Expusieron la fiscal Ximena Chong, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, y la periodista Paula Escobar.
Con un conversatorio titulado “Violencia de género y Ley de Trasparencia. Tensiones entre el derecho a la información y la libertad de cátedra”, la Universidad de Valparaíso conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El encuentro fue organizado por la Unidad de Igualdad y Diversidad de la UV y en él participaron la abogada y fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong; la cientista política y presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y la periodista y docente Paula Escobar.
En la ocasión también intervino el rector Osvaldo Corrales, quien junto saludar y agradecer a las expositoras su participación, afirmó que con actividades como ésta la Universidad busca seguir aportando su mirada serena pero decidida en un tema que en el último tiempo ha sumado una nueva arista, relacionada con una cierta tensión entre bienes públicos que empiezan a verse conflictuados y la eventual instrumentalización de algunas normativas de parte de ciertos poderes e instituciones del Estado.
Sus palabras fueron complementadas por la directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad, Karin Berlien, quien sostuvo que, a pesar de que los valores asociados a esta fecha conmemorativa han adquirido importante fuerza y legitimidad a nivel global, aún persisten diferentes formas de violencia contra la mujer, mientras que otras se han ido reactualizando, por lo que hizo un llamado general a estar alertas y vigilantes ante posturas que -aseguró- apuntan a travestir los principios de la igualdad de género, en pro de un aparente resguardo de la democracia.
No desviar el debate
El conversatorio sobre violencia de género y ley de trasparencia fue moderado por la secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad UV, Javiera Arce.
La también docente e investigadora introdujo en el tema a las panelistas al plantear que hoy observa el avance de fuerzas y visiones conservadoras que en el último tiempo se ha dejado sentir en diversos ámbitos, en particular en el mundo académico, luego de que se conociera el envío de oficios a universidades públicas (entre ellas la UV) solicitando información acerca de docentes y cátedras relacionadas con estudios de género, generando con ello una eventual afectación a la libertad de cátedra.
Frente a esto, Javiera Arce preguntó a las invitadas: ¿Hay alguna incompatibilidad o hay complementariedad entre el derecho a acceso a la información pública y a la libertad de cátedra, qué rol juega eventualmente el género en esto?
La primera en hacer uso de la palabra fue Paula Escobar, quien argumentó que la Ley de Transparencia ha sido fundamental para que la ciudadanía -no solo los periodistas- conozca y obtenga datos de los organismos y servicios públicos con el fin de supervisarlos, conocer situaciones específicas e impedir la corrupción.
En ese sentido, la columnista y panelista de televisión dijo que esta normativa ha ayudado a nivelar las asimetrías de poder que se dan entre las personas, las instituciones estatales y los poderes públicos. Sin embargo, precisó que lo anterior no impide que algunos representantes políticos y autoridades, amparados en esta normativa, puedan adoptar actitudes o acciones que atenten contra los derechos de las personas o, en este caso, de académicas y académicos.
“Creo muy importante entonces no desviar el debate, porque en el fondo vamos a terminar levantando, quizás, el tema de que el problema es la ley cuando el problema no es la ley sino el uso potencial de esta herramienta o de otras. Lo que no podemos hacer es combatir pensamientos iliberales o antidemocráticos poniendo nosotros medidas antidemocráticas o que vayan en contra de los derechos adquiridos de las y los ciudadanos”, enfatizó Paula Escobar.
Por su parte, la fiscal Ximena Chong aseveró que situaciones como ésta, que aluden a conceptos como la llamada “ideología de género”, encierran una forma de violencia simbólica o de utilización despectiva para cancelar o desestimar a los estudios en ese ámbito, cuyo aporte -que considera innegable- ha consolidado el rol que en estas materias juegan las universidades.
“Sin perjuicio de aquello, de que a lo menos hay un desvío de una función propia, lo cierto es que esto no nos puede llevar a desestimar o a remirar la utilidad que en el contexto de una sociedad democrática tiene la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública. Porque en una sociedad que al parecer reclama crecientemente formas de participación en el mundo de lo público o de lo político, conocer el fundamento de las decisiones de la administración y de los actos de gobierno es aquello que en definitiva nos permite saber si el ejercicio del poder está conforme a las funciones, a las atribuciones y finalidades para las cuales ese poder fue adjudicado a la autoridad o si, por el contrario, estamos en presencia de actuaciones de carácter arbitrario que, por cierto, se encuentran proscritas del ámbito público”, acotó la abogada.
Atribución fiscalizadora
Una postura algo distinta expresó la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, quien planteó que este caso en particular no trata de una solicitud propiamente de acceso a la información pública, sino, más bien, del ejercicio de las atribuciones de fiscalización de los parlamentarios.
Sin perjuicio de eso, la cientista política dijo que ésta es una tremenda oportunidad para reflexionar sobre un tema complejo, en base a dos cuestiones fundamentales: el uso errado del concepto “ideología de género” y la posible situación de persecución que surge de la solicitud de individualizar a docentes que imparten cátedras asociadas a materias de género.
“Dicho lo anterior, es muy importante considerar que más allá de la tensión de estos derechos, que efectivamente existe, y que bajo ningún punto de vista el contenido de una solicitud de acceso a información pública puede hacernos retroceder en derechos fundamentales, sí creo que desde el punto de vista de la construcción de la jurisprudencia del Consejo hay mecanismos de salida (…) que existe la posibilidad de negar”, sentenció Gloria de la Fuente.
Las intervenciones de las expositoras en este conversatorio están disponibles en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=3BxQZAD_4Qc.
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