Docente de Derecho UV fue parte del tercer capítulo del ciclo de conversaciones “La república democrática”.
Un amplio análisis respecto a cómo una eventual nueva constitución va a establecer las relaciones entre política, economía y sociedad, además de una reflexión sobre la necesidad de pensar la nueva institucionalidad en el contexto de cambio constitucional desarrolló el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa en el tercer capítulo del ciclo de conversaciones “La república democrática”. La actividad es organizada por El Mostrador, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
“Todas y todos tenemos opciones políticas y formas de entender la sociedad distintas, así como maneras de interpretar lo que ha sido la historia constitucional chilena, y me parece importante que en este momento constituyente todas esas visiones puedan ponerse sobre la mesa y dialoguen en iguales condiciones, sin que las discusiones estén condicionadas o predeterminadas por nuestras concepciones teóricas, sino que por el diagnóstico del presente. Esta es una cuestión relevante, porque el presente hoy está en crisis, y esa crisis toca también la relación que hay entre la constitución y la economía”, añadió.
Explicó que “cuando nos sentamos a conversar en un momento constituyente respecto de la forma en que la constitución va a establecer las relaciones entre política, economía y sociedad, es fundamental mirar los efectos que ha generado la aplicación de estas instituciones, y cómo se reparten esos efectos en la sociedad. Estas instituciones que, en abstracto, pueden ser motivo de un importante consenso transversal y, en concreto, reparten beneficios y miserias de distinta manera en la sociedad. Los beneficios que significan la sobreprotección de la propiedad privada no se reparten homogéneamente, ni equitativamente ni con justicia, porque detrás de la forma en que el orden público económico actualmente vigente protege la propiedad privada no está solamente el interés constitucional de proteger el vínculo jurídico entre una persona y sus cosas, sino que está el interés político de proteger una determinada estructura de relaciones de poder”.
“Me parece muy evidente que el actual orden político y constitucional no garantiza paz social, y si realmente queremos conseguir paz social y que la nueva constitución contribuya en la construcción de una convivencia social y democrática pacífica, es fundamental que identifiquemos los problemas que ha tenido el actual diseño constitucional en materia de injusticia, inequidad y miseria, y seamos capaces de enfrentarlos y superarlos, no para desequilibrar la balanza en la dicotomía tan rígida entre estado y mercado, sino que para incorporar a la sociedad en las decisiones democráticas, y otro tipo de concepciones, como pueden ser, por ejemplo, la protección de los bienes comunes y la incorporación de la cooperación en la economía”, cerró.
