María Aránzazu Calzadilla y Amine Vega fueron invitadas a participar del Seminario de Investigación en Derecho Civil.
Con éxito se llevó a cabo el seminario internacional "El apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La adaptación del Código Civil español a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad", en el marco del Seminario de Investigación en Derecho Civil impulsado por el departamento del área, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
En la instancia expusieron María Aránzazu Calzadilla, profesora de Derecho Civil e investigadora responsable del Grupo de Investigación “Derecho, persona y familia” de la Universidad de La Laguna (España), y Amine Vega, doctoranda en Derecho Civil de la misma casa de estudios. La presentación de las expositoras fue realizada por Rommy Álvarez, profesora del Departamento de Derecho Civil de la UV.
Las ponencias versaron sobre una materia de máxima actualidad en España, relativa a la posición jurídica que ostentan las personas con discapacidad psíquica tras la entrada en vigor de la Ley española 8/2021, del 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Tras exponer cuál era la situación en el ordenamiento jurídico español, desde el punto de vista civil, las ponentes profundizaron en las principales novedades introducidas por la norma para dar así cumplimiento a lo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York en el año 2006, ratificada por España, al igual que por Chile.
Según explicó la profesora María Aránzazu Calzadilla, “esta ley, además del Código Civil español, modifica numerosas normas españolas para conseguir que el tratamiento jurídico sea efectivamente desde la garantía de la protección de la dignidad, del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, de los Derechos Humanos. La norma implica un cambio de paradigma, por lo que más que ante una reforma, se está ante un cambio del sistema, pues ya no pueden dictarse sentencias de incapacitación, no puede hablarse de personas incapaces, desapareciendo la institución de la tutela para las personas mayores de edad”.
La académica señaló las ventajas de la norma, indicando ejemplos de gran interés que visibilizaron la trascendencia referida, para concluir que las personas con discapacidad se encuentran ya en un plano de igualdad para con cualquier persona tal y como la Convención y los Derechos Humanos promulgan.
Fotos: Matías Salazar / Texto: Camila Cortez
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