La actividad es organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y la Defensoría Regional de Valparaíso.
Patricia Pérez Goldberg, subsecretaria de Justicia, inaugurará el VI Seminario de Derecho y Procesos Penales, que este año abordará el tema “Nuevo sistema de penas sustitutivas de la prisión”, y se efectuará el martes 28 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.
El objetivo del seminario es generar un debate académico en torno a la normativa que modificó la ley N° 18.216 que contempla la creación de seis penas sustitutivas a la cárcel, como son la remisión condicional de la pena, reclusión parcial (diurna, nocturna y fin de semana), libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión de condenados extranjeros con residencia ilegal y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
A la actividad, a la cual también asistirá el defensor nacional, Georgy Schubert, están invitadas las máximas autoridades del sector justicia de la región, jueces, defensores, fiscales, abogados y académicos, entre otros.
El seminario comenzará con los saludos de Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, y Eduardo Morales, defensor regional de Valparaíso. Luego, la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, hará uso de la palabra.
Como panelistas, expondrán destacados abogados, tales como Ana María Morales, directora del Área Sistema de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, quien se referirá a “La génesis de la reforma a la ley 18.216”; Jorge Bofill, doctor en Derecho, “Modificaciones a la ley 18.216”; Jaime Couso, doctor en Derecho, “Análisis crítico de la ley sobre penas alternativas”, y José Luis Guzmán Dalbora, doctor en Derecho, “Apreciación global de la reforma”.
Este año, Francisca Werth, jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, será la moderadora del seminario.
Evento académico
El decano de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Alberto Balbontín, destacó que este seminario se ha convertido en uno de los eventos académicos más importantes del área del Derecho en nuestro país, y en una tradición que debe perdurar. “El solo hecho de que esta vez contemos con la presencia de la subsecretaria de Justicia demuestra la relevancia nacional que se le asigna”, comentó.
Agregó que el tema elegido tiene dos virtudes: abocarse al análisis de una ley que es una novedad en nuestro medio, “pues incorpora elementos desconocidos para el vetusto régimen penitenciario y aborda una legislación polémica, porque pone de frente la eficacia de los castigos para los que delinquen —aun tratando de afectar mínimamente su derecho a la libertad—, y la opinión de quienes consideran que algunas de sus disposiciones constituyen una forma inhumana de controlar los movimientos de los condenados, lo que importaría afectar de un modo más grave sus derechos fundamentales”.
Por su parte, Eduardo Morales, defensor regional de Valparaíso, señaló que este seminario es “una instancia de primer nivel que permitirá a la comunidad jurídica capacitarse sobre un tema de plena actualidad y alto interés, puesto que abordaremos la reforma más relevante en penas sustitutivas de cárcel de los últimos 30 años”.
Agregó que los principales objetivos de la nueva normativa son fomentar la reinserción social de los condenados y racionalizar el uso de las penas de cárcel. “Estamos de acuerdo en que la privación de libertad sólo debe aplicarse para las personas que cometan los delitos más graves”.
Ley 18.216
En junio pasado se promulgó y publicó la ley que establece medidas sustitutivas a la reclusión y que permite —entre otras materias— el seguimiento de agresores sexuales y condenados por violencia intrafamiliar por medio de un dispositivo electrónico, conocido como brazalete.
Las personas que deban cumplir condena en el medio libre (50 mil a nivel nacional), lo podrán hacer a través de alguna de las modalidades previstas en la ley, evitando el contagio criminógeno o el aumento de los niveles de reincidencia de los condenados.
El proyecto, que contempla recursos por 50 millones de dólares, establece la incorporación de 585 funcionarios para labores de control de la población sometida a estas medidas: 287 serán delegados de libertad vigilada, 192 serán destinados a la operación del monitoreo telemático y otros 106 a las prestaciones en servicio de la comunidad.
Detalle de medidas
a) Remisión condicional: Observación y asistencia al condenado durante determinado tiempo. Se aplicará a personas sin antecedentes y condenadas por delitos menores.
b) Reclusión parcial: Comprende la reclusión del condenado en su domicilio o en establecimientos especiales por un total de 56 horas semanales. Pasa a sustituir la actual reclusión nocturna. Contempla tres modalidades:
Reclusión diurna: entre las 08:00 y las 22:00 horas.
Reclusión nocturna en domicilio: entre las 22:00 y las 06:00.
Reclusión de fin de semana: entre las 22:00 horas del viernes y las 06:00 del lunes.
Esta medida será acompañada de “control electrónico”, que se materializará con la instalación de un dispositivo que controlará que el condenado no abandone su domicilio o el lugar donde deba cumplir con la pena, protegiendo así también a las víctimas.
c) Libertad vigilada: Consiste en una intervención individualizada del condenado a través de un profesional delegado.
d) Libertad vigilada intensiva: Comprende un programa de actividades orientadas a la reinserción personal, comunitaria y laboral, bajo orientaciones vigiladas y controladas por un delegado. Tratándose de agresores sexuales y personas involucradas en violencia intrafamiliar, se impone también “monitoreo electrónico permanente”.
e) Expulsión: Consiste en retirar al condenado extranjero, con residencia ilegal, del territorio nacional siempre que no sea condenado a una pena superior a cinco años de presidio o reclusión.
f) Prestación de servicios a favor de la comunidad: Comprende la realización voluntaria de actividades no remuneradas a favor de la comunidad o respecto de personas en situación de pobreza, bajo la vigilancia de un delegado, en penas iguales o inferiores a 300 días por no pago de multas.
Relacionados
