Andrea Sato: "Hogares en Chile viven en un permanente endeudamiento sistémico”
Investigadora de Fundación Sol destacó en el Campus Santiago que el trabajo y los salarios en el país son muy precarios.
Chile sufre un “desajuste estructural” en que el “salario (mínimo y en general) está desalineado no solamente respecto al costo de la vida, sino también de la riqueza que se ha generado en los últimos veinte años”. Por eso, los hogares en nuestro país viven “en un permanente endeudamiento sistémico” debido a que no obtienen los ingresos suficientes para vivir.
Esto fue parte de los planteamientos de la investigadora de Fundación Sol Andrea Sato en la charla “Salarios y endeudamiento: dinámicas económicas de los hogares en Chile", que realizó en el teatro del Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso y que contó con la presencia de estudiantes y académicos de Ingeniería Comercial.
En su exposición, la profesional arguyó que esta realidad obedece a un “capitalismo financiarizado”, el cual se basa principalmente en la “desposesión de los derechos sociales” y en el que “los instrumentos financieros tienen una importancia fundamental”, tanto en el trabajo como en la vida social.
Según Sato, se trata de un nuevo proyecto económico, político y social de capitalismo que deviene de la crisis subprime del año 2008. “En este modelo, el trabajo se vuelve cada vez más complejo con características que no tenía durante los años anteriores. El capitalismo busca extraer y acumular más a partir de no solo la explotación de los trabajos, sino también de la precarización de ellos”. De esta manera, mantiene a los “pobres cada vez más pobres y a los ricos cada vez más ricos”, sostuvo.
Desajuste estructural
En este sistema campean la concentración de la riqueza, la desigualdad y la mercantilización de los derechos sociales. Entre sus signos más visibles destacan un mercado laboral precario, de bajos salarios y mucha informalidad; una sindicalización débil; profesionales devaluados económicamente (aumento de 60% de titulados desde los años 90 versus puestos laborales escasos); el crecimiento de sectores de servicios y comunicaciones (y no productivos); mayor flexibilidad laboral y la consolidación de oligopolios.
En este sistema, además, el Estado actúa como un subsidiador del capital en ámbitos mercantilizados de derechos sociales como la educación (CAE, por ejemplo), salud y pensiones. En tanto, las personas no pueden acceder a ellos sin tener que pagar. Asimismo, se observa una estructura tributaria que beneficia a los grandes grupos económicos y a las rentas altas, y que se explotan y privatizan recursos naturales (como el agua). Finalmente, dijo Sato, se ve claramente una política de contención sindical y del salario mínimo.
Este amplio contexto explica las cifras alarmantes de endeudamiento y sobreendeudamiento de las familias en Chile para seguir viviendo apenas con lo necesario y sin posibilidades de ahorrar. “Todos estos factores, lo que tienen como consecuencia no solo es el aumento y la importancia de los instrumentos financieros a partir de la deuda; sino también que los hogares se mantienen en un permanente endeudamiento sistémico, del cual no pueden salir. Porque, finalmente, todo esto se conjuga para que las familias no puedan generar los ingresos suficientes para reproducir su vida”, afirmó Sato.
El problema, aseguró la investigadora de Fundación Sol, es que esta dinámica no se resuelve con "educación financiera", pues se trata de un "desajuste estructural o sistémico".
El valor del trabajo
Según Sato, el país debe afrontar una discusión amplia de fondo sobre cuál es el valor de la fuerza de trabajo y si este equivale al salario pagado.
La investigadora dejó en claro que el trabajo y los salarios en el país son muy precarios, lo que no se condice con el actual PIB de Chile. Es así como la mediana de salarios no supera los $ 380 mil y el salario mínimo es apenas de $ 276 mil.
“Al comparar los países de Europa y América Latina que tienen un PIB per cápita por paridad de compra (PPP, por su sigla en inglés) similar a Chile, se observa que la mayoría tiene un salario mínimo PPP superior al de nuestro país, es decir, alcanza para pagar por más bienes y servicios”, sostuvo Sato. Por ejemplo, dijo que Croacia prácticamente tiene el mismo PIB per cápita que Chile (en torno a los US$ 24 mil per cápita PPP) y, sin embargo, un salario mínimo 47% más alto”, citó la licenciada en Historia de la USACH.
A la explotación del trabajo que se observa en la porción del salario que no se paga se suman las actividades domésticas no remuneradas –realizadas en su mayoría por las mujeres- que permiten la reproducción de los hogares de quienes se unen a la fuerza laboral asalariada. Es decir, el sistema no solamente “explota al trabajador, sino también a todo el grupo familiar”, subrayó Sato.
La investigadora comentó que en los últimos ocho años se han creado 1.467.000 empleos. Pero el 64,2% de esos nuevos puestos de trabajo creados tienen características precarias y el 40% de esos ocupados no está asociado a ninguna legislación laboral (pública o privada) que le posibilite obtener beneficios de seguridad social.
“Que el trabajo sea precario e informal implica, además, que las personas tampoco pueden generar espacios de organización institucional como son los sindicatos, confederaciones o asociaciones”, acotó Sato.
Sobre la discusión de salario mínimo, dijo que para estar de acuerdo a estándares internacionales y considerando el PIB de nuestro país debería estar a los menos en $ 420 mil.
También descartó que los bajos salarios obedezcan a un problema de productividad, como se ha intentado imponer a nivel de discurso, mostrando gráficos donde se aprecia que mientras la productividad ha crecido de manera importante a lo largo del tiempo, los salarios se han mantenido relativamente estancados. Por ejemplo, entre 1990 y 2016 la productividad creció 50% sobre la expansión de los salarios. “Esto demuestra finalmente que no hay voluntad política ni ética para superar este desajuste”, afirmó la expositora.
Sato enfatizó que al 70% de la población chilena no le alcanzan sus ingresos para reproducir su vida y que la consecuencia principal de aquello es el endeudamiento. Para ilustrar este aspecto, mencionó un estudio (Equifax y USS) que indica que en Chile hay 11 millones de personas endeudadas, de las cuales solamente 8 millones son económicamente activas y 4,4 millones tienen deudas morosas.
Concentración y desigualdad
En cuanto a la desigualdad del país, Sato puso de relieve un artículo del New York Times, elaborado con datos de fuentes oficiales, donde se afirma que en Chile el 1% de las personas más ricas concentra el 33% de los ingresos de todo el país. Además, el 0,01% más rico -aproximadamente 1.800 personas- tiene un ingreso per cápita de más de $ 576 millones mensuales.
Otra evidencia de la concentración económica es la existencia de oligopolios y que los empresarios más ricos del país figuren entre los más poderosos de América Latina y del mundo, mientras que las personas más pobres del país viven en condiciones similares a algunos países de África.
Por otro lado, las pymes hoy no tienen estabilidad en el tiempo y están muy precarizadas. En otras palabras, el modelo “genera la acumulación de unos pocos por sobre la desposesión de muchos”, dijo Sato.
La actividad fue organizada por la Escuela de Ingeniería Comercial y la unidad de Extensión del Campus Santiago.