Doctora en Sociología María Angélica Cruz participó en Agenda 2030, programa de la Biblioteca del Congreso Nacional.
¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Ese fue el camino propuesto por las Naciones Unidas (ONU) en 2015 a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
La agenda cuenta con diecisiete objetivos, llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 179 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental.
Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Con esta pregunta se inició la entrevista a la doctora en Sociología María Angélica Cruz, secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso (UV), en !Agenda 2030: un análisis académico y legislativo del ODS 5 Igualdad de Género”, programa conducido por Sofía Calvo y producido por el Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, que fue transmitido vía online por su canal de Youtube y está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=xl9InLYuKT8&ab_channel=BCNChile.
La doctora María Angélica Cruz reflexionó sobre los logros y desafíos en igualdad de género en nuestro país. En particular, analizó cómo se está abordando la violencia contra las mujeres, cuánto se ha avanzado en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, en la corresponsabilidad parental, en el liderazgo femenino en empresas y organizaciones públicas y privadas, y en los derechos reproductivos de las mujeres, entre los temas principales.
Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el 2019 fueron asesinadas, por sus parejas y exparejas, 45 mujeres y se registraron 107 femicidios frustrados. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional determinó, en un estudio publicado en el mismo año, que las mujeres en Chile destinan en promedio 5,3 horas al día al trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres solo 2,4 horas diarias. En cuanto la participación política de las mujeres, post Ley de Cuotas, los escaños ocupados por mujeres alcanzaron el 22,6 por ciento en la Cámara de Diputados y Diputadas y el 26,1 por ciento en el caso del Senado. En cuanto los derechos reproductivos, y tras la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, el Ministerio de Salud reportó que, desde enero a septiembre de 2019, 512 mujeres hicieron uso de este derecho.
Bajo este escenario y cuando resta solo una década de plazo (2030) para que Chile logre alcanzar las metas comprometidas sobre la igualdad entre los géneros, la visión de María Angélica Cruz, quien además fue la primera coordinadora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la UV, no es muy alentadora.
“Al comparar la realidad con la de hace treinta años, hemos avanzado en muchos temas, pero si uno mira todos los indicadores que están contemplados en el cumplimiento de estas metas, sobre todo para el horizonte normativo de la sociedad que queremos construir, yo creo que estamos bastante mal”, advirtió la socióloga.
La académica aclaró que solo el indicador de acceso a las tecnologías de la información es “bueno”, pero al mismo tiempo “pobre”, dado que se explica por una alta cantidad de mujeres que tienen celular en Chile.
Respecto a la erradicación de la violencia hacia la mujer, la doctora Cruz opinó: “El problema es que siempre en estos temas llegamos tarde”.
Es decir, explicó la profesora, los indicadores para medir los femicidios en Chile tienen que ver con la normativa vigente, que sanciona y condena estos asesinatos contra la mujer. Pero para Cruz no es suficiente: “En esto no basta lo punitivo, es indudable que cuando hay un asesinato de una mujer, una niña o una transexual tiene que haber un juicio y esa persona tiene que ser juzgada, pero nadie te devuelve esa vida. Por tanto, el femicidio es solo la punta del iceberg. No obstante, existe toda una trama que empieza mucho antes y se va acumulando en el tiempo. La violencia de género es una violencia estructural en nuestra sociedad, en que se anudan de manera simbólica violencias en términos económicos, políticos y en lo cotidiano. Por supuesto que es algo que nos preocupa a todas y hay mucho por hacer. Tenemos esta deuda, no obstante los femicidios no son la única manifestación de violencia de género, sólo es su consecuencia mayor e irreversible”.
Al referirse a la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, la socióloga señaló que una de las trampas de la equidad es que se ha avanzado en el paradigma de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, tratando de igualarlas a la de los varones, con muchas brechas todavía. “El problema es que no queremos igualarnos, lo que queremos es transformar las condiciones laborales y lo que se entiende por trabajo. Aquí no hay que emparejar la cancha, sino cambiar la cancha. El trabajo está definido, en una sociedad como ésta, de manera precaria. Más aun, el trabajo doméstico no remunerado tiene mala fama y no se nos enseña que tenemos que compartir los deberes de la casa. En los colegios tampoco se incentiva que los hombres compartan las tareas domésticas o de crianza, por ejemplo. Ahora se ha visibilizado esa sobrecarga para la mujer con el telestudio, producto de la pandemia. Tenemos que cambiar los márgenes de libertad de cómo queremos vivir las distintas tareas de la vida, pero la vida se soporta colectivamente, es una responsabilidad colectiva y social, nunca un desafío individual”.
Otra de las metas que están contempladas en el ODS 5 se refiere al derecho universal a la salud sexual y los derechos reproductivos. La académica afirmó que este punto lo considera como la mayor deuda del Estado chileno. “Si bien hemos logrado legislar sobre las tres causales para la interrupción del embarazo, que al menos para la mayoría de los feminismos es una condición mínima, pero no suficiente, eso no es lo único, nosotras no tenemos una educación sexual de verdad en el sistema educativo. Tampoco hay obligatoriedad de que se imparta en las escuelas privadas. No se tienen los recursos ni las personas idóneas para hacerlo y sólo se reduce a ámbitos biológicos. No se educa efectivamente en derechos. Todo lo que se ha avanzado ha sido a punta del movimiento social y no por voluntad del Estado, ni de la clase política o de la elite política que la haya empujado, salvo contadas excepciones. Yo creo que en esto la ciudadanía y los movimientos sociales han ido mucho más rápido”, puntualizó.
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