Iniciativa es organizada por la Facultad y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Con éxito se llevó a cabo la jornada inaugural del ciclo “Reflexiones para la nueva Constitución”, organizado por la Facultad y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de aportar desde la academia al momento constituyente por el cual atraviesa Chile.
En la actividad, titulada “Género, trabajo y constitución”, expusieron Elena Pérez, jueza del Trabajo de Antofagasta, y Dagmar Salazar, profesora de Derecho Individual del Trabajo de la Escuela de Derecho UV, bajo la moderación de Gonzalo Aguilera, académico de la Escuela de Derecho UV. La jornada fue organizada por el departamento de Derecho del Trabajo de la unidad académica.
La instancia fue encabezada por el decano de la Facultad de Derecho, Alberto Balbontín, y en ella participaron la secretaria de la Facultad de Derecho, Inés Robles; el director de la Escuela de Derecho, Claudio Oliva; la secretaria académica de la Escuela de Derecho, Claudia Cozzani; la presidenta del departamento de Derecho del Trabajo, Daniela Marzi; y la presidenta del departamento de Ciencia General del Derecho, Patricia Reyes, junto a las expositoras y el moderador de la jornada.
En sus palabras de bienvenida, el decano Alberto Balbontín indicó que “esta es una iniciativa con la que hemos querido adherir al trabajo iniciado por la convención constitucional. Nuestra escuela tiene una presencia relevante en dicho grupo, a través de los profesores Agustín Squella, Christian Viera y Jaime Bassa, quien además ha sido erigido como vicepresidente. Mis felicitaciones y nuestros deseos de mayor éxito en este trascendente compromiso asumido con el país y sus habitantes”.
Exposiciones
La jueza del Trabajo de Antofagasta Elena Pérez centró su intervención en identificar, desde los aspectos orgánicos de la institución y desde aquellos jurisdiccionales propiamente tales, los puntos de conexión entre la perspectiva de género, el mundo del trabajo o de la prestación de servicios subordinados y las proyecciones de estos de cara al tratamiento constitucional actual, y la posibilidad de consagración expresa de los distintos criterios enarbolados desde la perspectiva de género “como propicios o necesarios para instar por la igualdad sustantiva y paridad de mujeres y hombres como eje vertebrador de las transformaciones que deben asumir los estados, de manera de erradicar la exclusión estructural hacia las mujeres, en busca de un equilibrio social en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida, tanto públicas como privadas”.
“En lo que al mundo del derecho respecta lo anterior, importa el desafío de superar la falta de participación femenina en todos los procesos de toma de decisiones en general, así como también en aquellos que establecen, crean o estatuyen normas jurídicas, de la mano con políticas públicas que proscriban el actual déficit normativo en dicho sentido y que en la práctica se traduce en la feminización de la pobreza, brechas salariales, distribución sexuada de funciones y violencia de género, entre otros”, añadió.
La profesional hizo referencia a la orgánica del Poder Judicial y su distribución desde el punto de vista del componente de género. Junto con ello, explicó la incidencia de la perspectiva de género en los aspectos orgánicos del Poder Judicial, en particular en materia laboral, y la importancia de su instrucción efectiva en la formación y perfeccionamiento de sus integrantes. Además, detalló las características de la normativa constitucional e internacional vigente y las alternativas que surgen en orden a su concreción y efectiva regulación y tutela, a propósito de los días que corren y del proceso constituyente en marcha.
La profesora de la Escuela de Derecho UV Dagmar Salazar trabajó el tema de la constitución, las políticas públicas y la igualdad de género en el mercado laboral, explicando el problema de la incorporación de la mujer al trabajo, respecto al cual indicó que “surgen varios caminos de solución. Podemos enfrentarlo a través del reforzamiento de los derechos colectivos y de la actividad sindical, o con el reforzamiento del carácter tutelar del derecho individual del trabajo. Pero me quiero centrar en un tercer actor que forma parte de las relaciones laborales: el estado, y es por esto que, dado el actual proceso constituyente, planteo la interrogante. ¿Es factible que el estado asuma un rol más activo en vista a facilitar y promover de manera efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo, mediante la incorporación, en el accionar de sus órganos públicos, de la obligación de alcanzar una igualdad real?”.
“El establecimiento de este tipo de obligación para los órganos públicos no es neutra, ya que se debe considerar la importancia que tienen las políticas públicas. Al respecto, debemos tener presente que las políticas públicas consisten en el resultado de un conjunto de procesos mediante los cuales las demandas sociales se transforman en opciones políticas y en temas de decisión de las autoridades públicas, que está garantizando la democratización del estado y evita la desconexión con la ciudadanía”, explicó.
“Uno de los pasos sería a través del establecimiento de cuotas y acciones positivas de carácter obligatorio. Las cuotas son la reserva de un número o porcentaje de cargos en favor del grupo más desfavorecido, mientras que las acciones positivas de carácter obligatorio son ventajas o preferencias que se establecen en favor del grupo más desfavorecido”, subrayó.
El registro completo de la actividad se puede revisar en https://bit.ly/3yCSJLm
