La actividad contó con una alta convocatoria de asistentes.
Con el objetivo de contribuir a la difusión de temáticas medioambientales desde la academia hacia la comunidad, UVerde realizó la primera conferencia del ciclo 2021, que tituló “Legislación Ambiental”.
La actividad contó con la participación de los abogados Mario Herrera, quien también es biólogo marino y académico de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso; la doctora Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; y Diego Lillo, magíster en Derecho Internacional en Derechos Humanos de la UDP y docente de la Clínica de Justicia Ambiental de la misma universidad. Moderó Camila Arriagada, egresada de Derecho UV, quien además es la miembro más joven del equipo UVerde.
Los invitados conversaron sobre cambio climático, la mitigación ambiental, la ciencia y cómo se materializan en el ordenamiento jurídico. Asimismo, analizaron las actuales y futuras decisiones legislativas y entregaron herramientas para entender por qué se requiere una firme conexión entre el derecho y la ciencia.
En particular, la doctora Moraga abordó la Ley Marco de Cambio Climático, en la cual ha estado muy involucrada en su creación y redacción.
En el mes de enero de 2020 ingresó un proyecto de Ley Marco de Cambio Climático al Senado, a la Comisión de Medio Ambiente, y en esa tramitación se decidió contar con una asesoría técnica, en la que participa la doctora Moraga. La abogada explicó que el cambio climático, por sus características de problema complejo, requiere de una articulación de distintos niveles legislativos: derecho internacional, la Constitución y la legislación.
“Este proyecto tiene como propósito alcanzar la carbononeutralidad en el 2050 y, en ese sentido, formaliza un marco institucional que ya estaba funcionando en Chile, además de crear o reconocer ciertos instrumentos de gestión del cambio climático que ya se han desarrollado en el país, pero se plasman por primera vez en un texto legal. Esto en el ámbito tanto de la mitigación como de la adaptación. El objetivo de la ley, en ese sentido, articula lo que es el compromiso nacional de Chile, expresado en la Contribución Nacionalmente Determinada o NDC (por sus iniciales en inglés). Para ello establece un instrumento que es la estrategia climática de largo plazo, que va a definir las metas sectoriales de ese compromiso, es decir, cómo se comprometen los sectores transporte, energía, obras públicas, etcétera, tanto en materia de reducción de gases de efecto invernadero como de adaptación”, afirmó.
Por su parte, el profesor Herrera, quien cuenta con una amplia trayectoria en actividades científicas, jurídicas y académicas en el ámbito del medioambiente marino, expuso sobre la función de las ciencias y del derecho en el resguardo del medioambiente, a través de una mirada a la evolución de las regulaciones, guías y procedimientos aplicados al medio marino.
“La parte científica es la que de alguna manera tiene que conversar con la parte regulatoria, porque la ciencia se encuentra en el corazón mismo de la norma ambiental, con la cual mantiene unas relaciones dinámicas y complejas, que no se limitan a una simple transcripción normativa. Esta vinculación entre el derecho ambiental y las diferentes ciencias en las que se apoya obliga a afrontar determinados desafíos relacionados con las grandes diferencias entre objetivos y finalidades, marcos temporales de desarrollo y exigencias de verificabilidad y prueba de sus resultados en los ámbitos científicos en comparación con el jurídico”, planteó.
También agregó que “en muchas ocasiones será necesario recurrir a una traducción jurídica de conceptos, que está bien, pero estos resultados científicos son la base o el sustento de la aplicación de la norma, si no no tenemos un sentido para el objetivo final, que es el resguardo del medioambiente y no el resguardo de las personas. Todavía falta ese punto que es el de reconocer al medioambiente como sujeto de derecho”.
El abogado Diego Lillo, quien es coordinador de litigios de la ONG FIMA, se refirió al estado de la litigación ambiental actual en nuestro país y cómo es el acceso a la justicia ambiental. “Creo sinceramente que se ha producido una mejora sustantiva en los procesos y también en el entender la importancia de la participación ciudadana, si bien en ambas cosas encuentro que falta mucho camino por recorrer y eso -de todos modos- me preocupa. En términos generales, encuentro que la Ley de Tribunales Ambientales es una ley diseñada un poco de espaldas a la real envergadura de los conflictos ambientales y por esa razón, probablemente, las causas más relevantes de los conflictos ambientales quedan fuera del sistema de acciones de los tribunales ambientales y un poco están en tierra de nadie”, dijo.
El evento, patrocinado por Pacto Global Red Chile y Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se puede volver a ver en: https://www.youtube.com/watch?v=1XtaoyhUNzM.
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