Liderado por el rector UV, Osvaldo Corrales, el consorcio prepuso cinco medidas que ayudarían a paliar deudas producidas por la pandemia sin incurrir en gasto fiscal.
Tras conocerse la propuesta de Presupuesto 2023, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) activó conversaciones con el Gobierno y el Congreso con el objeto de buscar solución y negociar una salida que aumente los ingresos para las universidades del país sin incurrir en gasto público.
Lo que se propone es usar recursos de excedente del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ya autorizados desde el año 2020, en un 35% anual. Esto, producto de los detrimentos financieros que sufrieron las universidades del país como consecuencia de la pandemia, entre otros.
La novedad, según explicó el presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, es “ampliar este permiso, que ha sido muy útil para nuestras universidades, esta vez retirando del monto acumulado. Las autoridades con quienes hemos sostenido encuentros han acogido de forma positiva nuestro requerimiento como universidades del Estado. Somos comprensivos con la delicada situación económica del país y es por eso que estamos proponiendo ideas que no irrogan gasto fiscal”.
Corrales añadió que “las universidades venimos arrastrando altos costos y un impacto económico importante producto de la pandemia, por lo que, conforme a nuestra misión, desplegamos recursos para desarrollar el servicio educativo a distancia, costos que todavía estamos pagando. Los recursos son nuestros y los necesitamos. De no obtenerlos, muchas instituciones estatales van a ver comprometida su sustentabilidad, sobre todo en regiones”.
El documento entregado directamente al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, también detalla el requerimiento sobre el incremento y cambio de distribución de los recursos disponibles para el Fondo Aporte Institucional para Universidades Estatales; la mantención de la estabilidad entre el reajuste de los aportes basales y de los aranceles de gratuidad y el reajuste de las remuneraciones del sector público; además de endeudamiento de largo plazo con garantía del Estado.
La propuesta de las universidades públicas también contempla la postergación de la aplicación del artículo 48 de la Ley 21.094, aplazando en un año la entrada en vigencia de esta norma. Todo esto podría incorporarse en un protocolo de compromisos en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos de 2023.
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