En visita fugaz por Chile, el reconocido penalista y académico, que representa a la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que las víctimas del asesinato del senador Jaime Guzmán tienen derecho a legítima explicación.
El decano de la Facultad de Derecho de la American University (Washington DC) y presidente del Comité de la ONU contra la Tortura, Claudio Grossman, es también el encargado de preparar el libelo que presentará próximamente la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del asesinato del senador Jaime Guzmán, en especial por el rechazo de Argentina de extraditar al exfrentista Galvarino Apablaza, principal inculpado por este crimen.
El reconocido jurista y académico dictó recientemente la conferencia “Los sistemas regionales y universales de Derechos Humanos” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. La actividad se realizó en la sala de Consejo “Italo Paolinelli Monti” y estuvo encabezada por el decano, Alberto Balbontín. Expusieron también los profesores Alejandra Zúñiga y José Luis Guzmán.
Antes de dictar su conferencia, Claudio Grossman comentó algunos aspectos del caso Jaime Guzmán y su próxima presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual también fue presidente.
—La defensa del caso Jaime Guzmán, ¿mantiene la figura de denegación de la justicia por parte de Argentina al rechazar la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza?
C.G.: “Hay una obligación de los estados de cooperar con el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. En el caso de la República Argentina, la negativa de dar la extradición del señor Apablaza constituye una violación de ese derecho del que tienen legítimas expectativas los familiares, sobrinos y hermanas del senador Guzmán, esa es una cosa que es muy importante destacar. Argentina ha rechazado la impunidad desde el punto de vista internacional. Ha desarrollado acciones para buscar la extradición de gente culpable de varios crímenes internacionales; entonces, frente a una política interna de combatir la impunidad y buscar el acceso a la justicia, esto es algo que sorprende. La idea es hacer esta presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr la extradición de Galvarino Apablaza para que él sea juzgado en Chile y lograr que no haya impunidad en este caso”.
—¿Cree que la calidad de refugiado que Argentina le ha otorgado a Apablaza responde más bien a una influencia de la Presidenta Cristina Fernández, con más tinte político que jurídico?
C.G.: “No sé esas cosas y la verdad no me interesan mucho. Siempre hay especulaciones por qué se hace o no; pero lo importante y el tema central es utilizar los mecanismos jurídicos, cualquiera sea la motivación de quienes han adoptado decisiones equivocadas, y lograr que se dé acceso a la justicia y se logre investigación y castigo a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. Yo fui presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nunca me ha importado ni la ideología ni de la víctima ni de los victimarios; acá se produjo un crimen internacional, un asesinato, en que no fue sólo una cosa individual. Todos los crímenes de una persona hay que rechazarlos, pero acá además hubo un intento de desarticular el proceso de democratización y de transición a la democracia que existía en Chile. Cuando uno asesina a un senador que era la figura más importante de la derecha y rapta al hijo del dueño de un medio de comunicación influyente (El Mercurio), lo que se quería era que en un momento delicado, cuando se había creado la comisión de verdad y se estaban haciendo investigaciones a violaciones de derechos humanos cometidos en la dictadura militar, provocar al país con el objeto de terminar con el proceso de transición; entonces, además de un asesinato deleznable, lo que ocurre es un ataque generalizado en contra de la autodeterminación del pueblo chileno; entonces esto hay que investigarlo y ver cuáles son las responsabilidades”.
—¿Por qué cree que este caso se ha prolongado por más de 20 años?
C.G.: “Esto desafortunadamente ha tomado mucho tiempo; Apablaza surgió hace unos seis años en Argentina, los procedimientos allá han durado mucho tiempo. La Corte Suprema argentina, en una decisión muy importante, acordó que se diera lugar a la extradición, pero siempre y cuando el ejecutivo estableciera que no había violación a la prohibición de ‘non refoulement’, que consiste en que no hay que devolver a alguien a un lugar donde corra riesgo cierto de ser torturado, y resulta que la misma República Argentina señaló que ese no era el caso. Quizás los procedimientos ante la Comisión Interamericana permitan que Argentina reconsidere la extradición y eso sería muy valioso”.
—¿Cuándo se concretará la presentación ante la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos? Se dijo que la segunda quincena de enero, coincidente con la visita de la Presidenta Cristina Fernández a Chile.
C.G.: “Enero, febrero, no pensamos en momentos, en los próximos meses”.
—¿Todavía hay ajustes de última hora que hacer al escrito?
C.G.: “Esperamos que no haya modificaciones de última hora en el escrito”.
—¿Tiene confianza en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
C.G.: “Uno siempre tiene que hacer lo que considera que es justo y operar de acuerdo a sus principios”.
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