Ante la aprobación de la partida presupuestaria relativa a Educación Superior.
Ante la aprobación de la partida presupuestaria relativa a Educación Superior, el Consorcio de Universidades Estatales estima indispensable declarar lo siguiente:
1.- Los recursos aprobados si bien constituyen un avance, están lejos de responder a las necesidades del sistema de educación superior y a la demanda de las familias más vulnerables por la gratuidad de su derecho a la educación. El incremento de becas anunciado seguirá sin costear la brecha que existe entre el arancel de referencia y el costo real de las carreras, obligando al endeudamiento de los estudiantes y sus familias.
2.- El rechazo del gobierno a disminuir el puntaje de acceso de los estudiantes a las becas seguirá teniendo como efecto la exclusión de miles de jóvenes provenientes en su gran mayoría de un sistema escolar discriminatorio. Con esta medida el gobierno ha optado por no hacerse cargo de las inequidades y segregación que produce el sistema escolar chileno, restringiendo las oportunidades de acceso al sistema público de educación superior.
3.- En relación a la negativa del Gobierno para otorgar aportes basales específicos y exclusivos a las Universidades del Estado, consideramos que tal decisión deja al descubierto la escasa valoración que tiene el actual Gobierno de nuestras instituciones y del rol del Estado en la función social educacional.
Para los Rectores de las Universidades del Estado resulta inaceptable el incumplimiento por parte de las principales autoridades del Gobierno de compromisos y palabras empeñadas públicamente. Siempre se nos señaló, por el propio Presidente de la República y los señores ministros de Educación, Lavín y Bulnes, que se establecería un nuevo trato orientado a fortalecer las instituciones estatales y así superar las condiciones de inequidad a que se ven expuestas en un sistema competitivo y desregulado como el que existe en nuestro país.
4.- Resulta asimismo incomprensible que se persevere en la transferencia de recursos públicos a universidades privadas, sin que se garantice previamente el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en la educación universitaria. En tal sentido, la apertura a instituciones privadas de los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) viene a confirmar la tendencia privatizadora del presupuesto para el año 2012.
5.- Se ha perdido una oportunidad histórica de poner de manifiesto con claridad el compromiso con la educación pública, y especialmente con las Universidades del Estado, las que una vez más ven postergadas sus legítimas demandas.
Santiago, lunes 28 de noviembre de 2011.
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