De manera exitosa se cerró el caso de vulneración de derechos de una mujer de nacionalidad haitiana que fue retenida durante cerca de dos semanas en el embarque del Aeropuerto Internacional de Santiago, en pésimas condiciones de salud física y psicológica.
En el caso trabajaron Evelyn Alfaro, Joel Gustave, Francisca Serrano, Waguel Avril y Padre Pedro Nahuelcura (del Instituto Católico Chileno de Migración, Incami); Fabiola Girão y Daniela Otárola (profesora y egresada de la Universidad de Valparaíso, ambas integrantes de la Clínica de Migrantes); Cristián Rivera (profesor de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos UV); y Lorna Chaparro y Ángelo Rojas (estudiantes PUCV).
El caso
La causa fue recibida por la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos a propósito de una denuncia de la que tomaron conocimiento funcionarios del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), sede Valparaíso, sobre vulneración de derechos de una persona migrante de parte de un familiar de una mujer haitiana que no podía ingresar a Chile y que era amenazada con ser retornada a su país de origen en contra de su voluntad, mientras se encontraba retenida en el área de embarque del aeropuerto de Santiago por más de una semana.
El caso fue derivado a la entonces profesora de la UV Fabiola Girão quien, junto a estudiantes de la Clínica de Migrantes de la UV y alumnos PUCV inició la recopilación y redacción de antecedentes, con el fin de interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El mencionado recurso se interpuso en favor de la ciudadana haitiana y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (Unidad Nacional de Migraciones), Policía Internacional y el Servicio Nacional de Migraciones por afectar el derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual de la amparada, establecido en el artículo 19 Nº7 de la Constitución Política de la República, además de una solicitud de orden de no innovar, que buscaba prohibir que la ciudadana fuera reconducida en contra de su voluntad a Haití.
El profesor Cristián Rivera explicó que “en el intertanto en que las instituciones respondían lo solicitado, funcionarios de Incami lograron tomar contacto con la ciudadana haitiana que llevaba más de ocho días retenida en el pasillo del aeropuerto, sin posibilidad de comunicarse con nadie, toda vez que PDI no contaba con funcionarios intérpretes en la lengua creolé. En el contexto de esa visita es que funcionarios develan no sólo las vulneraciones de derechos sino un grave deterioro de su salud mental a raíz de las graves vejaciones que estaba sufriendo la ciudadana”.
“La grave y desmejorada situación obligó al equipo jurídico a presentar una solicitud de medida cautelar especial, a objeto de resguardar la integridad física y psíquica de la ciudadana haitiana. No obstante, atendido la materia de rápida tramitación, se ordenó la vista y conocimiento de la causa, lo que determinó que los ministros de la Corte de Apelaciones conocieran los alegatos de esta parte y el motivo de por qué era necesario acoger el recurso, lo que finalmente ocurrió”, añadió.
Puntualizó que la Corte de Apelaciones de Santiago determinó “que la ciudadana haitiana había sido vulnerada en sus derechos y que era ilegal la prohibición de ingreso a nuestro país, ordenando que se permita su ingreso y asimismo ordenó al Servicio Nacional de Migración facilitar el proceso de otorgamiento de visa”.
“Pese a la sentencia favorable, lo que ahora correspondía era exigir el cumplimiento de la sentencia, lo que no fue sencillo, toda vez que la Policía de Investigaciones, a través de la Unidad de Migraciones del aeropuerto internacional, se negó en principio a autorizar el ingreso de la mujer, puesto que deseaban esperar un plazo de cinco días más por si alguna institución apelaba el fallo. Lo anterior motivó a que el equipo de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos realizara labores coordinadas, presentando escritos y solicitando directamente a la corte el cumplimiento del fallo, puesto que la PDI se encontraba en una situación de incumplimiento de lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Debido a lo antes expresado, fue la propia Corte de Apelaciones, en sesión extraordinaria, la que determinó oficiar a la PDI para que diera estricto cumplimiento al fallo en un plazo de horas, lo que a la postre determinó el ingreso efectivo de nuestra representada al país y el encuentro con profesionales de Incami y su familiar que la esperaba en Chile”, destacó.
Añadió que “sin perjuicio de ello, el Servicio Nacional de Migrantes apeló la sentencia ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal no sólo confirmó la sentencia, sino que determinó y explicó algunas de las vulneraciones que habría sufrido nuestra representada”.
“La causa se encuentra actualmente terminada procesalmente hablando. Sin perjuicio de lo anterior, administrativamente se están realizando acciones a fin de que nuestra representada pueda concretar los trámites necesarios para obtener su respectiva visa, mientras detenta de su permiso transitorio por noventa días”, indicó.
La coordinadora de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos, Inés Robles, comentó que “en general, los casos de vulneración de derechos tienen un componente emocional importante, ya que se vinculan a la trasgresión de la dignidad de las personas, y cuando se trata de un o una migrante esta carga se multiplica, dado que aparecen otros elementos que hacen más compleja la situación, como el poco manejo del idioma, la falta de redes de apoyo y los choques culturales”.
“En particular, la resolución del caso de la mujer de nacionalidad haitiana retenida en el aeropuerto nos deja satisfechos y renueva el compromiso que el equipo de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos tiene con todos los casos de vulneración de derechos que lleguen a nuestras manos”, cerró.
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