Cuarta sesión del ciclo organizado por la Clínica Jurídica y de DDHH contó con invitados de diversas instituciones.
Un diálogo respecto a las experiencias vividas en diferentes instituciones regionales ligadas a la salud en el contexto de los hechos ocurridos desde el 19 de octubre de 2019 desarrollaron los profesionales invitados a la cuarta sesión del ciclo “Estallido social y derechos humanos en la Región de Valparaíso”, organizado por la Clínica Jurídica y de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
En la jornada titulada “Vivencias y conflictos en el sistema de salud en el estallido social” y moderada por Cristian Rivera, abogado de la Clínica Jurídica y de DDHH, participaron José Bonilla, integrante del Colegio Médico Región de Valparaíso; María José Jorquera, psicóloga del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Valparaíso; y Rodrigo Cabrera, miembro del Centro de Atención de Víctimas de la Represión (CAVR).
Visualización de la gravedad de las lesiones
José Bonilla explicó que es parte de la comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico de Valparaíso desde septiembre de 2019, y en el Hospital Carlos Van Buren le correspondió asistir a los heridos de las manifestaciones, detallando que “hay estadísticas que me gustaría precisar para caracterizar la profundidad y gravedad de la acción represiva por parte de agentes del estado. Hay un 49% de utilización de balines y perdigones en el periodo de octubre a diciembre. Se lanzaron 152 mil cartuchos, de los cuales cada uno tiene más de una decena de perdigones, y el cálculo que se hace es de 1.815.456 perdigones”.
“En el hospital pude ver todo tipo de lesiones, desde rasmilladuras hasta heridas profundas por perdigones alojados en diferentes partes del cuerpo, algunos de estos enterrados y muy difíciles de sacar”, añadió.
Detalló que “fue importante la aplicación del protocolo de Estambul. Me remití a hacer una encuesta más pequeña y restringida, donde se consultó por datos de contexto en el cual ocurrieron las lesiones, qué agentes del estado estaban comprometidos, registro físico de las lesiones, registros fotográficos bajo consentimiento y si es que los registros visuales y escritos podían ser difundidos a través de los medios de comunicación o ser guardados en los registros del Colegio Médico”.
Violencia como tema de salud pública
María José Jorquera explicó que la violencia es un tema de salud pública. “El informe la ONU sobre salud y violencia en 2012 señaló que 1,6 millones de personas en el mundo mueren por la violencia en un año, generando una serie de personas que quedan con heridas y secuelas en salud. La violencia suscita tensiones dentro de los sistemas de salud, porque no están hechos para contener estas situaciones”.
“Nos convoca lo que se llama violencia colectiva, que surge de las desigualdades estructurales que puede tener una sociedad. Por lo general se representa a través de la violencia institucional o de estado, que obedece a la necesidad de resguardar los intereses de un grupo determinado de poder, y busca el control social ante cualquier atisbo de desequilibrio del poder. Es importante entender esto a la luz de que todo lo que haga el estado va a generar graves consecuencias a la salud no solamente de los individuos que sufren la violencia institucional, en quienes se busca también corregir a través del miedo esta especie de desacato social, porque busca además dañar el cuerpo social y junto con eso las instituciones que regulan la cotidianidad de los ciudadanos”, añadió.
“La única experiencia de política de reparación que se tiene y ha sido permanente en Chile ha sido el programa PRAIS, que surge en el año ‘90 a propósito de las secuelas -físicas, mentales y sociales- de las víctimas de violación a los derechos humanos. Hay que evaluar qué es lo que se viene, ya que la situación de traumatización no termina en el fin de la tortura. La respuesta social va a depender de qué vamos a dar a las personas, si van a ser como con las víctimas de la dictadura o revertiremos la contracultura de la impunidad, disminuyendo los efectos de la mala salud que genera”, cerró.
Detenciones violentas y prácticas ilegales
Rodrigo Cabrera se refirió al trabajo en el Centro de Atención de Víctimas de la Represión, integrado por profesionales de distintas áreas y estudiantes de la UV y otras universidades, montando un dispositivo “en función de lo observado y consideramos que era importante transmitir”.
“Los niveles de violencia nunca habían estado tan claros y con tanta vehemencia. Nosotros hicimos constatación de lesiones y aplicamos el protocolo de Estambul, llevando adelante un trabajo en que nos juntábamos médicos, psicólogos y abogados, con un registro que tenemos encriptado. Atendimos a 141 personas, con 53 protocolos de Estambul, 75 con constatación de lesiones y 13 atenciones menores. Teníamos un estricto protocolo de atención, y captamos que el grueso de las lesiones estaba dado en la parte alta del cuerpo con disparos a corta distancia”, detalló.
“En esos meses las detenciones siempre fueron violentas, hubo una serie de ilegalidades en las prácticas, arbitrariedad en la imputación de los delitos, grabación audiovisual de abusos y torturas, encontramos dos recintos de detenciones ilegales en Valparaíso, abuso sexual a menores, insultos y amenazas, y ocultamiento de la identidad de carabineros en el momento de la detención”, cerró.
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