Autoridades y especialistas analizaron implicancias del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo, en jornada organizada por la Facultad de Medicina UV.
Sólo el tres por ciento de las 70 mil a 150 mil mujeres que por múltiples razones se estima abortan clandestinamente en Chile cada año, quedarían amparadas por la iniciativa legal que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, en caso de que ésta sea finalmente aprobada por el Congreso Nacional.
La gran mayoría de ellas continuará en las sombras, tras la decisión de poner fin al desarrollo del feto, sin la posibilidad de recibir algún tipo de consejería, acompañamiento u oportuna atención médica y, de paso, arriesgando su vida y ser detenidas por la justicia.
Por consiguiente, el aborto en nuestro país es y seguirá siendo un complejo problema sociosanitario, más allá de la eventual aprobación de dicha iniciativa y de los diferentes puntos de vista que puedan existir entre las personas e instituciones que están a favor o en contra de esa opción.
La anterior fue una de las principales conclusiones surgidas de la jornada “La realidad del aborto en Chile: un análisis desde la salud pública”, que organizó la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y en la que participaron el senador Guido Girardi, integrante de la Comisión de Salud del Senado; la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román; la investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud, María Isabel Matamala, y el médico ginecoobstetra Mauricio Besio, integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile.
El encuentro académico congregó a estudiantes, docentes, profesionales de la salud, representantes de organizaciones y público en general, con el propósito de promover la reflexión y el debate en esta materia, en virtud de las amplias repercusiones que ha generado la tramitación del citado proyecto de ley.
Al respecto, el decano de la Facultad de Medicina de la UV, Antonio Orellana, precisó que la idea fue “abrir un espacio de conversación para contribuir al tan necesario diálogo que debe primar siempre en toda sociedad civilizada, al momento de adoptar decisiones de la mayor relevancia, y que en el caso de la probable despenalización del aborto comprende, simultáneamente, complejos aspectos legales, éticos, científicos, religiosos, de derecho, políticos, sociales, de salud pública, de la mujer y la familia, entre otros”.
Mal social
El primero en intervenir en la jornada fue el senador Guido Girardi, quien argumentó que el aborto es un mal social vinculado a múltiples factores, como son controlar la natalidad a través de adecuadas políticas públicas, practicar una sexualidad responsable y no sólo enfocada en la procreación, reconocer los derechos de la mujer a decidir y promover el respeto social, evitando de paso los enfoques ideológicos y religiosos, que a su juicio tienden a “secuestrar” la discusión referida a ciertos temas valóricos.
El parecer del parlamentario fue complementado por el de la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, quien sostuvo que el aborto en Chile es un “hecho de la causa”, que al estar penalizado en todas sus formas deja a muchas mujeres sólo con la opción de lo que calificó como “maniobra clandestina”, lo que representa un riesgo sanitario de proporciones y una inequidad injustificable, ya que la seguridad sanitaria de las mismas dependerá del contexto social y el nivel de ingresos.
Por lo anterior, la representante gremial valoró que el ejecutivo haya enviado este proyecto de ley, porque si bien representa un avance para un pequeño porcentaje de mujeres con embarazo no deseado, “se hace cargo de algo que hoy no existe”.
Compleja realidad
La investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud, María Isabel Matamala, abordó la realidad del aborto en Chile desde la salud colectiva, enfatizando la necesidad de dar un mayor reconocimiento a los derechos de la mujer.
En tal sentido, afirmó que una parte importante de la polémica referida a este tema tiene que ver con el hecho de que el debate se centra en la victimización y no en los derechos humanos.
Además, entregó cifras que revelan que en los países donde el aborto está prohibido sus tasas tienden a ser más altas que aquéllos donde existe la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando la vida de la futura madre corra peligro, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo sea producto de una violación.
Sin embargo, precisó que dada nuestra particular realidad, el proyecto de ley que se tramita en el Congreso sólo permitiría amparar al tres por ciento de las entre 70 y 150 mil mujeres que cada año, se estima, abortan en Chile de manera ilegal.
Continuo sin saltos
Una postura diferente expuso el médico ginecoobstetra e integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile, Mauricio Besio, quien planteó los problemas éticos que surgen frente al aborto si se considera al embrión o feto como una persona.
En tal sentido, el facultativo defendió la tesis de la “gradualidad”, que establece que el ser humano existe como “un continuo sin saltos”, que comienza a desplegar sus potencialidades y características desde el momento mismo de la concepción y no cuando nace o tiene desarrollados sus órganos principales.
Por ello, en opinión del doctor Besio, el embrión o feto debiera ser considerado legalmente como persona desde ese mismo instante, lo que implica reconocerle derechos y oportunidades.
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