La rectoría de la Universidad de Valparaíso anunció que se otorgará un reajuste del 10 por ciento —a partir de diciembre— a todos los funcionarios de planta y contrata de esta casa de estudios, el que se aplicará a todos los ítemes que conforman la remuneración, con excepción de las asignaciones de mérito, gestión y aquellas que se otorgan en razón del ejercicio de cargos directivos.
Este reajuste supone un esfuerzo de grandes proporciones para las finanzas de la UV, puesto que se produce justo en el momento en que se aplican diversas medidas para ajustar el presupuesto de esta casa de estudios, de modo de asegurar su sustentabilidad en el tiempo.
En efecto, por todos es conocida la adopción de diversas medidas tendientes a ajustar la planilla de remuneraciones, de modo de sortear exitosamente el proceso de acreditación que está en ciernes, para el cual se requiere de un equilibrio financiero que dé garantías para el desarrollo de la Universidad.
Obrar de manera distinta, ciertamente, habría significado poner en riesgo el futuro de la Universidad, y por tanto la fuente laboral de todos los funcionarios, puesto que la sola posibilidad, por ejemplo, de una intervención central, habría implicado la aplicación de drásticas medidas.
Por tanto, la rectoría ha actuado motivada única y exclusivamente con ese propósito, aunque ello haya sido objeto de críticas e incomprensiones, que evidentemente demuestran que los graves hechos ocurridos en el pasado reciente, donde se actuó con absoluta irresponsabilidad cuando no de manera irregular, parecen quedar en el olvido.
La actual administración sólo ha obrado para reparar el grave perjuicio causado a la Universidad, por lo que además de desarrollar un plan para hacer frente a los problemas económicos, no ha escatimado en acciones para que se conozcan todos los hechos irregulares que causaron el descalabro económico de la UV, de modo de perseguir a los responsables.
En esa línea, se ha hecho la oferta pública a través del sistema Chile Compra para licitar una auditoría administrativa de los años 2005, 2006 y 2007, en los términos adoptados por la Junta Directiva. Además, se está a la espera de los resultados de los informes de la Contraloría Regional, que sin duda tendrán gran repercusión en nuestro quehacer, lo mismo que lo que resuelvan el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, organismos a los cuales se les han entregado todos los antecedentes para que la Justicia actúe.
Esperamos que esta medidas surtan efecto, y que este reajuste que se entrega hoy sea entendido como un esfuerzo mayúsculo dentro de la obligación que tiene la autoridad de cumplir con los acuerdos entre el Gobierno y la ANEF, que sin embargo no consideran la entrega de recursos extraordinarios para que las universidades otorguen el reajuste.
Relacionados
