Encuentro internacional sobre historia reciente en Argentina y Chile.
Los temas pendientes de reparación, justicia y memoria tras las dictaduras, fueron el centro del Encuentro Internacional “Justicia transicional y zonas grises de las memorias en la Argentina y Chile”, evento que corresponde a la primera actividad convocada por la Red de Grupos de Memoria en Universidades Estatales, de la que el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos de la UV forma parte, junto con la Universidad de Chile y la Universidad de La Frontera.
La actividad tuvo lugar en la sala Rubén Darío del Centro de Extensión UV, y fue coorganizada por el referido Centro, más el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCh. Correspondió asimismo a sendos proyectos Fondecyt Regular de Alicia Salomone, María Angélica Cruz, Tamara Vidaurrázaga y Olga Ruiz.
Según explica María Angélica Cruz, académica del Instituto de Sociología de la UV y anfitriona del encuentro, “nos interesa comparar cómo en el caso argentino y chileno había avances y retrocesos, a propósito que los dos siguieron de manera distinta —Argentina tiene un repertorio muy grande en los temas de memoria, pero Chile tiene un repertorio más grande de lo que uno cree en temas de judicialización de los casos—, y cómo ya después de todos los años que llevamos en democracia se ha tratado de procesar el pasado. Y ahora, cuando los dos países están con gobiernos de derecha, está la gran pregunta de si van a seguir o no adelante las políticas de memoria”.
Añade que una de las preguntas de las investigadoras es si la justicia es sólo lo judicial. Para ello, “revisamos otras maneras de pensar la reparación, la justicia, el aprendizaje del pasado. Nos preguntamos por memoria y género, memoria y transmisión, lo que pasó con los niños en dictadura, lo que pasa con las generaciones que crecieron en dictadura, con las generaciones actuales. Algunas figuras grises, como qué fue lo que pasó con la gente que ‘entregó información’ o con algunos ‘delatores’, que traicionaron en condiciones de tortura, hijos de delatores, cómo es su experiencia”.
Según expresa María Angélica Cruz, uno de los propósitos del encuentro es “pensar una noción de justicia que no es sólo judicial, que es ética, de aprendizaje, de cómo hacer que esta sociedad entienda que toda sociedad que tuvo pasados violentos —la Alemania nazi, la guerra civil en España, el franquismo después de la guerra civil en España, lo que pasó en el fascismo italiano y en todas las dictaduras del Cono Sur—, ninguna sociedad queda sin deudas, sin problemas, sin desafíos respecto de cómo procesa el pasado violento”.
En este sentido, prosigue, “más allá de la postura que uno tenga respecto a la dictadura, nadie queda libre; como sociedad todos vivimos un trauma social y político. Y entonces hoy día, cuando uno ve que hay procesos de nueva politización, de emergencia de movimientos sociales, pero también de olas más conservadoras, de nuestra discriminación hacia los inmigrantes, a toda esta figura que hemos tenido de la negritud, cómo procesamos la diferencia, ahí es mirar el pasado no sólo por temas de justicia frente a la impunidad, sino que si en el pasado se violaron Derechos Humanos fue por nuestras dificultades de pensar la diferencia, pensar el conflicto, pensar los Derechos Humanos, pensar la violencia política”.
Entonces, concluye, “son preguntas desde el presente; es decir, miramos el pasado, hacemos memoria, pensamos la justicia, pero en función de demandas que en el presente nos obligan a ver cómo convivimos juntos con situaciones donde hay violencias que nos atraviesan cotidianamente”.
Es el presente
Por su parte, las abogadas e investigadoras Ana Oberlin, de Argentina, y Claudia Cárdenas, de la Universidad de Chile, ambas expositoras en el encuentro, se refirieron a la vigencia del tema de la justicia transicional, ante voces que suelen afirmar que “hay que dejar el pasado atrás”.
Ana Oberlin destaca que “es ineludible trabajar sobre lo que ocurrió en nuestro pasado, y sobre todo en nuestro pasado reciente —porque en el caso de Argentina son cuarenta años, en el caso de Chile incluso son menos—, y lograr el juzgamiento de crímenes tan graves también implica muchas consecuencias actuales para las democracias de nuestros países. Abordar los crímenes del pasado no implica hablar solamente de lo que pasó, sino de lo que sigue pasando y de las consecuencias actuales que tiene ese pasado, que sigue en este presente en un montón de violencias que se siguen perpetuando, como la violencia institucional, como la violencia contra las mujeres, como la violencia contra los niños y las niñas, que durante el terrorismo de Estado tuvieron quizás un auge, una impronta mucho mayor, pero se continúan en un montón de violencias actuales”.
Por eso, añade, “hablar de esas violencias del pasado también implica hablar de un montón de violencias que hoy siguen ocurriendo. Entonces no es hablar de algo que ya pasó: es hablar de algo que sigue pasando”.
Enfatiza un aspecto del tema: “Ni hablar respecto de la búsqueda de los desaparecidos. En el caso de Argentina, respecto de la búsqueda de los nietos y las nietas que todavía no tienen su identidad. Eso tiene una actualidad extraordinaria mucho más allá del momento en que pase, porque esas personas todavía siguen buscando a sus sobrinos, sobrinas; ellos mismos y ellas mismas se están preguntando quiénes son; tienen hijos e hijas ahora las personas que fueron apropiadas y también estas generaciones están buscando su identidad. Entonces me parece que estamos hablando de un presente”.
Por su parte, Claudia Cárdenas apunta que “si bien es cierto los crímenes mismos de los cuales hablamos se cometieron en un período que ya pasó, al día de hoy se siguen cometiendo violaciones de derechos producto de esos crímenes. Nuestro país ha sido condenado ya varias veces por no investigar, por no juzgar, y esas son violaciones de derecho que han sido establecidas hasta hoy. O sea, la última sentencia en nuestra Corte es del año 2015, y seguramente si van más personas a presentar casos también los ganarían”.
En ese sentido, destaca: “Es cierto que en Chile ha habido procesos que tienden a la reparación, como las comisiones Rettig y Valech y las consecuentes leyes que han establecido reparaciones para las víctimas. Pero también la Corte Interamericana ha dicho que eso no es suficiente, que para una reparación íntegra es necesario ver caso a caso qué pasó, quiénes fueron los responsables, y no sólo directamente el responsable que pudo haber ejecutado el hecho, sino toda la cadena de mando, no solamente militar sino también civil. Eso es algo en lo cual estamos al debe al día de hoy y que no es del pasado, como decía Ana: es del presente”.
