Curso sobre Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se impartió a funcionarios de las secciones juveniles del Complejo Penitenciario de Valparaíso.
En una solemne ceremonia, en la que participaron diversas autoridades académicas y regionales, se dio término al curso de capacitación que impartió la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso a personal de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, que se prolongó por dos meses y cuyo tema central fue la Ley Nº 20.084 de responsabilidad Penal Juvenil.
La actividad, que contempló la entrega de certificados y una clase magistral sobre la materia, se realizó en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UV y asistieron el decano, Alberto Balbontín; el comandante de Gendarmería de Chile, Sergio Alarcón; la seremi de Justicia, María Isabel Ancarola; la secretaria de la Facultad, Marta Bustos; el director de la Escuela de Trabajo Social UV, profesor Patricio García; académicos, alumnos y una delegación de Gendarmería de Chile.
Durante la ceremonia, el representante de Unicef en la Quinta Región, abogado Ignacio de Ferari, dictó la clase magistral “Desafíos del sistema de responsabilidad penal adolescente en la ley Nº 20.084 en la Región de Valparaíso”, al mismo tiempo que el director de la Escuela de Trabajo Social destacó la mutua colaboración entre esta unidad académica y la institución uniformada.
El profesor Patricio García manifestó que esta tarea de capacitación “constituye para nosotros un enorme desafío, tanto académico como en cuanto a las relaciones interinstitucionales que nos ligan a través de un convenio de mutua colaboración que desde hace años constituye un puente vigoroso por el que transitamos académicos, estudiantes y funcionarios de Gendarmería”.
Resaltó que esta es una “merecida entrega de certificaciones a un grupo destacado de funcionarios dedicados a una de las más difíciles tareas que persona humana alguna quiera realizar. Es para nosotros los directivos de la Escuela también un triunfo que ojalá compartamos todos”.
El profesor García comentó que para los trabajadores sociales, “el campo sociojurídico nos abre la puerta a una de las más importantes dimensiones de la profesión, la cual es colaborar con la justicia, atender a víctimas y victimarios y contribuir a la rehabilitación de estos últimos, que es el anhelo superior de toda política que mira al hombre como un ser que tiende al bien, aun cuando su humanidad lo acerca a la falta y al delito”.
Clase magistral
Por su parte, el abogado Ignacio de Ferari explicó en su intervención que la entrada en vigencia de la ley 20.084 “constituyó la voluntad del Estado chileno de adecuar el orden jurídico interno a las normas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por nuestro país en agosto de 1990. En particular, la reforma legal se propuso ajustar la respuesta sancionatoria a los estándares de los artículos 37 y 40 de la Convención. Desde el año 1994 que el Comité de los Derechos del Niño le recomendaba a Chile adecuar su legislación de menores al tratado, reiterando esta observación en los años 2002 y 2007”.
El experto detalló que para abordar los problemas derivados de la implementación de esta ley en las regiones, “la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Unicef diseñaron y promovieron en la Región de Valparaíso la implementación del proyecto denominado ‘Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal de Adolescentes de la Región de Valparaíso’, cuyo propósito consistió en fortalecer el funcionamiento de los actores de los sistemas judicial y de ejecución de sanciones, con miras a lograr un desempeño más coordinado y eficiente entre los distintos operadores”.
Especificó que se trató de un proyecto piloto de trabajo mancomunado e intersectorial que permitiera relevar experiencias de coordinación para ser replicadas en Chile. “En concreto, el propósito era aportar al desarrollo de perspectivas regionales que faciliten dar soluciones y generar buenas prácticas locales a los problemas derivados de la aplicación de la ley”.
El abogado De Ferari dijo que durante 2010 y 2011 “se han producido avances importantes, dándose inicio a su vez a procesos de cambios significativos en el trato debido a los adolescentes imputados de infringir la ley penal. En especial, la especialización de los actores judiciales y garantizar el acceso a la salud y educación de los adolescentes privados de libertad”.
A su juicio, los desafíos pendientes para la Quinta Región en esta materia son cinco: “Primero, visibilizar al niño como un sujeto de derechos, foco preferente del diseño e implementación de las políticas públicas regionales. Segundo, coordinación entre las distintas agencias del Estado y los servicios sociales de cara a garantizar el acceso de los niños a las prestaciones estatales. Tercero, fortalecer el vínculo de las universidades con la realidad de los adolescentes sometidos al sistema penal, y de manera general con la realidad de los niños y niñas; la Región de Valparaíso está llamada a ser un centro de investigación y reflexión académicas potentes en materias de infancia y protección de derechos, tanto a nivel nacional como americano. Cuarto, desarrollar instrumentos, metodologías, pautas, etcétera, de supervisión y evaluación del sistema de justicia juvenil regional. Y Quinto, ‘last, but not least’, significa mejorar urgentemente las condiciones de la privación de libertad de los adolescentes, tanto las condiciones materiales como las que dicen relación con el acceso a los servicios sociales; los derechos del niño consagrados en la Convención lo exigen”.
Relacionados
