Convocados por la Facultad de Farmacia, representantes de entidades vinculadas al tema analizaron la medida, que podría implicar que en octubre próximo los medicamentos puedan ser expendidos fuera de las farmacias, por ejemplo, en los supermercados.
Posiciones opuestas manifiestan el Ministerio de Salud, por un lado, y los químicos farmacéuticos por el otro, en un espectro que incluye a los académicos y los parlamentarios, cuando se discute el decreto que permitirá, a partir de octubre próximo, la venta libre de medicamentos en Chile, haciendo posible el expendio en locales distintos de las farmacias, tales como los supermercados.
Convocado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, se desarrolló en dependencias de esa unidad académica el foro “Liberalización de venta de medicamentos en Chile, expendio en canales de distribución distintos a la farmacia”, que contó con la participación de Cynthia Arguello, asesora del Ministerio de Salud; Víctor Torres, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados; Georgina Sánchez, directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la UV; María Soledad Velásquez, presidenta nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile AG, y Jorge Véliz, director ejecutivo de la Cámara de Medicamentos de Venta Directa, Cameved.
Desprotección en el cuidado de la salud
María Soledad Velásquez manifestó la preocupación del gremio por las implicancias del decreto: “Nosotros estamos como profesionales de la salud preocupados por la desprotección en el cuidado de la salud de la población con esta medida, debido a que los medicamentos no son inocuos: son productos que pueden producir un efecto adverso, nocivo, o daño en la salud de los pacientes”.
Por ello, destacó que “creemos que es necesario tener un debate, tener una mesa donde se analicen todos los aspectos más importantes, para tener una política farmacéutica nacional efectiva. Creemos que hay muchos actores involucrados en el sector salud; hay que hacer sesiones de trabajo, analizar todos los aspectos y poner énfasis en lo que más nos interesa, que es tener una política nacional de medicamentos efectiva”. Dicha política debería, a su juicio, considerar varios elementos: “Tener una agencia reguladora del medicamento como tal, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; que se potencie el rol del farmacéutico en todas las áreas donde trabaja y que se le dé la importancia que se merece —un profesional de seis años de academia—; propiciar la fiscalización de las prácticas comerciales en las farmacias privadas; hacer, por ejemplo, más farmacias pyme, como medios de trabajo a los egresados, a los recién titulados de farmacia y también a los jubilados; propiciar la farmacovigilancia, propiciar la bioequivalencia, para asegurar que tengamos una calidad similar de los medicamentos en el país”.
Sin estas medidas, destacó María Soledad Velásquez, “no podemos hacer ningún otro cambio. A nosotros nos interesa que existan obviamente menores precios en los medicamentos para la ciudadanía, pero sin embargo creo que no es el foco en estos minutos: el foco está en asegurar que los medicamentos sean de calidad en el país y que tengan una calidad similar. Sin eso, no podemos avanzar hacia otros planos”.
Por otro lado, la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos señaló que el decreto “es una medida arbitraria; el señor ministro no nos ha llamado a tener una mesa de debate de la situación y no ha invitado a los académicos. A mí me interesaría ver a profesionales expertos, internacionales también, en el tema, porque en general es una medida que va en contra de la salud de la población, y eso se ha reflejado en un año y medio en lo que está pasando en Argentina. Creemos que es necesario el debate y que por favor se responsabilicen de las acciones que van a dañar a la salud de la población los parlamentarios y el Ministerio de Salud”.
Beneficio para el país
Por su parte, Cynthia Arguello, quien asistió al foro en representación del ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó que su presencia tuvo el sentido de plantear la postura de la cartera: “Sin lugar a dudas, hay un poco de revuelo con respecto al tema, y nosotros como Ministerio estamos acá justamente para plantear nuestra postura. Nosotros estamos convencidos de que el país se beneficiaría mucho con la existencia de los despachos de medicamentos de venta directa, que es la figura que tendría este nuevo canal de distribución”.
Consultada respecto de una de las críticas que se han formulado a la medida, en el sentido de que podría aumentar la automedicación, con los riesgos que ello implica para la población, Cynthia Arguello señaló: “La automedicación es algo que ya existe. Es importante, los chilenos nos automedicamos mucho. Entonces, la verdad es que la solución no va por esconder los remedios o mantenerlos detrás de un mesón, sino más bien va por educar a la población sobre cómo medicarse de una manera más responsable, de una manera más juiciosa”.
El país no está preparado
El diputado Víctor Torres, por su parte, indicó que la liberalización de la venta de medicamentos va a tener dos resultados: el primero, que suban los precios de los medicamentos, y en segundo lugar, que aumenten los niveles de intoxicación y automedicación. “Son factores fundamentales para determinar que hoy día todavía nos estamos preparados como para avanzar en una alternativa como la que ha planteado el Ministerio de Salud a través de su decreto y también en un boletín que existe del ex diputado Maximiano Errázuriz”.
Añadió que “creemos que si se debe avanzar para poder disminuir los costos de los medicamentos, hay dos alternativas para ello: primero, que en las góndolas existan los listados de los medicamentos denominados OTC (fármacos de venta libre) y que éstos sean vendidos con previa consulta a un profesional, como por ejemplo un químico farmacéutico, y en segundo lugar, que pudiera existir la alternativa de venta de medicamentos genéricos en las farmacias de los distintos consultorios del país”.
En este sentido, explicó: “Hoy día sabemos que los consultorios y los hospitales tienen acceso a medicamentos de menor costo, producto de que los compran en grandes cantidades, y si los venden a precio de costo, podemos reducir el imparto que genera comprar medicamentos en farmacia respecto de las necesidades de los pacientes”.
Respecto de si es posible aún evitar que la medida se aplique, el diputado Torres, explicó que “todavía este decreto está en estudio de Contraloría, está estableciéndose la legalidad del instrumento, y se han tratado de realizar algunas modificaciones, porque ha sido muy polémica la situación. Nosotros esperamos que se revise y que el ministro de Salud o retire el decreto o eventualmente llegue a un acuerdo más en la línea de lo que nosotros hemos planteado”.
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