Reflexiones y propuestas en IX Jornadas de Derecho Administrativo, que se desarrollaron en Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Un pleno éxito lograron las IX Jornadas de Derecho Administrativo realizadas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, que este año congregaron a unas 200 personas y cuyas alternativas se transmitieron vía streaming a varios países de Latinoamérica.
El acto de inauguración del evento estuvo encabezado por el rector de la UV, Aldo Valle, y el presidente de la Junta Directiva, Gerardo Donoso y contó además com la asistencia del decano de Derecho y Ciencias Sociales, Alberto Balbontín; el director de la Escuela de Derecho, Ricardo Saavedra, y el presidente de la Asociación de Derecho Administrativo y coordinador de las IX Jornadas, Juan Carlos Ferrada, entre otros invitados especiales.
En la ocasión, el decano Balbontín destacó que el desarrollo de esta actividad permitirá poner a disposición de la comunidad “el resultado del trabajo de un considerable número de especialistas que se han reunido para compartir el producto de horas de trabajo personal, que servirá de insumo para concordar o contrastar ideas, razones y conclusiones, que sin dudas vendrán a enriquecer un campo de las ciencias jurídicas que se presenta como uno de los más prolíficos de los últimos decenios en nuestro país”.
Asimismo, el decano planteó que “la solución a los muy complejos problemas jurídicos, es más fácil encontrarla en la propia humanidad de los actores que en los intrincados caminos de la argumentación y de la alquimia jurídica. Nuestros semejantes no letrados no buscan la sofisticación, sino soluciones simples, claras y oportunas”, y enfatizó que el mundo académico no debe perder de vista esta mirada.
Durante la ceremonia se firmó el acta notarial de constitución de la Asociación de Derecho Administrativo, organización creada por un grupo de profesores de esta especialidad de diversas universidades chilenas, nacida al amparo de las Jornadas de Derecho Administrativo celebradas anualmente.
ADAD quedó constituida formalmente con Juan Carlos Ferrada como presidente interino y Raúl Letelier y Santiago Montt, secretario y tesorero, respectivamente.
Actuó como ministro de fe de este acto, el notario público Marcos Díaz.
Derecho administrativo y poder
En su intervención, el profesor Juan Carlos Ferrada comentó que el Derecho Administrativo ha dejado de ser aquel Derecho de los servicios públicos o de la administración interna esencialmente, como parece haberse entendido en el siglo XIX y buena parte del siglo XX en nuestro medio.
Aseveró que “los tiempos han cambiado” y que eso se ha traducido en que “hace más o menos unas tres décadas que el Derecho Administrativo se ha ido constituyendo en nuestro medio como una disciplina jurídica que no sólo mira a la administración del Estado, sino también a las relaciones jurídicas de ésta con los particulares y los derechos de estos últimos en contraposición o colaboración con el sector público”.
Acotó que así, “el Derecho Administrativo deja de mirar sólo hacia el interior de la administración, para irse transformando progresivamente en un Derecho que mira al particular en su relación con el particular, exagerando en ocasiones esa perspectiva, para constituirse en ciertos momentos históricos en un Derecho contra la administración”.
A juicio del profesor Ferrada, en este contexto faltan dos hitos para consolidar plenamente el Derecho Administrativo en nuestro país. En primer lugar, dijo, se requiere “la creación de una verdadera justicia administrativa, dentro o fuera del poder judicial, especializada o general, que actualice y ponga en marcha de forma mucho más intensa el Derecho Administrativo en nuestro medio”.
Y en segundo lugar, estimó que “la ampliación más decisiva del uso del Derecho Administrativo, como mecanismo de defensa contra el poder, no sólo por las empresas o los particulares con recursos, sino por todos los ciudadanos”.
Puntualizó que “el Derecho Administrativo es uno de los instrumentos más idóneos para controlar el poder, hacer efectivos los derechos y tutelar los intereses públicos, pero ello debe estar al alcance de todos los ciudadanos y no ser un bien exclusivo de los poderosos contra la administración”.
Juan Carlos Ferrada dijo que “sólo en la medida que logremos transmitir que el Derecho Administrativo es un derecho que protege a los débiles contra el poder, tutelando sus derechos e intereses, incluso en contra de las empresas privadas que se amparan en regulaciones y decisiones públicas contrarias al interés general, podremos dar un salto cualitativo en esta disciplina jurídica, todavía algo críptica para muchos ciudadanos”.
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