Estatales pero privatizadas

por Aldo Valle Acevedo, rector UV.

Las llamadas universidades estatales no existen en Chile, pues de hecho han sido privatizadas. Desde 1981 se inició un evidente proceso de distanciamiento del Estado con estas instituciones, tendencia que fue profundizada por los gobiernos de la Concertación. La política que se impone es que estas instituciones deben autofinanciarse y transferir la mayor parte de sus costos a las familias y a los propios estudiantes, quienes deben endeudarse tal como si estuvieran matriculados en instituciones privadas. A veces éstos tienen que dejar sus estudios a medio camino porque no pueden pagar sus obligaciones económicas. La U. de Valparaíso sólo recibe un 7% de su presupuesto anual como aporte fiscal directo, la U. de Chile, el 14%. Por esta razón sostengo que en Chile no existen universidades del Estado.

Este es un problema fundamental de la educación superior en Chile, no el sistema de ingreso, ni la existencia del Consejo de Rectores, ni las legítimas diferencias que pueda haber dentro de éste. Un Estado ausente en educación superior, con el gasto público más precario en educación superior (0,3 del PIB), según el Banco Mundial, ha ido generando un irritante e insoportable malestar en las comunidades académicas, estudiantiles y de todos quienes aportan su trabajo en las universidades estatales. El rector de la Universidad de la Chile, apoyado por toda la comunidad, ha exigido un nuevo trato del Estado con sus universidades, el Consorcio que agrupa a estas universidades espera con impaciencia promesas incumplidas por el gobierno. Todavía no ingresa al Parlamento el mensaje presidencial del proyecto de ley sobre incentivo al retiro y digna jubilación para académicos y funcionarios que han servido por largos años.

El abandono del Estado también se manifiesta en impedir que las universidades estatales puedan competir en igualdad de condiciones con un mercado paralelo carente de regulación. Así, si se mantiene el actual régimen jurídico y patrimonial que las considera como servicios de la función administrativa, ello terminará con la existencia de estas instituciones.

Esta es la conclusión realista y triste que deben comunicar y denunciar quienes nos vemos a diario con la administración y las necesidades financieras de dichas universidades. Antes de la tragedia, sin embargo, todas las comunidades afectadas debemos advertir que por el bien del país no puede aceptarse esta situación. Es un deber alertar a las autoridades políticas y a la ciudadanía en su conjunto sobre las consecuencias de una ideología extremista que no sabe de otro incentivo que no sea el lucro privado, al cual todo debe ser sometido.

Las universidades estatales constituyen una forma de sociabilidad imprescindible, aunque no la única, para el desarrollo de la ciencia y la cultura que siempre deben contar con espacios abiertos, sin dueños ni verdades preconcebidas por respetables o cercanas que nos resulten. Tales instituciones necesitan, no sólo dinero, sino de una reforma estructural y para ello se requiere carácter y voluntad que los gobiernos de la concertación no han tenido, entre otras causas porque algunos predican sin ambages que el estado o el mercado son dos herramientas igualmente neutrales para la formación de los cuadros profesionales e intelectuales que necesita el país.