“El Consejo de Rectores ante los desafíos de las universidades chilenas en el Bicentenario” es el libro que plantea las directrices para mejorar la educación superior en el país. El texto fue presentado este viernes en el Museo de Bellas Artes, en Santiago.
Mayor flexibilidad en las carreras y un fortalecimiento del pregrado; corregir los desequilibrios regionales en ciencia y tecnología; perfeccionar los postgrados en el país; la acreditación obligatoria de todas las universidades y todas las carreras, con un rol más comprometido del estado, y aumentar el financiamiento público de la educación, especialmente en las instituciones estatales, son las principales propuestas para la educación superior que formula el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, las que fueron reunidas en un libro que se hizo público este viernes.
El texto, titulado “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las universidades chilenas en el Bicentenario”, que plantea y desarrolla las propuestas referidas, fue presentado en dependencias del Museo Nacional de Bellas Artes, en Santiago. La ceremonia contó con la asistencia de representantes de las universidades de todo el país que integran el CRUCH, incluyendo a la UV y su rector, Aldo Valle, quien además preside el Consejo de Rectores de las Universidades de Valparaíso.
La presentación del volumen estuvo a cargo de Víctor Pérez, vicepresidente del CRUCH y rector de la Universidad de Chile; Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009, académico de la UV, y Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Como moderador participó Juan Antonio Rock, rector de la Universidad de Talca.
El rector Aldo Valle, quien participó en la preparación del documento, destacó que el paso que sigue es “trasformar estas propuestas en un problema político”, de modo que se concreten “y podamos alcanzar soluciones”.
Las propuestas
El rector Víctor Pérez presentó un resumen de las propuestas contenidas en el libro, las que se ordenan en cinco áreas, partiendo por la formación de las personas, en lo que se refiere al pregrado en las universidades chilenas. En este sentido, se propone una mayor flexibilidad, revisar su duración y que sean más breves, en el caso de que los estándares de calidad lo permitan. Asimismo, los rectores proponen un pregrado articulado con la formación técnica profesional y con la formación de posgrado, junto a un crecimiento estratégico, definiendo un incremento anual, de modo de alcanzar la meta de un millón de estudiantes en la educación superior para el 2015, alineado con las necesidades del país en materias económicas, productivas y sociales. En esta misma área, señalan la aspiración de las universidades de continuar fortaleciendo la formación de postgrado, incluyendo armónicamente un componente nacional y otro internacional, a fin de sostener la investigación científica en Chile.
La segunda área abordada en el texto es la de ciencia, tecnología e investigación, con miras principalmente a terminar con los desequilibrios regionales, por cuanto en la actualidad la investigación está concentrada sólo en algunas regiones. Los rectores destacan que las universidades regionales deben constituirse en polos de desarrollo educacional, cultural, científico y tecnológico, y de innovación en cada una de sus regiones; para ello, se requiere que universidades e investigadores cuenten con la infraestructura y el equipamiento de la más alta calidad y especialización. Asimismo, indican, es necesario generar una vinculación sistemática con la industria nacional, poniendo a disposición de ésta las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades, con el objeto de mejorar la competitividad del país y el desarrollo en base al conocimiento. “Valoramos sinceramente —dijo Pérez— programas como Becas Chile; son un gran avance. Sin embargo, necesitamos un Programa Becas-Chile-EN-CHILE. Nuestra propuesta en definitiva es incrementar el gasto en I+D+i hasta el 1,9 por ciento del PGB, en línea con los países desarrollados, para el año 2015”.
La calidad es la tercera de las áreas expuestas en el libro. En este sentido, los rectores plantean que todas las universidades y todas las carreras deben estar acreditadas, proponiendo los cambios legales correspondientes, con plazos estrictos para las que no lo hayan logrado. Además, piden un rol más comprometido del Estado en este ámbito, “para que el sistema de acreditación no impacte el costo de las carreras y programas y no se convierta en el ‘nuevo negocio de la educación superior’”.
Políticas de financiamiento
El área más extensamente abordada es la que dice relación con las políticas de financiamiento, por cuanto, afirmó Pérez, “no podemos continuar gravando a las familias con el costo de la educación superior, ningún país del mundo tiene un aporte privado tan alto como el nuestro. Así, ampliar la matrícula sólo con aporte privado es injusto, porque le deja todo el peso a las familias más pobres”.
En este sentido, el financiamiento público “debe crecer, y ser destinado a aquellas instituciones que tengan carácter público reconocido por el Estado. Es responsabilidad del Estado asegurar la equidad en el acceso”. Explicó Pérez que hoy en Chile se destina el 2,1 por ciento del PGB para el financiamiento de la educación superior, de lo cual el 1,8 por ciento corresponde a aporte privado y sólo el 0,3 por ciento viene del Estado: “Proponemos aumentar ese aporte en uno por ciento; es decir, que sea del 1,3 por ciento del PGB, de aquí al 2015. Eso corresponde a mil 700 millones de dólares millones más”.
Destacó también que “cuando queremos sumar a Chile a la sociedad del conocimiento, no podemos mantener en el Sistema de Educación Superior un gasto fiscal que tiende a bajar cada año”, de modo que “se propone alcanzar una inversión en I+D+i de 1,9 por ciento del PGB, tanto pública como privada, en el período 2010-2015, lo cual requerirá incrementar la inversión actual en 1,2 por ciento del PGB. La media de los países de la OECD es de 2,1 por ciento. Ambas propuestas significarían alcanzar una inversión total, pública como privada, en Educación Superior, Ciencia y Tecnología de un 5 por ciento del PGB, en el período 2010-2015”.
Al referirse al acceso de los estudiantes más pobres a la educación superior, los rectores de Chile proponen que haya becas para el ciento por ciento del quintil 1 y 2 por el total del arancel durante el primer año de carrera; cobertura completa de quintiles 1, 2 y 3, y financiamiento garantizado para el quintil 4.
Institucionalidad para la excelencia
La última área analizada es la institucionalidad para una mayor excelencia, que parte por cambios legales que permitan modificar el marco normativo que rige a las universidades estatales, para poner fin a rigideces que les impiden ser más competitivas. “Para ello —dijo Pérez—, el Consejo de Rectores considera prioritario crear una Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con las siguientes funciones principales: proponer políticas públicas en educación superior articuladas con los requerimientos que en este ámbito demanda el desarrollo del país; estudiar y crear instrumentos de fomento de la calidad de la educación superior, de la ciencia y tecnología, innovación, arte, cultura y patrimonio, acordes a las políticas públicas; propiciar las coordinaciones institucionales nacionales e internacionales, y finalmente concentrar un sistema de información pública que transparente la realidad del sistema.
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