultad de Farmacia UV, tras realizar una crítica revisión a la nueva ley de medicamentos, que retomó a discusión, esta semana, en la Comisión de Salud del Senado.
Como profesionales de la salud, los académicos UV consideraron que el país requiere en forma urgente de una política de medicamentos coherente, centrada en el bienestar del paciente, y en la que se reconozca al medicamento como un bien social y no como un bien de consumo.
Bioequivalencia
El doctor Collao aclaró que una política en la certificación de bioequivalencia debiera privilegiar los medicamentos esenciales contenidos en el Formulario Nacional (DS 466 de 1984); es decir, priorizar la certificación de bioequivalencia a aquellos medicamentos que sirven de base para la farmacoterapia utilizada en los establecimientos públicos chilenos.
No obstante, en la actualidad son los propios laboratorios farmacéuticos los que establecen las prioridades para la selección de qué medicamentos del listado del Ministerio de Salud serán certificados como bioequivalentes y, además, ellos mismos son los encargados de llevar a cabo el proceso de certificación de los productos elegidos.
“La bioequivalencia trata de acercar la calidad de los medicamentos, desde el punto de vista de resultados terapéuticos, entre un original y una copia. Al poner estándar de calidad a las copias estamos siempre nivelando hacia arriba y eso es positivo. Ahora, el problema con la política en Chile es que no existe una priorización con respecto a los fármacos de mayor consumo o impacto para la salud, así cada laboratorio decide cuál medicamento contará con bioequivalente. Obviamente los laboratorios se rigen por criterios económicos y no de salud pública, ésa es nuestra principal crítica a la ley. Ésta no es una política de salud pública: es una política comercial; es decir, se está tratando de regular todo a través del mercado y el mercado no debe regular las políticas públicas, menos de salud”.
A la fecha, se han certificado 160 productos, los que corresponden a 48 fármacos o principios activos que se utilizan en 25 patologías, de las cuales las dos principales en nuestro país —diabetes mellitus e hipertensión arterial— están escasamente cubiertas.
Intercambiabilidad
Juan Francisco Collao explicó que la intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de que el farmacéutico pueda reemplazar un medicamento de marca por un genérico que sea equivalente en su efecto, es decir, bioequivalente. Sin embargo, para que este intercambio se pueda efectuar, se requiere de una política que asegure la existencia y el stock necesario de productos bioequivalentes, certificados por laboratorios independientes y cuya producción sea debidamente planificada para cubrir eficientemente las necesidades de la población.
Acceso
Tal como lo explicó el experto en Práctica y Política Farmacéutica y siguiendo el contenido de la declaración pública, la información entregada por los distintos medios de comunicación da a entender que la falencia que se presenta en Chile hoy en relación con el acceso a los medicamentos es un problema del sector privado, el que concentra a menos del 30 por ciento de la población, y del cual las cadenas de farmacias son parte.
No obstante, corresponde al Estado velar por este acceso para los ciudadanos adscritos a Fonasa (que representan más del 70 por ciento de la población), a través del sistema de atención primaria de salud (consultorios). Sin embargo, el proyecto de ley no busca mejorar el acceso a medicamentos en el sector público, mientras es de público conocimiento que es justamente esta población la que enfrenta las mayores dificultades para acceder a medicamentos de manera oportuna, segura y eficaz.
Venta libre
Con respecto a la venta libre de medicamentos, manifestó que existe un error generalizado en la opinión pública al llamar OTC a medicamentos que, de acuerdo con el proyecto, se dispondrán en góndolas.
“Desde el punto de vista técnico, existe una diferencia entre una política de OTC (del inglés “over the counter” o medicamentos dispuestos en góndolas) y la condición de venta directa (sin receta) que hoy tenemos en Chile. En el caso de la primera, cuando un medicamento es declarado OTC, se imponen restricciones en las presentaciones disponibles para la venta al público, con el fin de minimizar potenciales daños a la salud de quienes lo consumen. Algunas de estas restricciones incluyen: disminución de la dosis, disminución del número de unidades del medicamento por envase y limitación de las unidades que las personas pueden adquirir en un local comercial; además, son envasados en dispositivos especiales, a prueba de niños. Al mismo tiempo, una política OTC considera un programa de educación en el uso de los medicamentos, ya que ha sido ampliamente demostrado que el uso informado de medicamentos disminuye el riesgo de daños a la población”.
Finalmente el doctor Collao descartó la posibilidad de disminuir los precios de los medicamentos con la nueva normativa. “Es absolutamente falso que al vender los fármacos en las góndolas de los supermercados van a bajar los precios, porque en este modelo aplica lo que se llama compra compulsiva. La compra compulsiva se potencia con una estrategia de marketing detrás de cada producto (marca, formato vistoso, ubicación, publicidad, etcétera), y eso indudablemente repercute en su costo. Es decir, el paracetamol que se vende por 400 pesos en el mesón de la farmacia, no podría costar menos de mil pesos en las góndolas. Es imposible que mejore el acceso si van a subir los precios. Además, estamos hablando de medicamentos utilizados para aliviar un dolor de cabeza pasajero o para alguna pequeña alergia cutánea, pero si necesitas un medicamento por un problema de salud más complejo, ninguno de los fármacos que se van a vender de manera externa a las farmacias van ayudar. Por otro lado, es lógico pensar que si vas a pedir equivalencia a los medicamentos genéricos, los laboratorios deberían comenzar a invertir en contar con estándares de calidad como el GMP (Good Manufactoring Practices) y segundo en investigación y desarrollo, para asegurar la bioequivalencia de sus medicamentos. Así ¿cómo podrían bajar los precios?”.
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