Autoridades y profesionales del mundo jurídico asistieron a este evento académico organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UV y la Defensoría Regional.
“Este proyecto no se ha basado en intuiciones ni tampoco en lo políticamente rentable”, aseveró el subsecretario subrogante de Justicia, Sebastián Valenzuela, durante su conferencia inaugural del VI Seminario de Derecho y Proceso Penal “Nuevo sistema de penas sustitutivas de la prisión”, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y que se organizó en conjunto con la Defensoría Regional.
La actividad, que se efectuó en el Aula Magna Victorio Pescio Vargas, estuvo encabezada por el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y contó con la asistencia del decano de Derecho y Ciencias Sociales, Alberto Balbontín; el director de la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra; el subsecretario de Justicia (s), Sebastián Valenzuela; el defensor nacional, Georgy Schubert; el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Luis Alvarado; la contralora regional, Alexandra Guaita; el fiscal regional, Pablo Gómez; ministros de la Corte de Apelaciones; el defensor regional, Eduardo Morales; la seremi de Justicia, María Isabel Ancarola; jueces, fiscales y defensores de toda la región y abogados de distintos servicios públicos de la zona y estudiantes.
Más de 300 personas asistieron al seminario, convocatoria que se suma a los 426 seguidores que el evento tuvo en Chile a través de la transmisión vía streaming, la que también abarcó señal a varios países de Latinoamérica.
El objetivo del encuentro fue generar un debate académico en torno a la normativa que modificó la ley N° 18.216, que contempla la creación de seis penas sustitutivas a la cárcel, como son la remisión condicional de la pena, reclusión parcial (diurna, nocturna y fin de semana), libertad vigilada, libertad vigilada intensiva (que incluye monitoreo telemático a través de un brazalete electrónico), expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
En su saludo inaugural, el rector Aldo Valle valoró la discusión académica acerca de este nuevo sistema de penas sustitutivas a la prisión y planteó una reflexión, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, sobre “la cierta inquietud que me provoca la expresión ‘monitoreo telemático’”, agregando que “tengo dudas, que yo llamaría de carácter filosófico moral, tal vez porque simplemente me asombran las posibilidades de la técnica en manos del poder del Estado”.
Acotó que este asombro e inquietud “también proviene de otra pregunta, en algún sentido, creo, dramática, que es por qué este monitoreo telemático se nos ha hecho necesario o tantos lo creen así, o por qué ha llegado a ser una respuesta institucional y para muchos legítima, es decir, justa, no sólo legal o válida”.
Por su parte, el subsecretario de Justicia (s) defendió el nuevo sistema de penas sustitutivas y explicó que “esta reforma ha sido construida sobre la base de un riguroso estudio de la evidencia de lo que sí funciona y de lo que ha dado resultados para reducir las reincidencias y aumentar los indicadores de seguridad pública”.
Aseveró que “este proyecto no se ha basado en intuiciones ni tampoco en lo políticamente rentable; lo que funciona en el mundo en medidas alternativas, es fortalecer y potenciar un sistema coherente, integral de medidas alternativas al encarcelamiento”.
Sebastián Valenzuela manifestó que el Estado “también ha procurado contar con la capacidad técnica y humana suficiente para la ejecución y gestión de este nuevo sistema”, y dijo que el presupuesto para su implementación asciende a 28 mil millones de pesos.
Explicó que durante la preparación y tramitación del proyecto de ley, “se estudiaron en terreno experiencias internacionales y en eso hemos tenido una ventaja, ya que hemos visto aciertos y errores de países que han implementado este sistema; han intervenido académicos, jueces, fiscales y defensores, centros de investigación, y ha sido fruto de un transversal acuerdo de las fuerzas políticas durante la tramitación parlamentaria; por eso, para nosotros la ley refleja un consenso amplio de fortalecer un sistema de medidas alternativas”.
Puntualizó que esta reforma pretende cumplir con cuatro objetivos fundamentales que son: “Uno, fortalecer la reinserción social de las personas que ingresan a este sistema. Dos, mantener un control efectivo en la ejecución de penas sustitutivas y por ende, dar credibilidad al sistema. Tres, brindar protección a las víctimas de determinados delitos. Y cuatro, el uso racional de la privación de la libertad”.
Defensor nacional
En tanto, el defensor nacional, Georgy Schubert, comentó que “somos optimistas en cuanto a que esta reforma permitirá tener a más personas que puedan cumplir sus condenas en un medio libre, con control, pero permitiendo su reinserción”.
A su juicio, el brazalete electrónico “es una de las muchas medidas nuevas, y sus efectos son debatibles, pero se les ha consultado a quienes están privados de libertad y en general están de acuerdo con la medida: ellos prefieren estar libres con el brazalete en lugar de estar en la cárcel entre rejas”.
Schubert dijo tener confianza en que la tecnología no fallará al momento de mantener el control del uso de estos brazaletes, y comentó que no necesariamente este elemento favorecerá la reincidencia de los reos. “Siempre que se está en el medio libre, la persona podría volver a cometer un delito; el debate no desaparece del todo con ninguna medida e incluso al interior de la cárcel pueden seguir cometiendo delitos, pero se está pensando y planificando lo suficiente para prevenir estas situaciones”.
Los panelistas que participaron en este seminario fueron los abogados Ana María Morales, directora del Área Sistema de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, quien se refirió a “Génesis de la Reforma a la ley 18.216”; Jorge Bofill, doctor en Derecho por la Universidad de Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg, quien abordó “Modificaciones a la ley 18.216”; Jaime Couso, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, “Análisis crítico de la ley sobre penas alternativas”, y José Luis Guzmán Dalbora, doctor en Derecho por la UNED y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, quien expuso “Apreciación global de la reforma”.
Francisca Werth, jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, fue la moderadora del seminario.
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