En seminario desarrollado en la Escuela de Derecho de la UV.
Más de cien mil personas están bajo control de Gendarmería en forma directa en situaciones de condena, y cerca de 52 mil están privados de libertad en caso de condena y prisión preventiva, cifra que puede ir en aumento si no se tienen los recintos penitenciarios adecuados para un país que gasta muchos recursos en el sistema carcelario.
Uno de los problemas que se mantienen al interior de los recintos penales es el hacinamiento, además de las condiciones de habitabilidad y la gestión administrativa que debe resolver Gendarmería. Esta situación es completamente distinta en países como Alemania, Estados Unidos, España o Argentina, donde son los propios jueces quienes resuelven los conflictos que se producen al interior de las cárceles, por cuanto disponen de medidas de control y ejecución.
Chile no presenta una Ley de Ejecución Penitenciaria que faculte a los propios a resolver este tipo de conflictos. El Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en un proyecto de ley para entregar a los jueces un control de jurisdicción para resolver conflictos en los recintos penitenciarios.
Estado de derecho y sistema penitenciario
Para estudiar y analizar la situación que se vive en el sistema penitenciario, la Escuela de Derecho de la UV realizó el seminario “Estado de derecho y sistema penitenciario”, en el que se analizó esta realidad en Chile y en Alemania.
El jefe del Departamento de Adultos del Ministerio de Justicia, Ignacio Castillo, indicó que los recintos carcelarios nacionales deberán tener un cambio originado en las innovaciones incorporadas al sistema judicial chileno, tales como el código procesal penal, los tribunales de familia, el sistema de responsabilidad para los adolescentes, la reforma laboral, entre otros. Por esto, a juicio de Castillo, los jueces ahora están más cerca de la ciudadanía.
“Con todos los cambios que ha presentado el sistema judicial chileno, tenemos que avanzar en el sistema penitenciario, y fundamental es generar un modelo donde el juez pueda controlar cualquier tipo de conflicto que se dé al interior de las cárceles”, señaló el representante del Ministerio de Justicia.
Por su parte, José Luis Guzmán, académico de la UV, señaló que en Sudamérica existen dos países que carecen de un sistema de control judicial que tenga ejecución penal en las cárceles: “Chile y Uruguay son las naciones que no tienen una ley, y menos un juez de ejecución”, indicó.
El docente reconoció que este es un aspecto deficitario del sistema penal en Chile, pero ve con buenos ojos el proyecto que está tramitando el Ministerio de Justicia junto a GTZ Chile, entidad que presta asesoría técnica a la cartera.
En la actualidad, lo hay que mejorar en términos de control al interior de las cárceles dice relación con los derechos. Si un reo presenta antecedentes suficientes de buena conducta para que cumpla libertad remitida u otras garantías, Gendarmería es la institución encargada de resolver. Para los especialistas es fundamental aplicar la ley para que el sistema funcione, y que sea aplicada por un juez.
Los exponentes que analizaron el tema “El estado de derecho y el control judicial en la fase de la ejecución penal” fueron Maj Zscherpe, presidenta de la Corte de Ejecución Penal de Hamburgo; Jörg Stippel, abogado alemán y jefe del proyecto GTZ–Chile, e Ignacio Castillo, jefe del Departamento de Adultos del Ministerio de Justicia.
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