Rector Aldo Valle destacó la relevancia de este acuerdo, que permitirá que los funcionarios de las universidades estatales que se acojan a jubilación mejoren sus pensiones.
Su satisfacción por la aprobación por parte de la Cámara de Diputados al proyecto de incentivo al retiro de los funcionarios de las universidades estatales que estén en edad de jubilar, manifestó el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. La autoridad asistió, junto a su par de la Universidad de Playa Ancha, a la sesión en que los diputados aprobaron por unanimidad, con 93 votos, el referido proyecto de ley del Ejecutivo. El proyecto fue despachado al Senado para dar cumplimiento al segundo trámite constitucional.
Valle destacó “el amplio respaldo, la unanimidad, que recibió la aprobación de este proyecto de ley”, así como “nos pareció muy rico el debate parlamentario que hubo, puesto que desde las distintas perspectivas políticas que se expresan en la Cámara de Diputados, todos estuvieron de acuerdo en que las universidades estatales son instituciones muy valiosas para el país y que en los últimos años, sin embargo, han ido quedando olvidadas por la legislación y por el Estado, que es su propietario”.
Añadió que esta es una herramienta muy importante “para restablecer cierto equilibrio en el sistema de educación superior, puesto que permitirá a las universidades del Estado optimizar sus recursos humanos”, a la vez que ofrecer “una alternativa para una jubilación digna a tantos académicos y empleados de la administración universitaria que se veían ante la disyuntiva fatal de o continuar trabajando o simplemente obtener una pensión miserable, particularmente quienes se hallan en el sistema de AFP”.
No obstante esta satisfacción, el rector Ando Valle indicó que “estamos simplemente ante una contribución parcial, una señal ciertamente positiva, pero que no resuelve el problema en toda su magnitud”, por cuanto las universidades estatales “requieren definitivamente de un nuevo estatuto jurídico y patrimonial que configure una regulación sistemática e integral, de modo que se garantice el desarrollo la excelencia y el rol público y trascendental que deben cumplir estas instituciones”.
Según establece el proyecto, como incentivo se ofrece a quienes jubilen de las universidades estatales una compensación equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con un tope de once meses, más una bonificación de 395 Unidades de Fomento (8,3 millones de pesos) para el personal no académico ni profesional, y de 935 UF (19,5 millones) para el personal profesional, directivo y académico, cotizantes de AFPs. Este incentivo monetario se une a la indemnización por años de servicio.
Desde enero de 2012
El proyecto señala textualmente que “con el fin de dotar a los planteles estatales de herramientas permanentes que les permitan una adecuada gestión de los recursos humanos, se les faculta para que, a contar del 1 de enero de 2012, puedan establecer, con cargo a sus recursos propios, un beneficio compensatorio equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses, respecto del personal no académico, profesional, directivo y académico, sea que sirvan sus cargos en calidad de planta o a contrata, siempre que presenten su renuncia voluntaria como funcionarios de la universidad, respecto del total de horas que sirvan en virtud de sus nombramientos o contratos dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, en el caso de los hombres, y 60 años de edad, si son mujeres”.
AFUV
Ante la información, la directiva de la Asociación de Funcionarios de la UV emitió un comunicado formulando un llamado “a estar alertas para el llamado a participar en la próxima instancia” cuando el proyecto sea visto por el Senado. Asimismo, la directiva destacó que “dada la discusión que hoy día se dio, se ha comenzado a generar la idea del verdadero rol que debe cumplir el Estado con sus universidades”.
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