Sostuvo Stephan Jarpa Cuadra, académico de la Facultad de Farmacia y ex director del ISP.
La iniciativa de las farmacias populares ha generado gran expectación y debate en las últimas semanas, en especial por las diferencias de precio que tienen con las cadenas tradicionales que venden medicamentos. Sin embargo, otra arista que reabre la discusión se circunscribe al ámbito legal. En la siguiente entrevista el académico de la Facultad de Farmacia de la UV Stephan Jarpa, aborda este aspecto poco analizado.
¿Cuáles son las principales trabas legales para que la iniciativa de las farmacias populares se pueda llevar a cabo y por qué en estos momentos no sería viable de acuerdo a la normativa vigente?
“La propuesta municipal carece de respuesta a fundamentos legales y técnicos. Las municipalidades tienen a su cargo los consultorios, que son los únicos lugares donde se debe dispensar medicamentos y atención medica en forma gratuita. La integración de una ‘farmacia independiente’ está fuera de las atribuciones de una municipalidad. La farmacia popular no puede comprar por ley nada a la CENABAST, por no pertenecer a la red de salud, que es la única a la que el Estado puede y debe abastecer. La farmacia popular no puede comprar directamente a los laboratorios, pues es un acto que está regulado y normado por ley e indica que sólo las droguerías podrán comprar a los laboratorios farmacéuticos, calidad con que la farmacia popular no cuenta. El ISP debe autorizar el funcionamiento y es el SII quien debe autorizar la venta; tengo entendido que la autorización del ISP está, pero no hay autorización de venta. Para abundar en temas que no están bien concebidos, el ISP acaba de sumariar a la farmacia popular de Recoleta por irregularidades e incumplimientos a la normativa, después de unas semanas de haberla autorizado.
“Creemos que la iniciativa de mejorar el acceso a medicamentos no puede hacerse con políticas ‘parches’ ni inventos que distorsionen la disponibilidad. Estamos frente a un intento de suministro que va en contra de todas las disposiciones legales que por décadas el Estado ha tratado de ordenar y la viabilidad de la farmacia popular debe reevaluarse y pensar en un refortalecimiento de la farmacia hospitalaria y de los consultorios o centros de atención comunitaria, con la incorporación de actores que cumplan con las exigencias de calidad y precio”.
¿Entonces no cree usted que la regulación de precios y el papel de las farmacias al interior del sistema de salud, con el objeto de garantizar fármacos a quienes lo necesitan, se logre con la iniciativa de farmacias populares? ¿Por qué?
“No, no creo que sean cosas que vayan de la mano, pues lo visto en las últimas semanas no lo sustenta. La regulación de precios de medicamentos debe tomarse con la mayor seriedad y trabajo profesional, pues no estamos hablando de commodities, ni menos de bienes de consumo comunes y corrientes. Los medicamentos deben vigilarse estrictamente en su calidad y disponibilidad. Nosotros apoyamos, más que una regulación, una vigilancia de precio, poner acento en las distorsiones excesivas y lograr que tanto el público como el privado tengan acceso a medicamentos de calidad y a un precio justo, pero sobre todo que el mundo público pueda con el presupuesto asignado acceder a medicamentos genéricos comprobadamente de calidad similar a sus productores originales, por ejemplo, comprobación de bioequivalencia, normas GMP y cumplimiento de normas ISO a toda la industria internacional y nacional”.
Dada su experiencia como director del ISP, ¿qué recomendaría hacer para que los pacientes tengan un mayor acceso a los medicamentos
“Con mi experiencia en el ISP recomendaría: hacer cumplir la Ley de Fármacos, las normativas vigentes, decretos y mucha fiscalización a lo privado pero también a lo público. Debe ser el ISP la entidad que regule el acceso y la siempre oportuna disponibilidad de medicamentos de calidad y con un precio justo. Debería existir más transparencia en la oferta y demanda de medicamentos. Los laboratorios, por un lado, tienen que ser más claros en sus estructuras y evitar sobreprecios; las farmacias privadas deben poder acceder a precios reales de mercado y aplicar márgenes justos y sustentables, porque su responsabilidad social hoy esta en tela de juicio.
“Y para los pacientes en forma muy simple y responsable: exija siempre hablar con un químico farmacéutico, que son los únicos profesionales capacitados para orientales en la toma de medicamentos y buscar las mejores alternativas en precio y calidad. Exijan a sus médicos que les receten genéricos, sólo así podrán acceder a tratamientos más económicos y seguros.
“Las farmacias privadas son centros de salud donde se paga por un medicamento, entonces exijan siempre las mayores alternativas que es sabido que las tienen, y no acepten un no como respuesta frente a su derecho a una atención de calidad y oportuna. Cotizar es parte de lo que se puede hacer en el mundo privado… es su derecho”.
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