Enrique Letelier presentó ponencia sobre la administración de justicia en Latinoamérica durante la crisis sanitaria.
Acerca del contexto de la administración de justicia en distintos países latinoamericanos durante la crisis sanitaria causada por el Covid-19, a partir de informes de instituciones públicas y privadas, expuso el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Enrique Letelier en la reciente conferencia internacional "Finance, Law & Technology 2021”, organizada por la Universidad de Salamanca (España). Los profesores responsables de la organización de las jornadas fueron Lorenzo Bujosa Vadell (Universidad de Salamanca, España) y Nadia Mansoir (Universidad de Sousee, Túnez).
En la instancia, el académico de Derecho Procesal de la UV presentó la ponencia "Desafíos de la administración de justicia durante la pandemia: una perspectiva latinoamericana", en la que, “tomando en cuenta que la respuesta generalizada de los gobiernos ha sido decretar estado de emergencia constitucional, quise destacar que los pactos internacionales sobre derechos humanos que se aplican establecen limitaciones para las medidas que se adopten, como excluir de cualquier restricción a algunos derechos humanos considerados esenciales -derecho a la vida, derechos a la integridad, derechos políticos, entre otros- y todos los mecanismos para reclamar judicialmente por la afectación de esos derechos”.
“Como medida comúnmente adoptada por los países del área está la de la suspensión de plazos y suspensión y postergación de audiencias. En este punto, es importante resaltar que estas medidas y sus excepciones obedecen a criterios generalmente razonables, puesto que en general afectan a asuntos de orden patrimonial y no se aplican en cuestiones donde hay involucrados derechos e intereses de personas en situación de vulnerabilidad. Pero también es fácil observar que la aplicación de estas medidas, aunque razonables, pueden ocasionar resultados injustos cuando limitan el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva”, añadió.
Explicó, además, que “el trabajo vital también ha sido adoptado en diversas modalidades, y acá las expresiones de cada país han dependido de diversos factores, como la existencia de políticas públicas, protocolos, recursos y adaptación cultural. Un problema comúnmente observado en el desarrollo de audiencias y juicios virtuales, especialmente a propósito de la rendición de la prueba, es el debate acerca de la inmediación y sus alcances en este contexto no presencial, puesto que han resurgido, especialmente en el foro, opiniones de sesgo ‘intuicionista’ acerca de esta regla técnica de desarrollo de las audiencias”.
“Aún con relación al trabajo virtual, se ha destacado como problema relevante el de la brecha digital, como corolario de las profundas desigualdades sociales en los países de Latinoamérica. En este punto podría observarse un acortamiento de la brecha digital de acceso a las tecnologías, pero se mantienen importantes rangos de brecha de uso y de uso eficiente de las tecnologías. Tratándose de la administración de justicia, es posible describir la existencia de un grupo de personas excluidas tecnológicamente por no contar con los conocimientos y habilidades suficientes para utilizar, con eficiencia, las tecnologías en la satisfacción de sus necesidades de acceso a la justicia”, subrayó.
“Los desafíos están vinculados a esas ideas: toda medida restrictiva de derechos en estados de emergencia tiene como límite y núcleo irreductible de derechos fundamentales y sus garantías de protección judicial; las políticas públicas orientadas hacia la justicia electrónica deben ser consistentes, permanentes, sostenidas y solventadas en el tiempo, pero, además, deben estar dirigidas a reducir la brecha digital en la población; deben entenderse las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en una dimensión adecuada a los contextos virtuales; y las políticas públicas y medidas implementadas deben orientarse al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, acordadas para 2030”, cerró.
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