Hasta ahora, el mandato nunca ha sido ocupado por una mujer.
La chilena Karinna Fernández, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, podría convertirse en la primera mujer en ocupar el Mandato de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Apremios Ilegítimos. La abogada es candidata a relatora para esa posición ad honorem, que se encarga a nivel mundial de la protección de derechos fundamentales, haciendo concretos los contenidos teóricos de los tratados internacionales.
La entidad deberá nombrar en junio próximo al próximo relator o relatora, de una terna que le será entregada por el grupo consultivo del Consejo de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra revisando los listados de postulantes convocados. Diferentes organizaciones de mujeres en el mundo están desarrollando campañas para que, por primera vez desde su creación en 1985, se nombre a una relatora.
Según explica Karinna Fernández, “lo interesante es que los relatores reciben un mandato de la comunidad sobre este tema específico, para profundizarlo y hacerse cargo de las denuncias y alertas, para ir a los países si es necesario, elaborar informes e ir desarrollando los tópicos del mandato. Eso ayuda mucho no sólo a la protección de Derechos Humanos, sino también a darles contenido, a darles alcance concreto más allá de lo teórico”.
Respecto del proceso de nombramiento del relator o relatora, que se desarrolla en Ginebra, comenta la abogada que “los elementos que confluyen van a ser diversos, pero lo interesante es que en el proceso actual las organizaciones de mujeres a nivel internacional han levantado fuertes campañas en el sentido de que este mandato nunca ha sido ocupado por una mujer. Es un fenómeno muy interesante, porque creo que en el mundo de los Derechos Humanos las mujeres somos bastante dominantes en los espacios territoriales, pero cuando uno va avanzando las mujeres tienen muy pocos espacios, en particular en los organismos internacionales. Esta campaña, entonces, está dirigida a que la terna esté conformada sólo por mujeres, y también ojalá mujeres que no representen al norte global”.
Tolerancia a la tortura
Al citar algunos ejemplos del mandato y su rol, señala Karinna Fernández, “uno de los primeros relatores fue sir Nigel Rodley —que fue profesor mío—, quien visitó Chile a poco transitar de la democracia, y algo muy interesante de lo que él reflejó en su informe respecto a la visita a Chile, y que es algo que no me deja de impresionar respecto de nuestro país, fue nuestra tolerancia a la tortura. Él entrevistaba presos en las cárceles que le decían que eran golpeados, pero como no les ponían electricidad no se sentían víctimas de tortura. Eso es algo que caracteriza a Chile como nación, me ha pasado con muchas víctimas que dan ese parámetro que nos dejado muy marcados como nación, en ningún otro país he escuchado una narrativa como esta”.
Lo mismo se repite, añade la abogada, en la protesta social: “Hay muchas personas que dicen ‘yo no denuncio porque en realidad lo que me pasó a mí no se puede comparar con la gente que le pusieron electricidad o con la gente que perdió los ojos, yo recibí solamente perdigones, no se puede comparar’. Creo que es importante ir visibilizando eso. Así como es importante decir que la tortura no se comete sólo en lugares subterráneos, oscuros, húmedos y con electricidad: tenemos que aprender a visibilizar la tortura en la cotidianeidad”.
Otro ejemplo “es el que desarrolló Juan Méndez, un profesor argentino, el único latino que ha tenido el mandato, y que se desempeña en Estados Unidos como profesor. Él fue muy claro en permitir que el mandato cubriera la tortura en centros de salud. Ciertas fórmulas hospitalarias, ciertas prescripciones, ciertas condiciones sanitarias se acercan a la tortura y tenemos que visibilizarlas en ese sentido. De ahí que no es extraño que el primer caso en Chile de tortura condenado con la nueva ley en materia penal precisamente haya sido originado en un psiquiátrico”, subraya la abogada Fernández.
Sentencias recientes
Por otra parte, explica Karinna Fernández que “la candidatura tiene que reflejar que uno ha estado al alero del mandato, que lo ha ejecutado, que lo ha utilizado en su vida laboral, tanto profesional como académica. Estos cargos son más bien de naturaleza muy relacionada al mundo académico y no tanto al litigio o al activismo, que es lo que yo represento, por lo que queremos darle otra visión al mandato”.
En este sentido, destaca que “algo que yo he realizado concretamente en Chile es la visibilización de la violencia sexual como una forma de tortura. De hecho, tengo dos sentencias recientes ante la Corte de Apelaciones de Santiago: el caso Campos versus Fisco de Chile y el caso Loyola versus Fisco de Chile. Lo que yo traté de hacer en esos dos casos fue visibilizar la violencia sexual como forma de tortura. En esas dos sentencias, la Corte de Apelaciones, comprendiendo muy bien la dimensión del derecho internacional, reconoce expresamente el impacto diferencial que significa la violencia sexual como forma de tortura, dimensionando que la violencia sexual empieza cuando hay un acto forzado, que no requiere incluso necesariamente tocar a la víctima, hasta las formas más feroces de violación sexual. Es muy interesante como uno desde el litigio puede llegar a realizar ese impacto en la jurisprudencia”.
De resultar electa como relatora contra la contra la tortura y otros apremios ilegítimos, Karinna Fernández explica cuáles serán sus focos: “Creo que estamos pasando por una etapa muy relevante en el mundo que tiene que ver con la pandemia, con la guerra, pero también con el cambio climático. Creo que hay un elemento que tiene ser dimensionado y que tiene que ver con el mundo indígena y la tortura, cómo los pueblos indígenas hoy están sometidos a distintas formas de tortura a través del extractivismo, de la deforestación, y creo que es un énfasis que hasta hoy está un poco alejado del mandato y que podría ser una prioridad interesante”.
Karinna Fernández Neira es abogada, con más de quince años de experiencia en litigio nacional e internacional en Derechos Humanos con especialización en derecho penal e internacional. Ha sido asesora y consultora de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas CIJ, FIDH, APT, OSF, REDRESS, KAS y Fundación Böll. En Chile se ha desempeñado como abogada litigante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Formó parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es asesora jurídica de Forest Peoples Programme. Autora y editora de numerosos libros y artículos, entre sus últimas publicaciones destacan “Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza”, “Torture Incidence and Prevention in Chile: 1985-2014” y “Chile and the Inter-American Human Rights System: interdisciplinary reflections”.
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