Los rectores de las universidades del Estado, reunidos en sesión extraordinaria, hemos tomado conocimiento de la propuesta de presupuesto 2012 en lo relativo a educación superior.
Nuestra convicción es que la reforma de la educación superior, que han planteado los estudiantes y las comunidades universitarias, debe contener cambios estructurales y una decidida voluntad de fortalecer la educación superior pública, plasmadas en el documento “Puntos Convergentes” consensuado entre el CRUCh y la Confech.
En esta perspectiva creemos que el proyecto de presupuesto 2012 presentado por el Ejecutivo representa una política que no considera incrementos permanentes en educación superior, porque no tienen una mirada de largo plazo. Nos preocupa que el Fondo de Educación no tenga carácter permanente.
El proyecto de ley de presupuesto profundiza la mercantilización y privatización del sistema a través de mecanismos de financiamiento competitivo, dirigido principalmente a la demanda, y a soportar un sistema de créditos que continuará traspasando recursos a la banca privada y no a las instituciones de educación superior, ni mucho menos a los estudiantes. El discurso del Gobierno sobre su real preocupación por la educación superior pública no se condice con la realidad de este proyecto de ley de presupuestos 2012.
En este sentido, surgen legítimas dudas respecto a la visión del Ejecutivo respecto del futuro de las universidades públicas, porque una vez más, los recursos de fomento y las ayudas estudiantiles se abren sin control a las instituciones de educación superior privadas, sin considerar su calidad ni su cumplimento efectivo de fin de lucro, ni mucho menos asegurar una efectiva rendición de cuentas.
Del mismo modo, no se contemplan incrementos reales y sustantivos a los aportes basales de las universidades estatales. No queremos pensar que este presupuesto represente una sanción o represalia en contra de las instituciones que lideramos, debido a la posición que públicamente hemos manifestado respecto de las demandas estudiantiles.
El presupuesto de la Nación debería representar la voluntad mayoritaria de la sociedad por avanzar progresivamente hacia el fortalecimiento de las universidades estatales y públicas. ¿Donde están los compromisos relativos a: fondo de revitalización para el año 2011, continuidad a los convenios para el desarrollo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, recursos para los planes de retiro y para el desarrollo de las universidades públicas de regiones?
Las universidades del Estado representamos un espacio del saber plural, laico, de calidad, productoras de bienes públicos y comprometidas con cada una de las regiones del país. Esta misión que nos ha encomendado la sociedad requiere de recursos y de un trato preferente del Estado con sus universidades, el que no se ve reflejado en este proyecto de presupuesto. Continuaremos la defensa de la educación pública, lo que se va a expresar en la demanda por aumentar los aportes basales y los recursos a las universidades estatales en la discusión presupuestaria.
Así como manifestamos nuestras aprehensiones con el proyecto de presupuesto 2012, queremos ser claros en señalar la decisión de los rectores de normalizar la vida académica en nuestras universidades. Esto supone el diálogo y las acciones destinadas a recuperar los espacios universitarios y reiniciar el segundo semestre.
Reiteramos nuestra disposición a compatibilizar la movilización con la actividad académica y no poner en peligro la sustentabilidad de las universidades estatales.
Los rectores condenamos y rechazamos todos los actos y métodos de represión que han sufrido las manifestaciones públicas pacíficas hechas en el legítimo ejercicio del derecho a disentir que caracteriza a toda sociedad democrática. En este sentido, señalamos que todo acto de fuerza pública desproporcionada es antidemocrático.
Asimismo somos categóricos en condenar las tomas de los recintos universitarios, como mecanismo de expresión de las demandas estudiantiles. Las tomas representan actos de violencia que rechazamos porque vulneran las libertades de las personas y la paz interna de las comunidades universitarias. Además, contradicen la demanda de mayor democratización y participación de las comunidades universitarias en las instituciones. Quien pone cadenas o candados a sus recintos universitarios está contradiciendo la demanda y compromiso de mayor democratización en estas mismas instituciones.
No compartimos las presiones indebidas que el gobierno está ejerciendo sobre nuestras universidades, a través de la condicionalidad de las becas y de la retención de los aportes directos, comprometidos por ley. Se está además discriminando arbitrariamente a algunas universidades estatales en el flujo regular de sus recursos fiscales, y con ello se las debilita, poniendo en riesgo su viabilidad. Los presupuestos suponen flujos anuales que no pueden ser reasignados discrecionalmente ni en sus montos, ni en su periodicidad.
Estamos convencidos que la resolución del conflicto no se alcanzará con presiones y amenazas, sino que con diálogo y propuestas a nivel nacional y en el seno de cada una de nuestras universidades. Esta ha sido nuestra conducta permanente y perseveraremos por la responsabilidad que nos compete, como rectores de nuestras universidades.
Viernes 14 de Octubre de 2011
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