Senado despachó la iniciativa que permitirá a estos centros de estudios superiores renovar sus plantas de personal académico y no académico.
Por 33 votos a favor y la abstención del senador Roberto Muñoz Barra, el Senado aprobó y despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputados, el proyecto que, entre otras materias, faculta a las universidades estatales a conceder una bonificación por retiro voluntario a sus funcionarios.
Cabe señalar que la iniciativa llegó a la Sala con calificación de suma urgencia, es decir, de diez días para ser despachada por cada rama legislativa.
Durante el debate intervinieron los senadores Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Mariano Ruiz-Esquide, Juan Pablo Letelier, Nelson Ávila, Carlos Cantero, Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, Guillermo Vásquez, José García, Carlos Ominami, Ricardo Núñez y Roberto Muñoz Barra, además de la ministra de Educación Mónica Jiménez.
La senadora Evelyn Matthei, en su calidad de presidenta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, afirmó que los funcionarios que entre la fecha de publicación de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, tengan o cumplan 65 años de edad, si son hombres, y en el caso de las mujeres, desde que cumplan 60 y hasta los 65 años de edad, y que hagan efectiva su renuncia voluntaria, en el plazos de 180 días podrán acceder a bonificaciones e incentivos por retiro.
"Dicho plazo fue el que generó mayor debate en la Comisión ya que originalmente se otorgaban solo 90 días, lo cual fue considerado como insuficiente y se propuso un plazo de un año. Finalmente, el Ejecutivo acogió el criterio de establecer el período de seis meses", dijo la parlamentaria.
Asimismo explicó que la bonificación que contempla el proyecto será equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea en planta o contrata, con un máximo de once meses.
Adicionalmente los funcionarios afiliados al sistema de AFP, tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación adicional, la que será equivalente a la suma de 395 unidades de fomento para el personal no académico, ni profesional y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico.
Por su parte, el presidente del Senado, Jovino Novoa, precisó que respecto a los plazos que contempla el proyecto, "fueron aprobados por unanimidad en las Comisiones Unidas y, por lo tanto, no cabe hacer discusión en la Sala porque extender dicho plazo es iniciativa de la Presidenta de la República".
A su turno, el senador Jaime Orpis destacó el acucioso trabajo desarrollado por los gremios de los funcionarios de la educación superior y señaló que "la iniciativa significa un avance para promover la renovación de las actuales plantas".
En tanto, el senador Mariano Ruiz-Esquide recordó que "hemos estado preocupados en forma permanente de mejorar la condición de las universidades estatales y de sus profesores, académicos y funcionarios que realizaron un importante aporte al país".
En la misma línea, el senador Juan Pablo Letelier indicó que esta es una legislación largamente esperada y que ha sido perfeccionada en el Senado en cuanto a los plazos para acogerse al retiro voluntario. "La comunidad académica no planteó la inquietud respecto al eventual vacío que se podría producir en la contratación de docentes que se hicieran cargo de las cátedras, pero la experiencia indica que existen muchas personas con sólida formación que van a poder asumir dichas tareas".
El senador Nelson Ávila agregó que "el objetivo de este proyecto es dar tiraje a la chimenea en las universidades estatales" y valoró la iniciativa por cuanto "es uno de los pocos gestos que ha tenido el Estado hacia las universidades públicas en los últimos años".
A su turno, el senador Carlos Cantero se sumó a la satisfacción por esta iniciativa, que es una señal concreta del Estado hacia la educación superior ya que "las universidades estatales podrán ir modernizando su planta, hacer más competitiva su gestión y lograr una mejor ubicación en la preferencia de la ciudadanía y los estudiantes".
El senador Alejandro Navarro consideró este proyecto como "un paso importante que pone de relieve el capital humano de las universidades". Sin embargo, advirtió que "este sistema de bonificaciones no se hace con cargo a los recursos fiscales, sino que las universidades se endeudarán con el aval del Estado". Añadió que esta situación es compleja si se considera que sólo se invierte el 0,3 por ciento del PIB en educación superior.
En tanto, el senador Pedro Muñoz recordó que este proyecto tuvo su origen hace un par de años, cuando la Comisión de Trabajo solicitó al Ministerio de Hacienda incluir a los funcionarios y académicos de universidades estatales en los mecanismos de incentivo al retiro. Asimismo, resaltó que "el proyecto promueve la renuncia voluntaria y compensa en parte el daño previsional con la entrega del bono post laboral".
Por su parte, el senador Guillermo Vásquez puntualizó que los funcionarios podrán acogerse a los incentivos al retiro en forma voluntaria y se les dará un plazo prudente para que adopten una determinación. "Esta es una ventaja que respeta la individualidad de cada uno de los trabajadores de las universidades estatales, sean o no académicos".
A su turno, el senador José García compartió los conceptos de sus pares y señaló que en el proyecto también participaron activamente los dirigentes de los funcionarios de las universidades estatales. Asimismo, explicó que estos beneficios se otorgarán con cargo a empréstitos que las universidades obtengan del sistema financiero.
En la misma línea, el senador Carlos Ominami afirmó que "este es uno de los pocos gestos que ha tenido el Gobierno hacia las universidades estatales en los últimos años, porque las ha dejado atadas de manos en una competencia donde gana no precisamente el que imparte una mejor educación, sino quienes acceden a mayores recursos del sector privado".
Una opinión distinta manifestó el senador Ricardo Nuñez, quien advirtió que "no estamos resolviendo el daño previsional del personal académico, y lo más delicado es que los rectores y el consejo directivo van a tener que endeudarse para cumplir con esta ley. Eso significará aumentar sus deudas y enfrentar mayores dificultades para adquirir recursos. Entonces, en ese sentido, este proyecto me parece casi demagógico", dijo.
En tanto, el senador Roberto Muñoz Barra justificó su abstención porque "si bien este proyecto está bien intencionado no significa un real avance en el sentido de tener un sistema de educación pública que responda a la realidad socioeconómica de la familia chilena y que sea coherente con las responsabilidad que debe tener el Estado".
Finalmente, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, agradeció el respaldo del Senado y reconoció que existen temas pendientes; sin embargo, anunció que su repartición está trabajando en temas de gestión y en trabas administrativas con las universidades estatales y la Contraloría, de modo de unificar criterios y valorar los bienes públicos que significan las universidades estatales.
Fuente: Departamento de Prensa del Senado de la República.
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