Académicos indican que “no es posible concebir la aprobación del Proyecto de Hidroeléctrico de Aysén, independiente de la autoridad política vigente”.
Su preocupación ante la aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, que considera la construcción de cinco centrales de generación mediante intervención con represas de los ríos Baker y Pascua, manifiestan los académicos de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Valparaíso. Para la unidad, con decisiones de este tipo “estaremos fracasando al considerarnos un país desarrollado y sustentable, y nuestra deuda con futuras generaciones se acrecentará”.
“Lamentablemente, el proceso de evaluación ambiental del proyecto no estuvo exento de irregularidades, tales como el desconocimiento de las once mil observaciones ciudadanas que la ley garantiza, casos de inhabilidades, denuncias de colusión, presiones indebidas, intervención, descalificaciones y adulteraciones según lo expuesto por diferentes medios de prensa y opositores a la iniciativa”, indican los académicos, añadiendo que esto “ha significado un cuestionamiento a la institucionalidad ambiental y vulnerabilidad de los principios que sustentan la creación de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente y la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable”.
Institucionalidad ambiental vulnerada
En opinión de los ingenieros ambientales de la UV, “se ha dejado entrever una supremacía de los indicadores económicos por sobre los aspectos sociales y ambientales, aun cuando se establece que la política económica puede ser menoscabada si no se potencia con logros de carácter ambiental y se busque la integración de metas sociales con metas económicas y ambientales en pro de una búsqueda por equidad social. Especialmente es preocupante, porque lo ocurrido en el marco de la institución ambiental atenta contra las prácticas de un país democrático”.
En este sentido, recuerdan que “uno de problemas que fundó las modificaciones a la Ley de Bases, junto con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, es la práctica constante de someter proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental Vigente de forma fragmentada, buscando evitar grandes inversiones en estudio de diagnóstico de línea de base, y en consecuencia, de mitigación, compensación y/o reparación de impactos ambientales negativos, soslayar la participación ciudadana, y reducir el período de evaluación. No obstante, asistimos a un proyecto aprobado que no tiene viabilidad si a su vez no es aprobado un proyecto de tendido eléctrico de dos mil 300 kilómetros de largo (ratificado por declaraciones de la propia ministra de Medio Ambiente), lo que evidencia que estamos ante la presencia de UN solo proyecto, pero no obstante, las líneas de trasmisión serán evaluadas aparte de las centrales de generación. En consecuencia, la institucionalidad ambiental sigue siendo vulnerada”.
Carencia de Política Energética
Otro aspecto a destacar, según los profesionales, “es el acelerado aumento de fuentes de energía (principalmente termoeléctricas a base a carbón e hidroeléctricas) que se han desarrollado en medio de un país carente de una Política Energética, que sea efectiva y de acciones en el corto, mediano y largo plazo para abordar una supuesta crisis energética, que promueva un mayor número de actores en el mercado energético y que fortaleza la diversidad de la matriz. Existe un número de proyectos en carpeta aprobados en el SEIA en torno a las ERNC, pero son insuficientes; se debe hacer esfuerzos porque las empresas inviertan y mejoren sus tecnologías para favorecer un consumo eficiente, especialmente en la industria, el comercio y el trasporte”.
A ello, “debemos sumar la falta de instrumentos de ordenamiento territorial integrales, que engloben la política social, económica, ambiental y energética en función de los contextos culturales, sociales y de identidad de cada región, provincia y comuna del país, que aseguren un aumento en el bienestar social en base a aspiraciones locales. La aprobación de una nueva termoeléctrica en Puchuncaví manifiesta lo errático de nuestra planificación territorial. Debemos ordenar, de forma abierta y participativa, los usos que asignamos al territorio que nos acoge, de forma de disminuir la ‘exportación’ de externalidades negativas, aumentar la complementariedad de los usos definidos, seleccionar los espacios más adecuados para la ubicación de instalaciones no deseadas, que sea técnicamente posible, económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente adecuado”.
País sectorialista y poco participativo
A juicio de la carrera de Ingeniería Ambiental, “las manifestaciones sociales en torno al proyecto Hidroaysén, las cuatro adendas que se presentaron luego del Estudio de Impacto Ambiental y los once servicios que en primera instancia rechazaron el proyecto por adolecer de información relevante y esencial para evaluarlo, siguen evidenciando que en materia de ordenamiento y desarrollo continuamos siendo un país sectorialista y poco participativo”.
Respecto de las referidas adendas, hacen el siguiente alcance: “La adenda es un documento de un titular de proyecto, donde responde las observaciones, aclaraciones o rectificaciones que los servicios públicos con competencia ambiental declararon previamente. A nuestro juicio, cuando un proyecto presenta un número excesivo de adendas, acusa un estudio con deficiencias, el que finalmente termina siendo mejorado y ajustado a la normativa vigente por los propios servicios públicos a través de sus reparos”.
Finalmente, concluyen los académicos, “mientras se vulneren los avances en materia institucional y normativo, se continúe con la carencia de instrumentos marco en materia energética y de integralidad desde una perspectiva del territorio, estaremos fracasando al considerarnos un país desarrollado y sustentable, y nuestra deuda con futuras generaciones se acrecentará. El desarrollo no es únicamente el aumento en cifras del PIB o el IMACEC; en palabras del propio Manfred Max–Neff en su carta al Presidente de la República, ‘el respecto a todas las formas de vida, amor a la naturaleza, belleza, felicidad, dignidad, bienestar y calidad de vida, son componentes que no pueden ni deben estar marginados del concepto de desarrollo’. Ante la tal situación descrita, no es posible concebir la aprobación del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén, independiente de la autoridad política vigente”.
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