Universidad de Valparaíso destaca en transparencia
Según informe del Consejo para la Transparencia, nuestra casa de estudios presenta un 97,81 por ciento en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
Un 97,81 por ciento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa presentó la Universidad de Valparaíso, según confirma el último informe del Consejo para la Transparencia. Con este índice, la UV se ubica en el segundo lugar nacional entre las 16 casas de estudios estatales, siendo aventajada sólo por la Universidad de Tarapacá.
Según indicó Osvaldo Corrales, secretario general de la Universidad de Valparaíso, este índice representa un gran logro para la institución. “Es una señal también para el sistema universitario acerca de la importancia de que este tipo de instituciones, donde se manejan recursos públicos, estén disponibles para que la comunidad pueda acceder a saber cómo esos recursos se invierten y qué destino tienen. Es una señal muy importante que damos, sólo a milésimas de la Universidad de Tarapacá, y damos cumplimiento íntegro a la mayoría de los ítemes y los estándares exigidos por el Consejo para la Transparencia respecto de cómo nuestras instituciones deben dar cumplimiento a la Ley de Transparencia”.
Añadió Corrales que “evidentemente, nuestra meta es cumplir la ley de modo íntegro, de modo perfecto. Hay algunos pasos en los que todavía tenemos que avanzar, sobre todo porque no sólo se trata de poner a disposición de la comunidad información, sino que también se trata de ponerla a disposición en unos ciertos formatos y de acuerdo a ciertas formas de organización. Entonces lo que a nosotros nos ha faltado para llegar al cien por ciento, y al resto de las universidades, es sistematizar la información y organizarla de acuerdo a los estándares que exige el Consejo para la Transparencia”.
Pionera en transparencia
Asimismo, el secretario general destacó que “la Universidad de Valparaíso fue pionera en la publicación en su página web de información muy relevante, tal como las remuneraciones, sus principales operaciones financieras. Lo que ocurre es que efectivamente el Consejo para la Transparencia generó una cantidad de estándares y aplicó en su primera evaluación una metodología que no consideraba suficientemente la especificidad de la Universidad. Sin embargo, la Universidad hizo un esfuerzo, generó una Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias —que es la encargada de administrar todo lo relativo a la Ley de Transparencia y del acceso a la información pública—, y se adecuó, en un plazo muy breve, a los estándares generados por el Consejo para la Transparencia, de modo que logramos alcanzar este crecimiento tan expresivo que tuvimos entre la primera evaluación y la segunda”.
Destacó Corrales que con estos resultados “queremos dar una señal a la ciudadanía, pero también al resto del sistema, respecto de la necesidad de que no sólo las universidades del estado funcionen con estos estándares, sino todas las universidades que reciban recursos públicos, esto es, todas las universidades del sistema universitario, públicas y privadas”.
Segundo informe
El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia realizó el segundo informe sobre cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa a las 16 universidades estatales con fecha 1 y 2 de febrero de 2012. Este proceso de evaluación se llevó a cabo como seguimiento a la primera fiscalización, efectuada en octubre de 2011 y en la cual se registró un nivel muy bajo de cumplimiento, con un promedio del 20,60 por ciento.
En esa ocasión el Consejo notificó a todas las universidades fiscalizadas sus resultados y les otorgó un plazo de 45 días hábiles para actualizar sus sitios electrónicos con la información de Transparencia Activa que exige la Ley de Acceso a la Información Pública. Luego de ellos, los resultados obtenidos en la segunda fiscalización demostraron un avance significativo, que en opinión del presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, “es muy importante de destacar”.
Las universidades estatales serán fiscalizadas nuevamente el 15 de marzo.