Aldo Valle y su paso por el gobierno: reflexiones, aprendizajes y desafíos tras su experiencia como ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Académico de la Escuela de Derecho UV lideró la cartera durante los últimos ocho meses del gobierno del Expresidente Gabriel Boric.
En el tramo final del gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric, el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, asumió como ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, integrándose a una cartera clave para el desarrollo del país.
Durante ocho meses, el destacado profesor, exdecano de la Facultad de Derecho y exrector de la Universidad de Valparaíso, lideró la cartera que tiene por objeto articular y orientar estratégicamente, desde la estructura pública, la generación de conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todo el sistema de generación y transmisión de conocimientos.
En una experiencia que define como desafiante e importante, en atención a la proximidad institucional de las funciones que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con las universidades y con la educación superior, el profesor Aldo Valle compartió sus principales reflexiones, aprendizajes y proyecciones tras su paso por el gobierno.
Junto con ello, compartió su visión sobre el rol de las universidades públicas en el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, así como los desafíos en la materia de cara a los próximos años.
Experiencia como ministro CTCI
—Durante los casi ocho meses que estuvo en el cargo, ¿cuáles fueron las prioridades de su gestión?
“Tales prioridades estaban ya determinadas por lo avanzado de la gestión que había realizado la ministra Aisen Etcheverry y las necesidades de política pública para el sector. Una de esas prioridades fue el Fondo de Investigación para las universidades, más conocido como FIU, que se hallaba en tramitación, y hubo que gestionar que el primer concurso concluyera con la correspondiente adjudicación de los recursos para once universidades.
”Otra prioridad en términos de dedicación y relevancia fueron los proyectos de ley sobre Marco Regulatorio para la Inteligencia Artificial, y sobre Transferencia tecnológica. Un tercero, que sí logró llegar hasta el final, era el acuerdo de ingreso de Chile como estado miembro asociado del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN)”.
—¿Hubo algún proyecto o iniciativa impulsada durante su gestión que considere especialmente significativo?
“El proyecto de Ley sobre Transferencia Tecnológica, aunque ya estaba en tramitación cuando llegué, y que quedó ya al final del proceso legislativo, para un tercer trámite en la Cámara de origen, pero sin cuestiones sustantivas que debatir. Me parece que puede tener un gran impacto en la mayor contribución que pueden hacer las instituciones de educación superior al sistema de ciencia y tecnología”.
—Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la política científica en Chile?
“Primero, que su sistema de ciencia y tecnología juegue un rol más decisivo en el desarrollo social, institucional y económico del país. Esto supone que el sistema político y económico reconozcan la importancia crucial que tienen las políticas públicas en este ámbito.
”Por otro lado, que el sector privado y las grandes empresas se hagan progresivamente parte de la producción de conocimiento e innovación en tecnologías. Si el mayor aporte sostenido debe seguir haciéndolo el Estado, será muy difícil alcanzar los estándares de productividad científica, así como la pertinencia de las respuestas que necesitamos.
”Finalmente, que el país en su conjunto destine más recursos para aprovechar la estupenda masa crítica que Chile, sus universidades y las políticas públicas han logrado ya generar, pero que vive una crisis de crecimiento y desarrollo por falta de oportunidades”.
—¿Qué rol debieran tener las universidades públicas en el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación?
“Las universidades públicas deben ser protagonistas en procurar ser la contribución decisiva a los fines de política pública en ciencia y tecnología para el país. Para ello será muy importante que la actual administración dé continuidad al FIU, que viene a ser un instrumento de política creado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que debería convertir a las universidades estatales en cuanto tales, consideradas institucionalmente, en actores del sistema de ciencia y tecnología”.
—En base a su extensa trayectoria en la educación superior, incluyendo su periodo como rector de la Universidad de Valparaíso y la presidencia del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, ¿Qué desafíos enfrentan hoy las universidades estatales?
“Enfrentan el desafío de sostener el carácter mixto del sistema de educación superior del país, y que no termine siendo hegemonizado por las reglas y sesgos del mercado, lo que espero que sigan haciendo junto a otras universidades privadas tradicionales que aún atienden a fines públicos, no obstante su carácter privado. Pero cada vez la oferta privada mercantil tiene más presencia en el sistema de educación superior del país, lo que se hace —paradojalmente— con recursos que provienen del Estado.
—Mirando su trayectoria académica, universitaria y en el servicio público, ¿qué hitos considera más decisivos en su carrera?
“Haber ingresado a esta Escuela de Derecho, en ese tiempo todavía sede de la Universidad de Chile, pero con una personalidad propia a nivel nacional y muy bien ganada; haber tenido profesores que me estimularon a incorporarme a la docencia; y haber sido decano de nuestra Facultad y luego rector de la UV. Todos ellos son hitos que me permitieron dedicarme a oficios y tareas que han sido muy gratificantes en lo personal y, espero, de beneficio para nuestra universidad”.
Retorno a la Escuela de Derecho UV
—Tras su paso por el ministerio, ¿cómo ha sido el retorno a la vida académica en la Escuela de Derecho de la UV?
“Ha sido, tal como otras veces, muy grato volver a mis actividades universitarias, a la docencia, a la lectura constante. Son actividades edificantes que siempre me han animado a estar en esta Escuela, a la que ingresé en 1975. Entre otras razones, porque los profesores que tuve me orientaron y mostraron el valor del oficio que más he cultivado. Aunque hubo un periodo más largo que estuve en la rectoría de la UV, y también en otras actividades públicas, siempre quiero volver a la Escuela y agradezco haber podido hacerlo cada vez”.
—¿De qué manera su experiencia en la gestión pública puede enriquecer la docencia y la investigación en el ámbito jurídico?
“Mi paso por la administración pública —ahora como ministro de Ciencia y antes como jefe de la División Jurídica en la Subsecretaría de Pesca— me ha ayudado a fortalecer la convicción de que el Derecho como forma de organización social y la cultura jurídica profesional que contribuye a su eficacia, son fundamentales para la solidez y estabilidad de las instituciones y, con ello, del sistema social en su conjunto. Transmitir esto en la formación jurídica que entrega nuestra Escuela ciertamente enriquece la docencia y debería tener impacto también en la investigación, especialmente si está dirigida a la relación entre el Derecho y la sociedad”.
—¿Qué lo motiva a mantenerse activo en la vida universitaria y en el debate público?
“La universidad es una institución fascinante: por su misión, por los estándares normativos que en ella existen, y por su importancia para la cultura y el desarrollo del país. Otra motivación es que la universidad pública, como la educación pública en general, es el intento más presente aún de ese gran sueño de la Ilustración, que es lograr que las personas, a través de la educación, del pensamiento y de las ideas, y en ambientes plurales de deliberación pública desde luego, alcancen cada una de ellas su propia, y ojalá más alta, autonomía intelectual”.
—¿Qué mensaje daría a las y los estudiantes de Derecho que se interesen en participar en el diseño de políticas públicas o en la gestión del Estado?
“Que, precisamente, tanto las políticas públicas como el funcionamiento del Estado requieren de las mejores capacidades profesionales que se pueden adquirir en las Escuelas de Derecho. En consecuencia, que tienen una gran oportunidad de servir a su país y contribuir al bien común, y que como estudiantes ya tienen parte de esa responsabilidad social”.
Nota: Camila Cortez / Foto: Denis Isla