Académico se refiere a los efectos del paro portuario.
El doctor Sergio Bidart Loyola, director de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, señala que el paro de los terminales portuarios de San Antonio y Antofagasta es una situación que día a día se vuelva más compleja. “El gobierno ha indicado que esta situación es un conflicto entre privados y trabajadores. La Ley de Modernización de Puertos permite al Estado entregar en concesión la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento y explotación de las instalaciones portuarias por parte de terceros”, explica.
Según Bidart, “el modelo permitió la modernización del sector portuario estatal, liberando al Estado de la inversión y administración, como también beneficiándose en la recaudación financiera por parte de los concesionarios. Estos modelos se han aplicado en varias partes del mundo de forma exitosa, pero el país no puede darse el lujo de detener 20 mil toneladas de cobre, como tampoco mermar la exportación hortofrutícola y afectar a la economía nacional, porque el gran perjudicado es el ciudadano común”.
Normalizar la situación
Como parte de su análisis, el académico cuestiona “cuál es la cifra de pérdida que espera el Gobierno para intervenir. Si las demandas de los trabajadores son legítimas o ilegítimas, en un Estado de Derecho, la autoridad debe intervenir y normalizar esta grave situación”.
El director de Ingeniería Civil Oceánica agrega que “las pérdidas económicas se estiman en 180 millones de dólares por cada día de paro, sólo en los terminales de Antofagasta y San Antonio. Cifra que habría que comparar con el valor de la media hora de colación que demandan los trabajadores”.
“Al parecer no nos enfrentamos a un problema económico, sino a un conflicto de otro tipo de intereses; al igual que el paro de 2013, la solución se prologó más allá de lo razonable y los costos los pagó el conocido señor Moya”, añade.
Pérdida de clientes extranjeros
Para el académico “los mayores perjudicados son los exportadores de frutas, que han tenido pérdidas cercanas a los 65 millones de dólares, que además este año fueron afectados por las heladas. En este caso también aqueja a muchos campesinos cuya fuente laboral son huertos y packings, siendo el sector agrícola muy sensible a los cambios macroeconómicos”.
“Como son productos que no pueden almacenarse por mucho tiempo, esta situación produce pérdida de clientes extranjeros que compran la fruta, en especial los países del oriente, que en esta época aumentan la demanda”, señala.
Finalmente, Bidart indica que “la situación cada día se ve más compleja, y si todos los años nos vamos a enfrentar a estos conflictos que desgastan la economía nacional y la imagen país, debemos replantearnos la eficiencia de la Ley de Puertos y buscar una solución que beneficie al país”.
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