Estudiantes de Medicina del país formulan llamado a resolver problema de los campos clínicos
Asemech emitió un comunicado público sobre la relación actual de los campos clínicos y las Escuelas de Medicina del país.
Un comunicado público expresando su preocupación por la situación actual de los campos clínicos de que disponen las Escuelas de Medicina del país, emitió la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, Asemech. El texto propone, además, vías de solución para los problemas que se producen en esta área.
A continuación, el texto de la declaración de Asemech.
“Los estudiantes de las Escuelas de Medicina de las Universidades de Antofagasta, de Chile, Católica de Chile, de Santiago, Mayor, de Valparaíso, de Concepción, Santísima de Concepción, de la Frontera y Austral de Chile, agrupados en Asemech (Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile), damos a conocer públicamente nuestra preocupación y exigencias de una pronta regulación de la asignación de campos clínicos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, va que sentimos que la situación actual afecta de forma directa la calidad de formación de los estudiantes de medicina, la calidad de atención de los pacientes del sistema público de salud, y pone en jaque el futuro de las escuelas de medicina estatales y tradicionales del país.
Uno de los efectos directos del sobrenúmero de Escuelas de Medicina es el conflicto por la disponibilidad de campos clínicos. Desde hace años hemos visto como se ha dado una verdadera guerra por los campos clínicos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud, los cuales congregan la mayor área de capacitación clínica para estudiantes del país. Hemos sido testigos de cómo muchas de las Escuelas de Medicina más antiguas han perdido la participación histórica que tenían en grandes centros asistenciales, que incluso ayudaron a levantar, producto de las diferencias en cuanto a poder económico entre las Escuelas de Medicina tradicionales y las nuevas escuelas privadas del país. La cohabitación se ha vuelto normativa en los distintos campos clínicos, muchas veces sin respetar las necesidades académicas, asistenciales y humanas de las escuelas y centros de salud. Reconocemos y valoramos los procesos de regulación de la calidad de la formación médica que se han llevado a cabo, de los cuales nos hemos hecho partícipes dentro de nuestras posibilidades, por lo que hemos visto con muchas expectativas la creación de un marco regulatorio sobre la asignación de CFPT que incluye las visiones de los principales protagonistas del área docente asistencial. Creemos que es un gran avance que puede abolir en parte las grandes problemáticas del área, ya que establece como primer paso para el proceso regulatorio de la educación médica en el país la estandarización en la calidad de la formación médica, lo que cubre una necesidad que surge con características de imperativo moral.
Por esto es grande el disgusto que existe dentro de nuestra Asociación por el incumplimiento de la Norma General Administrativa Nº 18 del Ministerio de Salud en la mayor parte de los Servicios de Salud del país, a pesar que ésta lleva vigente más de siete meses. A la fecha la mayor parte de las Escuelas de Medicina, a través de las universidades a las que pertenecen, no mantienen convenios formales con los Servicios de Salud adaptados a las disposiciones de la norma. Aún más, no sólo existen situaciones de convenios fuera del marco regulatorio, sino que en muchos lugares se ha ido totalmente en contra de lo que éste establece. Así se han posibilitado situaciones tan graves como las que han afectado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, una de las Escuelas con más tradición, aporte al desarrollo regional, a la movilidad social y líder en resultados académicos en el país. Nos parece inaceptable que una escuela de tales condiciones vea afectada la calidad de formación clínica de sus estudiantes de pregrado y postgrado, por verse desplazada dentro de uno de sus campos clínicos de referencia histórica por parte de una Escuela de Medicina no acreditada y perteneciente a una Universidad no acreditada como institución (siendo rechazada dos veces), situación totalmente contraria a lo establecido en el marco regulatorio vigente. Nos parece inédito que muchos Convenios Docentes Asistenciales aún no se hayan establecido por la falta de disposición de los Servicios de Salud para hacerlo, aun con el mandato ministerial para ello. Es preocupante que aún muchas Escuelas que cumplen con lo dispuesto por la norma para convenir, como para obtener la prioridad, hayan visto peligrar su participación en distintos centros asistenciales, incluso en algunos casos cayendo a un plano secundario frente a Escuelas que no cumplen con los requisitos dispuestos.
Por todo lo anterior, como Asemech haremos todas las gestiones necesarias para solucionar esta situación. Creemos que es el momento adecuado para terminar con el proceso recién descrito, poniendo como objetivo principal el aseguramiento de campos clínicos para las universidades que cumplan con un rol público. Así entramos en sintonía con los movimientos estudiantiles y académicos que exigen un nuevo trato con el estado.
Por lo anterior, declaramos:
• Es de suma importancia regularizar los convenios docentes asistenciales existentes, ajustándolos a la norma vigente.
• Proponemos la confección de un documento complementario a la normativa que permita ejecutarla de manera adecuada a los directores de Servicios de Salud, debido a los vacíos existentes que dificultan su aplicación.
• Debe existir la formación de una entidad reguladora que en un plazo determinado fiscalice el cumplimiento de la norma en todo el país.
• La norma debe pasar por un proceso de reestructuración en el corto plazo, que mejore su aplicabilidad, potencie la calidad y reconozca el compromiso del Sistema Público de Salud con la Educación Pública del país. Para esto, proponemos una reforma de los criterios de asignación, destacando el compromiso del estado con sus universidades a través de sus Servicios de Salud, como el compromiso y reconocimiento del rol público de distintas casas de estudios del país. Así, proponemos un sistema integrativo que cumpla con estos principios, y de esta forma, este acorde con las necesidades del país. Proponemos:
• Definición de la capacidad formadora: En base al documento elaborado por la Condas, que determinara los estándares de capacidad, se haga un registro nacional de Campos de Formación Profesional y Técnica, determinando las capacidades respectivas de cada Centro Asistencial. Con esto, proponemos que se haga una clasificación de los distintos centros asistenciales por su capacidad formadora. Con este documento como base, se podrá avanzar hacia una regulación por capacidad de la asignación de Campos Clínicos, dando un estimado de escuelas de medicina a las cuales el SNSS podrá entregar servicios formativos.
Para esto, se deberá estandarizar la capacidad clínica asistencial mínima que deberá contar cada escuela para una correcta formación, lo cual creemos debe tornar en cuenta la Acreditación de Escuela.
• Reestructuración de las condiciones mínimas del Centro Formador para la asignación. Que se establezca como mínimo para que un Centro Formador pueda establecer un convenio docente asistencial la aprobación de la acreditación como Escuela de Medicina. Este criterio se adicionaría al existente que establece que la Escuela debe pertenecer a una universidad que cuente con acreditación institucional. De esta forma, el sistema público de salud reconoce los esfuerzos que se han hecho en educación por mejorar la calidad de educación superior. Consideramos que esta medida no va en contra de la libertad de educación, ya que no se está limitando directamente la apertura de escuelas, sino que sólo se está estableciendo criterios de uso de una parte del sector asistencial, lo que nos parece totalmente válido.
• Reestructuración de las condiciones de acceso prioritario. Creemos que la normativa ministerial debe estar acorde con las necesidades del país, sobre todo con las del área de educación superior. Por esto, declaramos:
La normativa debe proteger a las Escuelas de Medicina de universidades estatales, dándoles prioridad de asignación. Creemos que es una necesidad que el estado potencie la educación estatal, en este caso, a través del SNSS. Esto se estructura dentro del movimiento actual de estudiantes que busca un nuevo trato con el estado en educación superior, al cual como asociación nos sumamos. Sin embargo, reconocemos que debe existir un seguimiento de estas Escuelas al tener asignado un determinado campo clínico, estableciendo metas de desarrollo durante el período de convenio. Debe existir priorización a universidades con un rol público considerando su participación en el desarrollo histórico del SSIMS y su aporte a la movilidad social. Debe considerar el aporte en calidad de profesionales y en investigación clínica local.