Actividad se enmarca en el plan de reprogramación de actividades académicas y movilizaciones año 2011
Ejercicios importantes, que han permitido conocer las distintas opiniones entre profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, han constituido los foros organizados por la dirección de esa unidad académica, con el fin de reflexionar en torno a la crisis que atraviesa la educación chilena. El último, realizado el lunes pasado, se denominó “Gratuidad y financiamiento del sistema de educación superior”.
En esta actividad participaron como expositores los profesores Jaime Bassa y Juan Carlos Ferrada y los estudiantes Cristián Walker y Óscar Balcarce, actuando como moderador el profesor José Luis Guzmán. Se efectuó en el aula “Luis Vicuña Suárez” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y asistieron estudiantes, profesores y representantes del Centro de Estudiantes de Derecho.
Ambos alumnos fueron enfáticos en manifestar que desde su punto de vista, el Estado tiene la obligación de garantizar educación gratuita, “según se establece en el Tratado Internacional de Derechos, Estados, Sociedades y Cultura, artículo 13, por lo que la educación es un derecho fundamental plenamente vigente”, aseveraron.
Óscar Balcarce acotó que en Chile, hasta el momento, el Estado sólo ha asumido un rol subsidiario en el financiamiento de la educación, “lo que no garantiza calidad ni acceso. Lo que busca el movimiento estudiantil es un cambio de paradigma en la educación, no un mejoramiento del actual sistema”.
Como alternativa para financiar el costo de una educación pública gratuita, el estudiante propuso que la ley del cobre sea redestinada a este sector y se elimine su distribución a las Fuerzas Armadas. Además, dijo que una reforma tributaria también podría aportar en este sentido.
En tanto, el profesor Jaime Bassa opinó que el problema de fondo que reclaman los movimientos ciudadanos no apunta solamente a mejorar el sistema educacional. “El problema es cómo el Estado satisface los derechos públicos de carácter social fundamentales, como la educación, la salud y la previsión”, acotando que el camino no debe ser plantear soluciones de parche por sector, sino que debe apuntar más bien a una solución estructural que permita al Estado garantizar todos los derechos fundamentales. Advirtió que este proceso no es de corto plazo y para que avance, se requiere voluntad de escuchar de parte de todos los actores sociales.
Sobre el lucro, el profesor Bassa manifestó que “no me escandaliza tanto si se trata de universidades privadas pero buenas; sí encuentro que es poco razonable cuando las instituciones que lucran son malas”. Asimismo, se mostró partidario de aranceles diferenciados en lugar de gratuidad completa en la educación.
Por su parte, el profesor Juan Carlos Ferrada también manifestó sus dudas sobre la posibilidad de brindar una gratuidad completa, señalando que el Estado debe sacar de alguna parte los recursos para financiar una buena calidad de estos servicios. “Siempre el alza de impuestos, por ejemplo, se va a traspasar a los usuarios, de manera que debemos asumir que de alguna manera estos costos van a repercutir en todos los ciudadanos también”.
En cuanto al lucro, el profesor Ferrada dijo estar claro en que las universidades que lucran no deben recibir aportes estatales, pero eso no significa que estas instituciones no sean legítimas o de buena calidad.
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